Vueltas de tuerca en la primera quincena del 2020. El panorama judicial se presenta con novedades en diversos casos relacionados a hechos de corrupción que están siendo investigados por el equipo especial Lava Jato y que quiérase o no marcan hitos en un proceso que lleva varios años y por el cual ya se esperan prontos resultados.

Gasoducto Sur Peruano
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción presidido por el juez Jorge Chávez Tamariz, accedió al pedido de la fiscal Geovanna Mori y ordenó el impedimento de salida del país por 12 meses contra la exprimera dama, Nadine Heredia quien es investigada por su presunta participación en los arreglos para la licitación del Gasoducto Sur Peruano en beneficio de la empresa Odebrecht.

De igual forma para ese mismo caso el magistrado dictó la misma restricción para los exministros del gobierno humalista Jorge Merino, René Cornejo y Carlos Paredes implicados en este caso, sumándose así al exministro de Economía Luis Castilla sobre el que pesa una restricción similar pero de seis meses, dictada en diciembre pasado. Según la tesis fiscal la esposa del expresidente Ollanta Humala favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, obra valorizada en más de 7.000 millones de dólares.

La teoría de la fiscalía se basa en las declaraciones del exsuperintendente de la constructora, Jorge Barata quien reveló en diciembre pasado que sostuvo reuniones con Heredia Alarcón durante el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano y que fue ella quien facilitó las acciones para la  obtención del contrato, manteniendo hasta cuatro encuentros, una cantidad mayor que la que tuvo con el mandatario.

Según el expediente: “la concesión se otorgó el 23 de octubre del 2008, a la empresa Kuntur Transportadora de Gas (Odebrecht). Dicho contrato culminó, casi 06 años después, el 04 de noviembre de 2014, sin que la empresa haya dado inicio a la ejecución física de la obra y sin que el Estado declare la caducidad del contrato y ejecute la carta fianza de más de US$ 66.7 millones; para ello, se habría mantenido la suspensión del plazo de la evaluación del cronograma de ejecución de obra por varios años, y se habría decidido someter la decisión de la devolución de la carta fianza indebidamente a un “experto técnico”, cuando dicha decisión debía estar a cargo de un Tribunal Arbitral Internacional. Por otro lado, también se investiga presuntos actos de corrupción en el proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, cuya concesión se otorgó el 30 de junio de 2014, al Consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por la empresa Odebrecht y Enagás). En el presente caso, se señala que el Comité de Proseguridad Energética, a cargo del proceso, con la finalidad de favorecer al Consorcio integrado por la empresa Odebrecht, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor, valiéndose de informes jurídicos emitidos por estudios de abogados (Delmar Ugarte y Echecopar) vinculados al consorcio “ganador”.”

Es así que tanto Heredia, como los exministros involucrados serían los primeros procesados por el caso LavaJato que tendrían -en palabras del fiscal Rafael Vela- una sentencia condenatoria por los delitos que se le imputan.

¿Keiko de vuelta a prisión?
El último día del 2019 culminaba con una sesión más presidida por el juez Víctor Zúñiga Urday quien ha venido escuchando -hasta el cierre de esta nota- los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y la abogada Giulliana Loza para sustentar y denegar -respectivamente- el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Recordemos que Fujimori Higuchi goza de libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional que aprobó el Habeas Corpus a su favor que le permitió suprimir la prisión preventiva que pesaba en su contra. Sin embargo, la fiscalía considera que existen nuevos indicios que determinan la necesidad para que Fujimori retorne a prisión por considerar que existe un claro peligro de obstrucción a la justicia, esto a pesar que ya no cuenta con una mayoría congresal, al encontrarse disuelto el parlamento.

Sin embargo, la falta de arraigo laboral y familiar son condicionantes para que el fiscal Pérez solicite la medida, además de considerar que no existen razones para demostrar de qué vive la señora Fujimori si no tiene trabajo conocido y ya no hay congresistas que paguen un diezmo de su sueldo.  Además, Pérez considera que Fujimori, a través de la “organización criminal” conformada al interior de Fuerza Popular cuenta con instrumentos y personas que pueden coactar a los testigos y generar acciones de obstrucción a la justicia.

Frente a ello, cabe señalar, que hay razones suficientes -también- para que la fiscalía ya inicie la acusación formal contra Fujimori, pero considera que para evitar una fuga o una caída del caso es necesario que Fujimori Higuchi permanezca en prisión y no suelta en plaza.

¿Cuál será el futuro de estos casos? En teoría los más avanzados del asunto LavaJato. El marco electoral podría distraer por unas semanas la atención, pero habrá que estar atentos a los próximos avances.