A raíz de lo que viene aconteciendo en Las Bambas en los últimos días, la mayor parte de los medios de comunicación han estado más enfocados en señalar el papel de los asesores de Fuerabamba, los hermanos Chávez Sotelo, a quienes se les atribuye ser los principales causantes de este último capítulo conflictivo en torno a la minera. De esa manera, lo que se buscaría dar a entender ante la opinión pública, es que la movilización de la comunidad de Fuerabamba se origina por la acción de unos “asesores antimineros” que manipulan y azuzan a la población para obtener beneficios económicos personales. Esta es una visión simplista con la cual se pretende deslegitimar cualquier protesta social para reducirla a una pura conspiración mercantilista.

No hay que escarbar demasiado para darse cuenta que el problema de Las Bambas es mucho más complejo. Basta con recordar los cambios inconsultos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera, en especial en este tema crucial de la carretera reconocida como corredor minero. En este artículo queremos presentar otra mirada para comprender las causas del conflicto, centrada en la forma cómo se han tejido las relaciones entre Las Bambas y la población a lo largo del tiempo, y en qué medida estas relaciones han conducido a exacerbar los niveles de conflictividad. 

Así, partimos por señalar que el primer dueño de Las Bambas, la empresa suiza Xstrata, construyó sus relaciones comunitarias sobre la base de acuerdos bilaterales y reservados con cada una de las decenas de comunidades con las que tenía que ponerse de acuerdo. En estas negociaciones no intervino ninguna autoridad estatal como intermediaria o interlocutora entre las partes. Si las negociaciones se tornaban difíciles, la empresa impulsaba tratos con comuneros influyentes, bajo una lógica de «divide y vencerás». Muchos de estos comuneros terminaron brindando diversos servicios a la empresa o trabajando como relacionistas comunitarios. Otra característica de estas relaciones es que estaban signadas por un marcado clientelismo, lo cual fue generando expectativas desproporcionadas en diversos sectores de la población respecto a los beneficios permanentes que se podían obtener de la mina. Esta forma de relacionarse con las comunidades que implantó Xstrata, contribuyó significativamente a aumentar los recelos y desconfianzas entre las comunidades y entre los mismos comuneros, puesto que situaba a todas y todos en una competencia continua para obtener los mayores beneficios posibles de la empresa. Sin duda fue la comunidad de Fuerabamba la que suscitó los mayores recelos, pues esta obtuvo múltiples beneficios en compensación porque la veta minera estaba en su territorio y debieron ser reasentados. 

Esta estrategia de Xstrata, efectiva en su momento para sacar adelante la construcción de la mina y generar un relativo consenso social, demostraría su ineficiencia y escasa sostenibilidad cuando tomó el control de la mina el consorcio chino MMG. Su llegada significó un marcado ajuste en las políticas sociales, eliminando inicialmente muchas de las prácticas clientelistas que había aplicado Xstrata. Para una población que se había acostumbrado a una empresa flexible para atender diversas y múltiples demandas y pedidos, este fue un cambio abrupto que marcaría un punto de quiebre en las relaciones futuras, ocasionando que la mina perdiera legitimidad.

Lamentablemente para MMG y sus intereses, las crecientes demandas de las diversas comunidades y los actores regionales con los que Xstrata había ido asumiendo compromisos, todos los cuales querían regresar a esa situación anterior más ventajosa, coincidieron en el tiempo con el conocimiento que se tuvo de los cambios que se habían introducido en el EIA de Las Bambas que no habían sido informados a la población, y también con la drástica reducción de la demanda laboral y de servicios a raíz del cierre de la fase de construcción de la mina. 

Así, a partir de 2015 la empresa ya no solo tenía que lidiar con las múltiples demandas para obtener beneficios económicos, pues a ellos se añadían los reclamos surgidos por los cambios inconsultos en el EIA. De esa manera, y una vez escalado el conflicto, se abrieron más frentes de los que las capacidades efectivas del Estado y la empresa podían enfrentar y resolver. El resto es historia conocida: tres comuneros fallecidos en setiembre de 2015, otro en octubre de 2016, y una situación de ingobernabilidad en la zona que parece no tener fin ni solución contenida por un prolongado estado de emergencia. 

A partir de esta mirada, lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Las Bambas refleja la necesidad de que muchas empresas reevalúen sus mecanismos de relacionamiento social, evitando repetir prácticas asistencialistas que, pueden ser eficaces en un momento, pero ineficientes e insostenibles en el tiempo (considerando que el período de vida de una mina de las dimensiones de Las Bambas puede ser de 20 a 30 años). 

De la misma manera, el problema expuesto también trasluce de forma dramática las consecuencias de una histórica ausencia del Estado en los espacios de desarrollo minero. Los vacíos de intermediación que deja el Estado son ocupados por personas que medran del conflicto permanente. En el caso de la carretera, que ha sido uno de los cambios sustantivos en el EIA, es evidente que el denso transporte pesado iba a ocasionar problemas en un ámbito muy extendido y seguramente los seguirá ocasionando en los siguientes años. Una minera de talla mundial como Las Bambas siempre desentonará al lado de comunidades pobres y este desbalance debe exigir una permanente atención por parte de los organismos estatales. 

* Investigador y autor del libro: “Gobernanza y gobernabilidad: el caso Las Bambas”