Los casos del Lote 192 y el de Las Bambas demuestran sin lugar a dudas que necesitamos a gritos una modificación del marco constitucional/legal del régimen de los recursos naturales, tanto de su propiedad como de su explotación.

La Constitución fujimorista de 1993, partida de nacimiento del actual Estado Neoliberal Peruano, establece en su artículo 66 que los “recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación” y hasta allí todo bien, pero luego declara lo que ninguna constitución de América Latina, ni la chilena, admite: que “la concesión otorga a su titular un derecho real…”, es decir propiedad, posesión, usufructo, garantías y un largo etc. regulado en el Libro del Código Civil.

En base a eso, más lo estipulado en el artículo 62 de la misma Constitución, ese que habla de los contratos-ley con la inversión (donde las garantías y las seguridad que da el Estado no pueden ser modificados ni por el Congreso ni por el Poder Ejecutivo sea cual sea la razón), nuestro yacimiento de cobre más importante: Las Bambas, pasó de manos suizas (Glencore-Xtrata que tenían originalmente la concesión) a manos chinas (China Minmetals Corp) por imposición del ministerio de Comercio chino como requisito para aprobar la fusión de esas dos empresas suizas bajo pena de no comprarle mineral. Y esa condición se cumplió en nuestro territorio. ¡Qué tal!

La operación del cobre, “patrimonio de la nación” fue de alrededor de 6 mil millones de dólares, y el Estado peruano solo la vio pasar, pidiendo acaso el impuesto correspondiente por la transacción, aunque hay controversia si efectivamente se pagó, tomando en cuenta el convenio de doble tributación que tiene el Perú con Suiza y todas las mañas de las grandes empresas para hacerse los locos con el impuesto.

Tanto en México como en Argentina botarían a patadas a una empresa extranjera que haga ese tipo de cosas con sus recursos naturales. Y eso que en ambos países hay inversión extranjera en ese sector.

En cambio, en el Perú que nos dejó el fujimorismo y que continuó Toledo, Alan y Humala, el Estado solo se reduce a dar concesiones y disparar contra la protesta social cuando se trata de recursos naturales. En el caso de Las Bambas, cuatro muertos y varios heridos de bala dan cuenta de que la policía es muy eficiente – no en seguridad ciudadana – sino para saltar a favor de la inversión extranjera contra los nacionales. Y eso que todo se trataba de ajustar el Estudio de Impacto Ambiental porque la gente en Apurimac no es antiminera como nos pinta la prensa concentrada.

De otro lado, la no promulgación de la ley que permitiría a Petroperu operar el tremendo Lote 192 una vez acabado el contrato con Pacific Energy, argumentando por parte del gobierno que se trata de una ley anticonstitucional (Art. 60 de la Constitución: El Estado Subsidiario), a pesar de que en el territorio nacional hay empresas estatales de otros países operando, termina de poner la fresa encima de la crema de una patria totalmente vendida. Demás está decir que más de un 30 por ciento del electorado puso a Humala en segunda vuelta el 2011 para cambiar esto.

Hoy más que nunca es válida una propuesta de cambio constitucional, al menos de estos tres artículos para empezar (60, 62 y 66). En ello coincido con Gonzalo García, quien hace unos días propuso referéndum con ese fin.

Publicado en Diario Uno. 01 Octubre 2015