El 31 de octubre de 2018 será recordada como la fecha en que la justicia peruana tocó por segunda vez a los Fujimori. En esta ocasión, Keiko, la hija del exdictador fue la protagonista de un hecho judicial enfocado en esta especie de dinastía política familiar. 

Al promediar las 5 de la tarde el juez Richard Concepción Carhuancho, aceptó la mayoría de los motivos presentados por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, para dictar una orden de prisión preventiva por un período de 36 meses (el máximo dictado por las leyes peruanas) contra Keiko Fujimori, al tener “graves sospechas” de ser “la lideresa de una organización criminal enquistada dentro de Fuerza Popular” la cual es sospechosa de haber perpetrado el delito de lavado de activos. 

Lavado de dinero, que habría sido obtenido de los aportes de la empresa brasilera Odebrecht, proveniente de la ya famosa “caja 2” de la división de Operaciones Estructuradas de la principal empresa brasilera vinculada al caso LavaJato y cuyos orígenes tienen un carácter ilícito. 

Si bien es cierto este lunes Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, apelará la decisión del juez Concepción Carhuancho, lo cierto es que la debacle de la hija mayor de Alberto ha llegado a su punto más álgido, luego del quiebre de su bancada tras el indulto al líder histórico, negociado por Pedro Pablo Kuzcynski en diciembre de 2017.

Ese acto, que se suponía era de carácter humanitario fue el punto de quiebre para la hoy presa lideresa del “nuevo” fujimorismo. A partir de ahí el enfrentamiento con su hermano Kenji fue notorio, y se enfrascó en una  lucha sin cuartel por defenestrar a quien ella consideraba su rival de turno, el otrora aliado Kuzcynski, aquel que en el 2011 fue reconocido como “PPKeiko” por su claro apoyo a Fujimori en contra de Ollanta Humala. 

La demolición de los mal llamado “Avengers”, la censura de un gabinete, luego de sacar a ministros que le resultaban incómodos a sus intereses políticos, la lucha contra PPK por demostrar quién era más corrupto, la corta primavera con Martín Vizcarra para luego ser considerado el rival a tumbar y lo que resultó peor para la mirada de la gente: El blindaje a dos personajes oscuros como César Hinostroza (hoy detenido en España a la espera de su extradición) y Pedro Chávarry, el fiscal de la Nación que usa su cargo para atacar a los rivales de sus padrinos políticos.

Es por eso que en su defensa “popular” frente a la Sala Penal Nacional, aparecían solo algunos espontáneos. Ya no eran los buses que transportaban multitudes bien pagadas que con dádivas y tápers asistían con harto fervor. Ya no, la “marea naranja” ya no aparece. Es por ello que nadie le creyó a Keiko, cuando un día antes que inicie la larga audiencia que vería su prisión preventiva, hizo un “llamado al reencuentro” y a acabar con “una guerra” que en su imaginario, se había iniciado contra ella y el fujimorismo.

Al margen de lo político, el escenario legal está puesto en la escena, una prisión de 36 meses, para continuar con las investigaciones y evitar que, a pesar del arraigo aceptado por el juez, Keiko Fujimori decida -al igual que su padre el año 2000- huir de la justicia y evitar ser procesada por el delito de lavado de activos. 

El fiscal Pérez Gómez esgrimió uno a uno sus argumentos, entre ellos el de la estructura criminal organizada, con asesores de facto (Caso de Vicente Silva Checa) y operadores que ejecutaban las órdenes de la jefa sin dudas ni murmuraciones. Órdenes que según los testimonios iban desde “buscar la forma de lavar el dinero”, hasta decidir si se podía o no aplaudir en un mensaje presidencial o fustigar a un fiscal que ha hecho su trabajo y que ha remecido la zona de confort del fujimorismo. 

Órdenes que a la luz de la historia ya habían sido puestas en escena cuando en mayo de 2016, el exinformante de la DEA, Jesús Vásquez reveló que el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez le comentó que Keiko Fujimori le había pedido lavar 15 millones de dólares en la campaña del 2011.

Pase lo que pase en los próximos meses, al menos estamos viendo que nadie es intocable frente a la justicia y que los delitos, tarde o temprano, se tienen que pagar.