Los ciudadanos de Lima y el Callao sufren intensamente las externalidades negativas (congestión, contaminación y accidentes) causadas por la desregulación del transporte y la enorme debilidad de la gestión del tránsito. Dos tercios de la contaminación aérea son causados por la antigüedad del parque automotor del servicio público, la velocidad de circulación se reduce todos los días y cada año se producen 50,000 accidentes sólo en Lima. Por ello, los expertos concluyeron hace más de dos décadas que se requiere implementar una reforma sistémica en el transporte urbano. La gestión 2011-2014 inició la implementación de dicha reforma. Las ideas fuerza de la propuesta eran: i) agrupar empresas en consorcios; ii) sustituir unidades viejas y pequeñas por unidades grandes y nuevas; iii) pasar los choferes a la planilla de las empresas; iv) cambiar la retribución de las empresas que era por pasajero subido a un esquema de retribución en donde predomine el pago por kilómetro recorrido; v)  reestructuración de las rutas para evitar la excesiva superposición; vi) sistema privado de recaudo; y vii) unidades en propiedad de los consorcios y gestión de operaciones. 

La reforma iniciada el 2011 pasaba por convertir a las empresas desordenadas de 46 unidades en promedio en consorcios con un enfoque netamente empresarial de, al menos, 800 unidades. Sólo empresas fuertes podrían modernizar las flotas, chatarrear carros viejos y dar un servicio adecuado a la ciudad. A diciembre del 2014, se firmaron los 49 contratos de los paquetes de los Corredores Complementarios que representan el 40% de los viajes, mientras que quedaron en proceso de licitación de las rutas de Aproximación e Integración. Además, se implementó la troncal de Tacna-Garcilazo-Arequipa y dos alimentadores y se avanzó la implementación de Javier Prado. Se chatarrearon 2,000 unidades y se retiraron 3,500 unidades como consecuencia de las reestructuraciones de rutas. La gestión de izquierda dejó adjudicado el sistema privado de recaudo del SIT, en ejecución un proyecto de inversión pública para financiar los inspectores de transporte y estudios avanzados para mejorar la infraestructura vial, señalización y semaforización de las troncales de los Corredores Complementarios. Además, se logró culminar la reinscripción de 100,000 taxis y sobre la base de las credenciales infalsificables, los signos distintivos, inspectores y los mega-operativos que en conjunto redujeron los taxis piratas de 100,000 a 14,000. 

La gestión amarilla inició el 2015 el desmontaje de una reforma necesaria. Primero el líder amarillo dijo que no existía la reforma del transporte generando que los consorcios dejen de ser bancables para modernizar las flotas. Luego canceló ilegalmente la mitad de las adjudicaciones y en contra de la estabilidad jurídica de los contratos anuló cuatro contratos de consorcios que estaban operando en la avenidas Javier Prado y Arequipa. Luego, por si fuera poco, asignaron derechos de rutas en donde éstos ya se habían asignado, medida que era tan ilegal que tuvieron que anularla con posterioridad. Luego siguió el desmontaje anulando sin explicaciones las licitaciones de las rutas de Aproximación e Integración que representan el 60% de la demanda por viajes. 

Para complicar más las cosas la gestión amarilla anuló, contra todo el marco legal vigente, la licitación del sistema privado de recaudo e interrumpió el desarrollo de los estudios para la infraestructura de los Corredores Complementarios y para la racionalización del sistema de taxis. Para colmo de males, el MTC, ante la lentitud del avance del programa de chatarreo, suspende el convenio que firmó con Protransporte el 2014. Esto ha sido muy grave pues deberían haberse chatarreado 3,880 unidades en el ámbito de influencia de la Línea 1 del Metro. Un fracaso muy grave de la actual gestión, pues afectará directamente los pulmones de la ciudad. 

En respuesta a la ineptitud de la gestión amarilla, el presidente de la República anunció el pasado 28 de julio la entrega al Congreso de una iniciativa legislativa para crear la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano de Lima y Callao. Las competencias de la nueva autoridad están relacionadas a la armonización de las rutas, la integración de los sistemas de recaudo, la gestión de los subsidios y la racionalización del sistema de taxis. En represalia a esta propuesta del Poder Ejecutivo, la administración amarilla con gran irresponsabilidad está sacando de la manga un sistema de recaudo provisional dirigido para que sea adjudicado al actual operador del Metropolitano, que es 40% más caro que el que el valor de retribución validación que se logró en la adjudicación correctamente otorgada e ilegalmente anulada el 2015. Que se pretenda adjudicar un sistema de recaudo provisional a través del Scotia Bank para eludir los sistemas administrativos es muy sospechoso y la irregular decisión debería ser objeto del máximo escrutinio público. Debe decirse, además, que la tecnología de las tarjetas no serían interoperables con los validadores de la red Básica del Metro de Lima por lo que la total integración de los sistemas no podría realizarse en tres años. Esta decisión es una de las últimas bombas de tiempo que el alcalde amarillo le deja a la ciudad. Lo único bueno de todo esto es que el ciudadano Luis Castañeda Lossio no puede re-elegirse y que el 2018 otros actores podrán retomar una reforma necesaria.