Desfasada la defensa del director de Semana Económica, Gonzalo Zegarra, en la edición del 10 de febrero del presente, de la ausencia del Estado en la economía.

Desfasada, para empezar, porque si algo sucede en el mundo en estos momentos, es una vuelta del Estado a la economía, para arreglar, justamente, los desarreglos del capitalismo salvaje que Zegarra parece defender. El caso paradigmático son los Estados Unidos, que frente a la desregulación de la ultraortodoxia económica ha tenido que nacionalizar empresas, como la General Motors, volver a la regulación de la banca de inversión y ¡oh herejía! proceder al, quizás, mayor maquinazo de la historia, imprimiendo varios trillones de dólares en el esfuerzo. Todo esto por una razón muy sencilla: proteger, hasta donde puedan, el empleo y los ingresos de sus ciudadanos a la par que la actividad económica de sus empresas.

América Latina no es una excepción, los países con importante presencia del Estado en la economía ya sea que apliquen recetas heterodoxas como Brasil o Argentina u ortodoxas como Colombia o Chile, tienen un crecimiento en los últimos años que cuida o aumenta la cifra macroeconómica más importante (como señala Bernardo Kliesberg) que es el porcentaje de la PEA que tiene trabajo con derechos. El Perú, en cambio, luego de una década de crecimiento económico, que en varios años ha sido el mayor de la región, no supera el 20% de trabajo decente. Peor aún, los especialistas –reseñados en un reciente editorial de Gestión– señalan que de esa cifra solo la mitad, el 10% de la PEA que no son ni siquiera dos millones de peruanos, recibe efectivamente las prestaciones que le corresponden. ¿A dónde se van las utilidades del crecimiento? A un puñado de grandes empresas, mayormente extranjeras y situadas en la actividad primario exportadora, lo que no genera trabajo con derechos ni mercados internos que le den vitalidad a la economía.

¿Por qué sucede esta situación? Por la falta de Estado en la economía. Estado en dos sentidos: como autoridad pública que regule el funcionamiento de los mercados y como protagonista directo de la actividad económica. Si algo ha sucedido en los últimos 20 años en el Perú es que los grandes se han dado maña para capturar al Estado y ponerlo al servicio de sus intereses. Con el golpe de Estado del cinco de abril de 1992 se dieron una constitución a su medida y cientos de leyes ad hoc que les permiten, al desregularse la economía, que los grandes se coman a los chicos y que unos pocos creen una situación oligopólica para beneficio propio y abandono de los demás. Hay que resaltar que la llamada “subsidiaridad del Estado”, el art. 60 de la constitución fujimorista, solo existe en el Perú, lo que hace a Zegarra y amigos los últimos mohicanos del extremismo neoliberal.

Pero también se siente la falta de Estado en la actividad económica y el petróleo es un excelente ejemplo. Luego de 20 años de iniciada la privatización de Petroperú tenemos una empresa todavía ausente de la explotación, con una refinería a medias y sin los grifos que brindan el efectivo diario a las grandes petroleras. En otras palabras se destruyó la integración vertical (exploración, explotación, refinación y distribución) indispensable para entregársela a privados en perjuicio del país y los consumidores. Una de las consecuencias, el alto precio de los combustibles en el país, puesto al antojo de oligopolios extranjeros y no del desarrollo del Perú. Este es el resultado de la privatización fujimorista de la década de 1990, que privó al Estado de una importantísima fuente de renta.

No es raro, por ello, que casi todos los países de la región hayan mantenido sus petroleras estatales, con la necesaria integración vertical, como una forma de garantizar el abastecimiento y regular el precio de la misma. Esto ocurre hasta en Chile, que casi no produce gas ni petróleo, pero sí tiene una importante empresa estatal llamada ENAP. Pero no solo ello, Enap de Chile, Ecopetrol de Colombia y Petrobras de Brasil, tienen importantes inversiones en el Perú. Si son tan consecuentes en la lucha contra las empresas públicas, porque no entran en campaña para que estas estatales extranjeras se vayan del Perú.

¿Es inmoral entonces, como parece sugerir Gonzalo Zegarra, que exista autoridad pública en el terreno económico o que se desarrollen empresas estatales en sectores estratégicos como el petróleo? Ciertamente que no. Si existen empresas públicas es, como su nombre lo indica, para el bienestar de las mayorías. La ausencia de Estado nos ha llevado en el Perú a la situación actual, donde la inmensa riqueza producida se la apropian unos pocos y, peor aún, se la llevan fuera. Tampoco dejan empleo decente, que es el que brinda derechos, ciudadanía y a la postre construye sociedad. Ya nos ha pasado antes con el oro y la plata durante la colonia y con el nitrato y el guano de las islas en el siglo XIX, así como con la minería, el petróleo, el algodón y el azúcar durante buena parte del siglo XX. No debemos tolerar por ello que siga sucediendo.

Damos la bienvenida por ello, si es que finalmente se confirma, al regreso de Petroperú a la explotación de pozos petroleros y a un aumento de los grifos de expendio, lo que esperamos se traduzca en  mayor seguridad en el abastecimiento, mayor renta pública y combustibles más baratos para la población.