Después de que el coordinador de la Comisión Especial para Investigar los Sucesos de Bagua, Jesús Manacés, y la hermana Maricarmen Gómez se negaran a firmar el documento final de la mencionada comisión, este informe, finalmente, ve la luz.

Es de lamentar, sin embargo, que la principal idea que recorre este documento sea la siguiente: los lamentables hechos ocurridos aquel fatídico 5 junio de 2009 son resultado de la manipulación de las demandas indígenas por ciertos “azuzadores” (Frente de Defensa de Bagua, ronderos, congresistas nacionalistas, el SUTEP, medios de comunicación locales, entre otros), quienes no solo mal informaron a los indígenas, sino que utilizaron esta protesta a favor de sus propias demandas. 
Es decir, se ha repetido el discurso del Presidente Alan García para explicar un conflicto que rebasó al gobierno porque no se quiso reconocer el error que se cometía al promulgar un paquete de Decretos Legislativos (DL) evadiendo el Convenio 169 de la OIT.
 
Los intocables y sus responsabilidades 
Para explicar lo sucedido en la Curva del Diablo, el informe final señala que la violencia se generó por una “imprevista y sorpresiva” reacción de parte de la población indígena frente a la presencia policial que solo cumplía con el mandato de desalojar la carretera. Asimismo, sobre lo ocurrido en la Estación de Bombeo Nº 6 se dice que la irresponsabilidad de los informantes que “magnificaron y falsearon los acontecimientos de la Curva del Diablo” generó reacciones vengativas de los indígenas contra los policías. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de las autoridades del gobierno? ¿Acaso ellos no sabían que esa misma mañana del 5 de junio los indígenas habían decidido levantar el paro? (Ver Actas de Levantamiento del Paro).

Para los cuatro comisionados que suscribieron este informe (las ex ministras Susana Pinilla y Pilar Mazetti, el funcionario Manuel Bernales y el sacerdote dominico Álvarez Lobo), el Ejecutivo es responsable por su “apresuramiento y falta de tacto” en la promulgación de los decretos legislativos cuestionados por los pueblos amazónicos. 
Este documento ha servido para lavarle la cara al ex Premier Yehude Simon, quien fue parte de la mecedora aprista para hartar a la representación indígena y llevarlos a patear las mesas de diálogo. Este informe no ha dicho nada sobre la penosa actuación de la ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo, y actual titular del MEF, Mercedes Aráoz, quien afirmaba a los cuatro vientos que si los decretos cuestionados eran derogados se caía el TLC con Estados Unidos. Finalmente, no se ha dicho nada respecto al rol de la ex Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien, aunque lo niegue, es la que, todo indica, dio la orden para desalojar la Curva del Diablo.

Falaz interpretación
De esta manera, se quiere interpretar el Baguazo solo a partir de una visión sesgada de los sucesos sangrientos del 5 de junio, soslayándose todo el proceso fallido de la negociación, cuyo éxito hubiera evitado que ocurriera esta tragedia. Los pueblos amazónicos reclamaban por la ilegalidad de estos DL desde 2008. Un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano y Ecología del Congreso y algunas ONG les dieron la razón al respecto. La Defensoría del Pueblo intervino y también los apoyó. Pero el gobierno y el pleno del Congreso no quisieron derogarlos. 

Por lo pronto, habrá que esperar el informe alternativo que en minoría presentarían a la PCM los comisionados Gómez y Manacés. Si realmente se quiere iniciar una nueva etapa en la relación entre el Estado Peruano y los pueblos amazónicos no solo se necesita mejorar las relaciones de confianza que permitan el entendimiento intercultural entre los pueblos amazónicos y el gobierno, sino se requiere que este reconozca en el primero un actor válido con propuestas legítimas.