Tal vez más que en cualquier otra área social, es en la salud poblacional donde se puede apreciar bien - y de inmediato - el efecto de políticas públicas.  Aquí se ve claramente cómo estas inciden, muy literalmente, en cuestiones de vida y muerte.

Las decisiones sobre quien tiene acceso a cuidados de salud, o no, y que calidad de servicios se ofrece a cada cual, son decisiones profundamente políticas.  En lo ideal las políticas representarían los valores del gobierno y los intereses de la gran mayoría de la sociedad que representa, pero pareciera que en el Perú  solo se obedecen a los intereses de unos pocos.

Ahora que el Ministerio de Salud anuncia una nueva reforma en salud, tengámoslo por seguro que lo que está en juego son los valores y principios éticos sobre los cuales se orienta el país.  Es por esto que los valores y las grandes orientaciones que guían las políticas de salud – las condiciones y capacidades creadas para que un pueblo pueda estar bien –deben estar claramente prescritas en la constitución.

Pero, el problema de fondo en el Perú – al cual la sociedad civil y la ciudadanía en general tendrán que enfrentarse – es que el estado, y, por ende, la sociedad, está constitucionalmente sumiso al  poder del mercado.   Este esquema le resta autoridad al gobierno que debería ser el garante del bienestar poblacional, como representante del pueblo que lo eligió. 

Pese a  la información que muestra la importancia de desarrollar estados que se comprometan a la protección social, en el Perú lo único que “asegura” un sistema de aseguramiento privado  -- pagado por un empleador o por un individuo --  es que muchos, por su condición económica, social y/o de género, queden excluidos de cuidados de salud completos y de calidad.  No es por casualidad que en el Perú el principal financiador de los cuidados de salud es el bolsillo de hogar. Esta realidad no es cierta solo para el Perú,  lo es también para otros países de América Latina que  han reformado sus sistemas de salud bajo formulas neoliberales y han visto a muchas de sus comunidades más vulnerables quedar fuera por la incapacidad de pagar por acceder a esos servicios (Ewig, 2010).  En Estados Unidos, la razón principal de la bancarrota de familias ha sido por gastos en salud, aun en casos de personas con seguro medico.  

La conclusión práctica de un sistema regido por el neoliberalismo en el  Perú, como en otras partes del mundo, es que el mercado termina siendo el decisor de quien recibe – o no – cuidados y atención de calidad en base a su capacidad adquisitiva, y/o su condición de empleo en el sector formal.  Pero, el mercado también discrimina en base a género y raza (Ewig, 2010), pues en el Perú más tendencia tienen los hombres que las mujeres a estar empleados en el sector formal y acceder así a la seguridad social. Y más chances tienen las mujeres de no ser incluidas en el rango completo de servicios particulares en los paquetes ofrecidos por los prestadores de salud, aún en el caso de quienes pueden pagarlos.

Si se viera a la salud como un bien público, sería necesaria una universalización que incluya servicios de calidad con un estado fuerte como regidor del mismo.  Pero esto primero tiene que ser adoptado y “operacionalizado” como valor y objetivo a nivel de una Constitución política que no solo reconozca el derecho a “protección” en salud, sino que acepte su rol como el garante del mismo.  Estamos hablando de los valores y principios éticos del gobierno que representa a un pueblo democrático.  Por tanto, la mano invisible del mercado no puede ser el regidor, pues la competencia no puede ser por ganancias, sino por asegurar un estándar de calidad para todos.  Muy por el contrario, la mano regidora no puede ser invisible sino tangible, presente y atenta a que todos sus ciudadanos se beneficien por igual de un derecho humano, protegido por el Estado.