Los peruanos hemos observado atónitos en las últimas semanas el afán de la abrumadora mayoría de los congresistas de la República de aumentarse el sueldo de cualquier manera. La reacción popular frente a esta pretensión ha sido clara: el rechazo absoluto a que ganen más quienes son percibidos como ineficientes y defensores de intereses particulares. Finalmente nuestros “padres y madres de la patria” han tenido que retroceder.

¿Qué hay de cierto y qué de falso en esta situación? Nadie puede oponerse a que los altos funcionarios del Estado, congresistas incluidos, ganen bien, de acuerdo a la responsabilidad que tienen. Pero las instituciones y el pueblo que los eligió deberían contar con los mecanismos necesarios para controlar que estos, funcionarios y congresistas, cumplan con su responsabilidad. El problema es que estos mecanismos no existen o no los dejan existir y el Congreso funciona en base a la máxima “Otorongo no come otorongo”, convirtiéndose en un espacio de realización de pequeños y grandes intereses privados. Los pequeños, suelen ser los intereses personales de buena parte de los congresistas, hijos del voto preferencial y de la crisis de los partidos, que medran hasta donde pueden del erario público; los grandes, los del Ministerio de Economía y Finanzas, las grandes empresas y algunos gremios que mediante ejércitos de lobistas cuidan que no se apruebe ninguna norma que perjudique sus intereses. Los primeros son la anécdota, los segundos la cruda realidad.

Ahora bien, parece que el secuestro corporativo no es suficiente y los grandes intereses piden más. Para ello, implementan campañas mediáticas que exponen las miserias congresales de tal modo que su prestigio tienda, literalmente, a O y se reduzca en la práctica a una mesa de partes de los proyectos de ley que interesan a los poderes de turno. El resultado, por ello, de éste último escándalo, creemos que será, por mano propia y órdenes ajenas, un Congreso más servil aún a los que mandan.

¿Pueden ser las cosas diferentes? Claro que sí. A ello apuntaba la reforma más importante del Programa de la Gran Transformación, que era la reforma política y que tenía como eje la necesidad de una Nueva Constitución. No nos olvidemos, jamás estará demás decirlo, que la actual es una constitución espúrea, hija de un golpe de Estado, que está viciada de origen pero también por funcionamiento, porque sirvió para todas las tropelías de Fujimori y Montesinos. Una constitución hecha para afianzar el personalismo de Fujimori, que desafortunadamente les ha gustado a sus sucesores democráticos, por lo que todos sin excepción han puesto los proyectos de reforma constitucional en el desván de los recuerdos.

Líneas arriba señalábamos lo fundamental que eran los mecanismos de control de congresistas y funcionarios que sirvieran para vigilar su trabajo. Pero ello supone otro régimen político, de abajo hacia arriba, basado en el protagonismo del pueblo y de partidos verdaderamente democráticos, que escojan candidatos y revisen sus antecedentes, así como elijan congresistas y presidentes y los sometan al control ciudadano. No como el régimen actual que nos lleva a elegir intocables que tienen la osadía de burlarse del pueblo como hemos visto recientemente.

Apoyamos por ello desde Otra Mirada las iniciativas que llevan a retomar el proceso de reforma constitucional. Es destacable entre ellas la iniciativa popular liderada por el ex senador Alberto Borea que ha presentado al Congreso un camino, acompañado de miles de firmas ciudadanas, para impulsar el cambio constitucional. Ojalá que estas iniciativas se conviertan en banderas de la movilización popular y de esta manera vayamos en el país a un nuevo “momento constitucional” que logre una carta fundamental  que sea producto del acuerdo y no de la imposición como la actual.