La paralización de la empresa metalúrgica de capital norteamericano Doe Run Perú (DRP) es una carga pesada para los trabajadores y el Estado. Pese a que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, trata de poner paños fríos y asegura que no se alterará el plazo final de venta de los activos de DRP, el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza; entre los trabajadores y la población de La Oroya existe incertidumbre pues a la fecha no se ha aprobado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), requisito indispensable para la reactivación del CMLO.
 
La preocupación de los trabajadores de DRP se debe a que, de acuerdo al cronograma aprobado por la Junta de Acreedores, si hasta el 26 de agosto no se declara un ganador, se podría pasar a la liquidación de la empresa con los despidos correspondientes.

 
El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, consideró fundamental que el gobierno apruebe el IGAC para que los interesados en comprar el CMLO tengan reglas claras, pues de lo contrario, el proceso quedará desierto y la empresa se irá a liquidación simple y 2.200 trabajadores quedarán en la calle.
 
La reactivación del complejo de La Oroya generará un valor agregado de US$500 millones anuales por concepto de exportación de metales refinados, además demandará materiales, repuestos y servicios por U$ 135 millones anuales (el 80% de procedencia nacional) y permitirá impulsar los sectores metal-mecánico e industrial si se tiene en cuenta que solía facturar US$160 millones en ventas anuales de zinc, plomo y cobre a fabricantes nacionales.

LOS INCUMPLIMIENTOS
 
La historia comienza el año 1997 cuando la empresa norteamericana DOE RUN Perú (DRP) compra el antiguo Complejo Metalúrgico de La Oroya, que pertenecía a la estatal CENTROMIN PERU. Según el contrato debía mejorar las condiciones ambientales de La Oroya a través de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo de 10 años que debía cumplirse en enero del 2007.
 
Tras la firma del contrato empezaron a surgir los problemas. DRP modificó y aplazó el cumplimiento de los acuerdos de su PAMA aduciendo tener problemas financieros.
 
DRP logró la primera modificación de su compromiso ambiental en octubre de 1999. Debía construir dos plantas de ácido sulfúrico, pero el gobierno terminó aprobando la construcción de una sola planta.
 
Con amenazas de paro de por medio, el 2005 DRP pidió al gobierno 4 años más para la ampliación de su PAMA. El 29 de mayo del 2006 el gobierno le otorga un nuevo plazo de 2 años para cumplir con su PAMA, que debía cumplir el 2009.
 
Los bancos le cierran las líneas de crédito en junio del 2009 y la DRP paraliza las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
 
En octubre del 2009, el gobierno cede nuevamente y emite la ley N-29410, aprobada por el Congreso, ampliando el plazo del PAMA a 30 meses y el DS N-075-EM que le da un plazo de 10 meses para financiar la “Planta de Acido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre” y el reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
 
Nada eso se cumplió y en junio del 2010, la DRP plantea modificar el contrato de privatización para evitar las denuncias sobre su responsabilidad ambiental y pide fraccionar su deuda tributaria que supera los 760 millones de soles, según reportó la Sunat.
 
Asimismo, pide tolerancia en las exigencias de los estándares ambientales hasta concluir el proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Acido Sulfúrico de Cobre, que debían estar listos el 2008 y un cuarto pedido es que el gobierno le exonere de las multas que le impuso el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir sus compromisos.
El 28 de julio de 2010, el presidente Alan García canceló la licencia de funcionamiento del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
 
PARA REFLEXIONAR
 
La DRP decía que estaba en mala situación económica pero entre 1998 y el 2003, envió 70 millones de dólares a su casa matriz y 50 millones de dólares para pagar sus obligaciones en Estados Unidos. El año 2005 la DRP reportó ingresos netos por 46 millones de dólares y el año 2006 obtuvo utilidades entre 125 y 150 millones de dólares, según datos del Gobierno Federal de Estados Unidos.
 
El 25 de agosto del 2007, DRP fue multada por el OSINERGMIN por cometer cuatro infracciones graves y una simple, por las que debía pagar una multa de 210 UIT, equivalente a 724,500 nuevos soles.
 
El 24 de junio del 2009 OSINERGMIN multa nuevamente a DRP con 600 UIT, equivalente a 2 millones 130 mil nuevos soles y el 3 de agosto del 2009, la DOE RUN Perú se declaró en insolvencia ante el INDECOPI.
 
Pese a sus incumplimientos, en abril del 2007 la DRP planteó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, un proceso de arbitraje contra el Estado peruano exigiendo una indemnización de 800 millones de dólares por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
 
La empresa minera está buscando aprovechar las ventajas que le da el TLC con Estados Unidos para cobrar una millonaria indemnización. Si el Estado no responde con solvencia jurídica la DRP no solo incumplirá sus compromisos, sino que cobrará una millonaria indemnización por no hacer nada.