El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país a partir de una evaluación realizada por las agencias calificadoras de riesgo crediticio.

El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país a partir de una evaluación realizada por las agencias calificadoras de riesgo crediticio. La evaluación se realiza sobre la base de indicadores cuantitativos (indicadores macroeconómicos) y cualitativos (riesgo político e institucional). La evolución de Perú ha venido siendo favorable en términos macroeconómicos, por ello ha conseguido el grado de inversión de tres importantes clasificadoras como Standard & Poors, Fitch Ratings y Moody’s, lo que es celebrada con bombos y platillos por la derecha neoliberal.

Sin embargo, la calificadora Ernst & Young (EY), una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, acaba de publicar la Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2014-2015, donde recordó que si bien al Perú lo respaldan sólidos prospectos económicos, pasar de la actual categoría B a la A, implicaría cambios estructurales en la economía: mejoras en los indicadores sociales, institucionales, de diversificación de la economía, de competitividad y de ambiente de negocios.

Como explicó Erich Arispe, director principal de Fitch Ratings, esta agencia ya elevó la calificación del país en octubre a BBB+, el puesto previo al nivel A, y le otorgó perspectiva “estable”, pero no haría cambios por el momento porque considera que hay reformas que el país debe realizar para alcanzar esa nota. S&P también elevó la calificación a BBB+ con perspectiva estable en agosto. Y si bien Moody’s está considerando un alza para el Perú, es probable que sea al nivel Baa1. Al Perú, entonces, le faltaría un peldaño en las tres principales calificadoras para el nivel A. En la región, sólo Chile y México tienen este nivel, ¿qué le hace falta al Perú para alcanzar este sitial?

Instituciones sólidas

“Las reformas deberían concentrarse, en primer lugar, en mejorar la institucionalidad”, afirma William Lee, editor para América Latina del Economist Intelligence Unit (EIU). Estas reformas abarcan la eficiencia del sector público, la corrupción, los conflictos sociales, la predictibilidad del Poder Judicial, entre otras variables. La baja popularidad de las autoridades peruanas reflejada en las encuestas revela también un descontento con el Estado. 

Reformas estructurales y diversificación

Las reformas que otorgan una mayor sostenibilidad al desarrollo del país son bien consideradas por las calificadoras. Por ejemplo, una reforma educativa que asegure una fuerza laboral más calificada en el futuro, o una reforma en la burocracia y la regulación que incentive una mayor competitividad y un ambiente más propicio para los negocios. La estructura económica del país presenta riesgos. “El dominio de metales y materias primas en la canasta peruana de exportaciones, a pesar de haberse reducido en años recientes, deja a la economía y a la confianza empresarial vulnerables a las fluctuaciones en los precios mundiales de commodities”, señala EIU en su reporte sobre el Perú.

Mayores ingresos

Los ingresos de la población son indicadores importantes para las clasificadoras porque otorgan mayor holgura a la población para enfrentar coyunturas económicas difíciles y evitan que la economía se paralice. Al 2012, el PBI per cápita del Perú es de US$7,200; el de México, US$11,300; el de Chile –cuya calificación supera a la peruana en varios peldaños–, de US$16,000. Para seguir progresando en la calificación crediticia, se deben reducir estas brechas, sostiene Arispe de Fitch Ratings.

Estas recomendaciones coinciden con las propuestas que venimos haciendo en Otra Mirada. Cambios en términos de reformas estructurales, instituciones fuertes y diversificación de la economía, que tomarán tiempo ejecutar. Resulta urgente, entonces, emprender estas reformas de largo plazo que aseguren y mantengan el crecimiento económico.