Justicia Social y Justicia de Género
Aída García Naranjo Morales*
No al PL 8434, que determina el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer.
En un momento de Crisis de modelo de dominación, de régimen, de coyuntura y gobierno avanza una contrarreforma autoritaria. En un Perú caracterizado por la Impopularidad del régimen, que, en julio del 2024 según la totalidad de encuestas y la opinión de diferentes analistas, la policrisis por la que atraviesa el Perú continua de mal en peor.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Boluarte es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, a cambio de Decretos y leyes otorgando una ampliación presupuestal para su región. El cohecho pasivo impropio trata de un delito previsto en el artículo 394 del Código Penal que podría interpretarse coloquialmente con el término soborno / coima. Si bien es cierto la Fiscalía acusó a Dina Boluarte por el denominado caso “Rolexgate”, estimamos que el proceso no avanzaría en el Congreso. Esta es una segunda denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La primera fue por las muertes en las protestas sociales, sin embargo, el congreso de la república sin investigación alguna ha archivado el caso.
El equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del 2022 y 2023 ha puesto en marcha 62 investigaciones en las que están inmersas 324 personas por las muertes y lesiones ocasionadas a 766 víctimas. Según el informe publicado por este quipo, estos hechos generaron 50 fallecidos y 716 lesionados, lo que subraya la gravedad de la violencia durante el denominado “estallido Social”. El observatorio de criminalidad, encargado de sistematizar y monitorear estas investigaciones, identificó que el 90,3% de los casos se clasificaron como complejos, particularmente en regiones como Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima centro, Puno, Selva Central y Ucayali. Pero estos delitos, tanto de la primera como de la segunda acusación, no están en el artículo 117 de la carta magna, lo cual no permitiría acusarla en funciones. Por ello la estrategia de Boluarte es durar.
Recientemente el 11 de julio de 2024 la Fiscalía formalizó 18 investigaciones por muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales registradas en el país. Los casos comprenden a 154 miembros de la Policía Nacional y el Ejército, por las muertes y lesiones en agravio de 267 personas. A ello hay que sumarle que el informe “Estadísticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia, enero-marzo 2024″ revela que las denuncias por delitos registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP) han mostrado un aumento continuo desde 2021, alcanzando un total de 124,951 entre enero y marzo de 2024. Lima Metropolitana concentra el 34.9% de estas denuncias, mientras que Lima provincias registra el 2.9%. con lo que se agrava la crisis de los poderes establecidos
La sociedad en el Perú está fracturada
Diferentes sectores han tipificado la situación de crisis del Perú como de: democracia de baja intensidad (López) de recesión democrática (Transparencia) y/o vaciamiento democrático (Vergara y Barnechea). Desde el 2021 existe en el Perú un sentimiento de sistema roto (Ipsos Global Advisor – Encuesta de 25 países agosto 2021) la misma que señala que el 60% de la ciudadanía considera que la sociedad está fracturada.
En la actual situación nacional un hecho de mayor relevancia lo constituye el juicio público por el caso Cócteles a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
El Fiscal José Domingo Pérez ha reiterado el pedido de 30 años de prisión para Keiko Fujimori, así mismo denunció actos obscenos de Guliana Boza y Humberto Abanto. El Fiscal Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori de dirigir y ser la principal beneficiaria de la organización criminal por lo que solicitó para ella penas de 15 años y 5 meses por organización criminal, 11 años y 4 meses por lavado de activos; 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia. Además, 2 años y 6 meses por delito de falsa declaración. La pena por los 3 primeros delitos se suma por lo que Keiko Fujimori recibiría una pena de 30 años y 10 meses de prisión, mas 15 años y 5 meses de inhabilitación para ejercer función política si es encontrada culpable. La cuarta pena no se suma, si no que queda incluida en la condena total. Keiko Fujimori señala que si Alberto Fujimori se lanza como candidato gana las elecciones presidenciales del 2026 y confía en su triunfo, ya que su padre le ha señalado que “quiere volver a la arena política” “si mi padre postula yo declino” (Keiko Fujimori)
Colocando en el escenario actual un distractor, hacia el restablecimiento de un orden conservador, siendo el Perú el país de la región que menos confía en su presidente, según el Barómetro de las Américas.
Es en este contexto, julio de 2024 que en el Congreso de la Republica mediante PL, pretende nuevamente modificar (por enésima vez) el nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. Ello resulta un despropósito además de impertinente dada la grave situación escrita líneas arriba en que el Perú vive un momento inédito y busca como enfrentar una salida democrática a la crisis en curso hoy que se reconfigura una dictadura y una restauración conservadora.