Si uno busca la palabra “lawfare” en google lo primero que encontrará como sinónimo serán las siguientes categorías: “persecución judicial”, “instrumentalización de la justicia”, “judicialización de la política” o “guerra jurídica”; en absoluto rigor esas son las traducciones de esta palabra que desde hace algunos años resuena, sobre todo en ciertos países de América Latina. Sin embargo, el “lawfare” es más que eso, es una estrategia montada, donde lo judicial es solamente una pieza de un engranaje en el que conviven poderes como medios de comunicación, líderes de opinión, sectores de policías o militares muchas veces en retiro, entre otros. Todos unidos bajo un mismo objetivo: derrotar políticamente a un adversario bajo una fórmula que esquive la competencia electoral.

Esta estrategia se ha desplegado en América Latina exclusivamente para anular a actores políticos contra hegemónicos al neoliberalismo, el caso de Lula Da Silva, muy probablemente próximo presidente de Brasil, es uno de los más emblemáticos. Después de años de juicios y hostigamiento mediático, que previo a la justicia ya lo sentenciaba como corrupto, anularon todas las sentencias del líder brasilero. Por supuesto, no se anularon los casi 600 días de prisión que tuvo, ni el impedimento a postular a la presidencia en el 2018 cuando tenía, como hoy, muchas posibilidades de ganar. 

El “lawfare” tiene un guion repetido, por un lado, el juicio mediático que hace protagonista de la corrupción al político que este en la mira de esta estrategia, construyendo una narrativa repetida por los principales medios de comunicación. Y, por otro lado, el rol del ámbito judicial que diligentemente selecciona casos con celeridad, dictamina precipitadas prisiones preventivas, filtra supuestas pruebas, construyendo culpables a quienes todavía se les debe probar el delito. 

Hoy vivimos en Perú el mismo guion, pero bajo el contexto de un golpe de Estado lento y permanente que desde el Congreso de la República ha intentado la vacancia presidencial y, más recientemente, la inhabilitación por infracción constitucional para destituir al presidente Castillo, con ninguna fórmula han tenido éxito, lo que les queda es la vía judicial, el juicio político para torcer la voluntad popular. Prueba de ello es que hace unos momentos el ex abogado del presidente califica lo que está sucediendo como el peor linchamiento político de la historia del país. Y si bien ni Lula es Castillo, ni Perú es Brasil, la estrategia es la misma.

El “lawfare” a la peruana inéditamente, además, se maneja con lo que es permanentemente la táctica de la élite política hacia quienes piensan distinto: el terruqueo. No podemos olvidar que, en la campaña electoral y los primeros meses de gobierno, todo el ataque era sobre supuestas vinculaciones de Castillo con el terrorismo. El presidente Castillo antes de ser el “corrupto”, fue el “terruco”. Esto se repite una y otra vez con líderes sociales o militantes de fuerzas de izquierdas. La que escribe, hoy mismo, tiene en curso una querella contra un periodista que dedicó sendas líneas a terruquearme.

Este “lawfare” se da en medio de una crisis estructural, de un agotamiento absoluto del sistema político, quienes lo llevan a cabo pretenden una salida autoritaria y dictatorial, son los de la mano dura, pero con el pueblo. Quienes creemos que solo renovando radicalmente las reglas de juego podremos salir de la crisis, debemos firmemente y en unidad cerrar filas al golpismo, exigir investigación, pero sin prestarnos al golpe de Estado, y disputar una salida constituyente desde abajo. Se debe y se puede.