Resulta que ahora los políticos tramposos que en su momento usufructuaron el gobierno e hicieron del Poder Judicial y el Ministerio Público su chacra y lavandería, hoy que les ha llegado la hora de dar cuenta y pagar por el asalto infame a los dineros públicos, se victimizan, gritan y “denuncian” a los cuatro vientos que los tribunales no “respetan” el debido proceso, que estos están “politizados” y hasta se reclaman “perseguidos políticos”.

Añoran sus tribunales digitados por el “Doctor” Vladimiro Montesinos y operativizados por el “chino” Medrano, Nélida Colán, los “compañeros apro-alanistas” y otros que aseguraban impunidad a los saqueadores compulsivos de los dineros públicos, a vulgares sicarios de los escuadrones de la muerte, a los angurrientos beneficiarios del vil remate de los bienes y empresas públicas. Esa “justicia” mafiosa aseguraba, a cambio, persecución sostenida a quienes denunciaban sus actos criminales, a los opositores políticos y sociales de estos gobiernos canallas.

Muchos de ellos esperaron que el tiempo y las prescripciones judiciales echaran un manto de olvido a sus trapacerías criminales y algunos, vueltos al poder, hasta se sentían burlonamente intocables. Pues bien, fue suficiente que por accidente una fiscal y un juez siguiendo la pista de una organización criminal en el Callao, encontraran un hilo que conducía a un entramado delincuencial judicial, policial, político y empresarial de insospechadas consecuencias, como las que hoy comprobamos a partir de la difusión de reveladores audios para que se iniciara un proceso de limpieza y sanción a los corruptos como exigencia nacional.

Quedó al descubierto toda una trama mafiosa para terminar de copar el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y liquidar a quienes en tales instituciones resultaban un estorbo a sus intereses subalternos, maniobras urdidas en consonancia milimétrica con connotados líderes políticos que movían sus influencias y fichas en sus espacios correspondientes, el Congreso, entre ellos.

Coincidentemente a estos apremios, los plazos para ventilar el caso “Lava Jato” se acortaban, las denuncias y pruebas empezaban a reiterarse y era obvio que los más notorios políticos implicados estaban construyendo un escenario judicial favorable, como en los tiempos de Vladimiro Montesinos y los compañeros alanistas. Por eso, la “Señora K” trataba con el innombrable “hermanito” Hinostroza una casación favorable, que archivara el tema “cócteles”, que la ligaba directamente con la corruptela millonaria de Odebrecht; de allí el empeño del alanismo en soldar su alianza con el fujimorismo para copar el CNM y la Fiscalía con el suficiente tiempo, antes del inicio de las audiencias y las denuncias penales en el más corto plazo.

Puesto en evidencia pública y desbaratada, en cierta medida, este tramado se entiende mejor. Entendemos por qué el fujialanismo se las juega entero por atornillar en su puesto al Fiscal de la Nación a cualquier precio. Lo necesitan (y él también) para obstruir el proceso abierto por la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción y desmontarlo desde adentro, como agresivamente y contra viento y marea lo vienen haciendo. Se la juegan entero; son parte de la misma asociación criminal.

Hasta aquí y a trompicones se está arrinconando a la mafia. La “señora K” ya está en prisión preventiva y, por la dinámica del proceso, otros de su red mafiosa correrán la misma suerte. Ello ha acrecentado la agresividad de la asociación criminal, con su aún existente andamiaje político, periodístico y legal, con lo cual apuntan a desprestigiar el proceso y traérselo abajo con argucias formales, sin tocar el fondo del caso y por supuesto, de paso, denunciando que la justicia en el Perú “está politizada”, que los encausados son perseguidos políticos y que Keiko Fujimori ya es una “prisionera política”.

En ese andar no nos extraña que el inefable Alan García, desde España, “denuncie” la “politización” de los tribunales, la intromisión en ellos del poder político y que, por supuesto, deje entrever que en el Perú ya no hay garantías, ni imparcialidad para los justiciables por lo que, en los hechos, se está perpetrando un golpe de Estado. Se está curando en salud, siente que los pasos de la justicia ya le pisan los talones y, por eso, está construyendo el escenario para, llegado el momento, “AG” se reclame también un perseguido político preparando el terreno para eventualmente acogerse al asilo político.

La ciudadanía, harta de padecer la impunidad y la corrupción a todo nivel, debe estar atenta a lo que acontezca en los próximos días y semanas; a movilizarse y exigir que los delincuentes, particularmente los de cuello y corbata, sin ninguna distinción ni etiqueta política, rindan cuentas por sus delitos y sean sancionados con la pena que se merecen.