Hace pocos días los embajadores de cuatro países acreditados en el Perú: Australia, Canadá, Colombia y Francia; han enviado una carta al Congreso de la República, suponemos que, con el aval de sus gobiernos, protestando por la aprobación de una ley que congela el cobro de los peajes a diferentes concesionarios extranjeros durante la pandemia y mostrándose dispuestos a asesorar al órgano legislativo para que legisle mejor. 

Antes de tratar el tema de la ley que congela los peajes y la relación que esto guarda con los contratos respectivos y con los TLC que ha firmado el Perú en los últimos 15 años, debemos señalar un hecho fundamental. Esta carta constituye una intromisión en los asuntos internos del Perú y una violación de la Convención de Viena, que es el documento que rige las relaciones diplomáticas en el planeta. Esta violación abierta e insolente de nuestra soberanía no se puede dejar pasar. 

Imagínense por un momento que el embajador del Perú en Francia le mande una carta a la Asamblea Nacional de ese país por una ley que acaban de aprobar. No sólo imposible sino risible, casi una caricatura. Pero eso es lo que ha acontecido, ni más ni menos, sólo que estamos en el Perú y hay algunos peruanos (con mucho poder) que creen que eso se debe soportar. 

A los embajadores de otros países no les toca dirigirse al parlamento cuando quieren quejarse de algo, sino, de acuerdo con las normas internacionales, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por esa razón no sería raro que esos embajadores se hayan dirigido a dicho ministerio y éste se haya lavado las manos, con la venia de Vizcarra, apuntando al Congreso. Luego de estos primeros acontecimientos y ante la protesta de diferentes sectores, desde el gobierno han puesto paños fríos tratando de quitarle importancia al asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores les ha manifestado a los embajadores de los países señalados su extrañeza por la acción tomada y estos han enviado una carta de respuesta disculpándose y diciendo que habrían sido malinterpretados. Sin embargo, la carta original al Congreso deja poco espacio para interpretaciones y es directa en el reclamo extranjero a nuestro parlamento. La promesa y las disculpas no parecen sino el segundo acto de una misma obra montada para presionar fallidamente al Congreso peruano.

Hoy, lo que en otro momento han sido presiones verbales de representantes extranjeros a los gobiernos de turno se convierten en presiones escritas, que no guardan ni siquiera el decoro, propio de la diplomacia, cuando se trata de la división de poderes y de una institución democráticamente elegida como el Congreso. Estos gobiernos extranjeros han dado un paso más en su desprecio por el Perú como país independiente, muy mal por ellos ciertamente que con su actitud nos están considerando una república de segunda a la que pueden maltratar, pero peor por nuestro gobierno y en especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores que se dejan faltar el respeto de esta manera.

Casi desde que este Congreso entró en funciones, la derecha neoliberal en sus distintos escalones de poder: la CONFIEP, los grandes medios, los tecnócratas y el gobierno de Vizcarra, han desarrollado una campaña de desprestigio del Congreso y sus miembros. La razón no ha sido solo la mediocridad y el aprovechamiento que muchos de los representantes han hecho de sus cargos, sino distintas medidas que buscan mitigar la crisis sanitaria y de sobrevivencia por la que atraviesa la mayoría nacional. No hay duda de que varias de esas medidas causan perjuicio al modelo económico neoliberal, un modelo diseñado para que un pequeño grupo siga viviendo a costa de los demás en las condiciones de esta globalización neoliberal. No creo que haya otra forma de beneficiar, aunque sea muy limitadamente, al pueblo peruano. Sino veamos las medidas dadas por el Poder Ejecutivo e inspiradas por el MEF: el 90% de la plata para ayudar al gran capital, principalmente a los bancos y un 10% para las mayorías que se han quedado sin ingresos. 

Por esa razón, esta parece ser una campaña más de esa misma derecha, que ha contado en este caso con la complicidad de cuatro gobiernos extranjeros. En cualquier país esto no podría quedar así. Los embajadores deberían ser declarados personas no gratas, abandonar el territorio nacional de inmediato y a sus gobiernos solicitarles las indispensables satisfacciones. Pero es soñar pensar que un gobierno de la derecha neoliberal puede estar interesado en la dignidad del Perú y en el mantenimiento de relaciones diplomáticas en pie de igualdad con otros estados. Es más, podemos observar el deterioro creciente de nuestra diplomacia, otrora defensora de la soberanía nacional y hoy imbuida de la ideología neoliberal y al servicio, principalmente, de los Estados Unidos. Ya nos lo han demostrado con la promoción vergonzosa del llamado grupo de Lima, y el aliento, a veces abierto y otras solapado, de la intervención armada en Venezuela. 

La invocación a los tratados de libre comercio, al estatus constitucional de los contratos y demás normas que nos atarían a un determinado comportamiento internacional, no son sino pretextos para no defender al Perú frente al poder económico y, como vemos, también político extranjero. Nuestra atadura a ese andamiaje legal neoliberal puede y debe discutirse. Es más, esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Pero jamás puede argumentarse como razón para que gobiernos extranjeros intervengan en los trabajos de un poder del Estado peruano. 

Como pocas veces ha aparecido ante nuestros ojos un ejemplo de por qué debemos cambiar la constitución espúrea que nos rige y los TLC que, como lo han demostrado diversos estudios, no son sino tratados de servidumbre que no tienen que ver con el desarrollo nacional.

Soportar esta situación sin la protesta, la denuncia y las acciones respectivas, será reafirmar una vez más el carácter semicolonial y en este caso sirviente, del Estado peruano, al que nos ha llevado la derecha neoliberal y sobre lo cual algún día deberán dar cuenta los que hoy mancillan al Perú.