El conflicto por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac pone sobre el tapete la deficiencia del Estado frente a las necesidades de la población. Desde hace seis meses, el Frente de Defensa de Cotabambas solicitó formalmente la presencia de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, para que explique la modificatoria en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

De eso tenían conocimiento la ministra y también los directivos de la empresa, quienes hicieron oídos sordos al pedido y más bien se empeñaban en asegurar que el proyecto Las Bambas era el ejemplo de una actividad minera eficiente y sin conflictos sociales.

Tanto el gobierno como la empresa, a través de sus voceros, trataron de desmerecer los pedidos de diálogo. “Qué reclaman sino tienen agua ni agricultura?”, “Son antimineros que sólo quieren evitar la inversión y están contra del desarrollo del país”, fue el argumento de la prensa neoliberal, que se dice seria.
 
Después de los cuatro muertos, recién se dieron cuenta que hubo una modificación del EIA que se hizo sin consultar a la población y de eso justamente era el diálogo que desde marzo buscaban los pobladores. Como de costumbre, tuvo que correr sangre para que se percaten que algo andaba mal.

El pedido de diálogo fue una constante y ayer el presidente del Frente de Defensa de Cotabamba, Adolfo Abarca, anunció una tregua de 24 horas en espera que se instale una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau.
 
Informó que ha pedido formalmente que se instale la mesa de diálogo con la participación de los ministros de Energía y Minas, Medio Ambiente y el Presidente del Consejo de Ministros, pero también piden que se levante el Estado de Emergencia y se libere a las personas detenidas tras los enfrentamientos con los policías.
 
LOS PEDIDOS
 
Solo después que Chalhuahuacho se enlutara con la muerte de cuatro de sus pobladores, se conoció que había una plataforma de lucha con pedidos concretos. El principal descontento es por la modificación, según ellos, inconsulta y por segunda vez del EIA, y el desconocimiento de parte del consorcio MMG (a cargo del proyecto Las Bambas) de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata, empresa que hasta el 2014 operaba Las Bambas.
 
Entre los pedidos que formulan los pobladores está la demolición y retiro de la Planta de Molibdeno, de la Planta de Filtros y del Almacén de Concentrados, debido a que son altamente contaminantes y no estaban considerados en la propuesta inicial.
 
Otro punto que es motivo de la paralización es el pedido de renegociación de las tierras de la zona de influencia de Cotabambas y Grau, para que se incluya a las comunidades que se encuentran dentro de la línea de transmisión eléctrica y la vía de transporte de carga pesada de los distritos de Chalhuahuacho, Mara y Jacamarca. Este punto a su vez tiene 17 acuerdos previos que no han sido cumplidos por la empresa Xstrata que lleva adelante Las Bambas.
 
Frente a las versiones que circulan en Lima en el sentido que en la zona del proyecto Las Bambas no hay agua ni agricultura que se puedan afectar, el dirigente y Consejero Regional de Apurímac, Everaldo Ramos Huaccharaqui, explicó que se trata de una zona ganadera en la que también hay agricultura pues los ganados tienen que alimentarse de pasto.
 
Frente a ello la minera respondió que la modificación del EIA, aprobado en el 2011, fue para tener un proceso más eficiente y el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dijo que la reubicación de la Planta de Molibdeno y la Planta de Filtros sí fue comunicada a las comunidades y autoridades regionales y distritales, pero esta versión fue desmentida por el consejero regional Everaldo Ramos.
 
Frente a la posición intransigente del gobierno y la minera en relación al paro, los dirigentes han dado el primer paso al diálogo, pero han advertido que si no hay respuesta del Ejecutivo las protestas continuarán pese al estado de emergencia.
 
En Las Bambas pasa lo mismo que en Tía María, en que se modifica el EIA sin hacer las consultas necesarias y cuando surgen las protestas la respuesta del gobierno es la fuerza policial militar. Es momento de dar paso a las negociaciones y que cese la represión.