La aguda inestabilidad que padece el gobierno de Pedro Castillo: cuatro gabinetes en menos de 7 meses de gestión, no hace sino evidenciar las debilidades del sistema político peruano, de las elites políticas y la institucionalidad, en resumen, de la precaria democracia peruana.

Todo lo cual no debe llevar a soslayar las cuestiones de fondo del presente desbarajuste. El fracaso del actual modelo neoliberal sustentado en la fraudulenta y mafiosa constitución de 1993, construida sobre los escombros de la política que dejó el terrorismo senderista y la guerra sucia fujimorista entre los años 80 y 90 del siglo pasado.

La constitución de 1993 consagra la contrarreforma de los avances de las reformas velasquistas, consagrados en la constitución de 1979, que instituye los sustantivos logros en la construcción de la democracia y la cohesión nacional. No otra cosa significa la eliminación de la servidumbre y el gamonalismo semifeudal, el reparto de la tierra a los campesinos y su conversión en protociudadanos. Igual, el reconocimiento del quechua como idioma oficial y la Ley de comunidades nativas. Todo este avance en construcción de democracia, ciudadanía y nación, modernidad, en suma, es lo que se revirtió en buena parte con la constitución fujimorista del 93.

La derrota de las fuerzas democráticas y el Férreo control dictatorial de los poderes del estado y el alineamiento de los medios de prensa, contribuyeron a generar un escenario de bonanza y prosperidad sustentado en un crecimiento económico real, pero limitado y lejos del peruano de a pie. Esta borrachera de éxito despertó a la realidad con la pandemia que desnudó las miserias y falacias de un modelo que enriqueció a los más ricos mientras mantuvo en la pobreza a los más pobres.

Evidenció de modo fragante y cruel la verdadera naturaleza de un régimen político que era incapaz de garantizar la protección social y la reproducción de la sociedad.

Esta incapacidad del régimen vigente, no advertida ni encarada por el actual gobierno de Castillo, es lo que alimenta su inestabilidad y desgobierno, y pone la lupa en las falencias de una gestión que lo están llevando al despeñadero de la vacancia.

Esta crisis de régimen es uno de esos fenómenos socio-políticos que permanecen larvados y fuera de agenda por décadas, que cobran actualidad de manera imprevista y urgente.

Es lo que la pandemia y el triunfo electoral de Perú Libre y Pedro Castillo producen con su llegada al gobierno. Se transforma en la fuerza catalizadora y debelan una realidad desastrosa, escondida por imágenes de eficacia y control mediático.

Logran este triunfo inesperado levantando las banderas del cambio constitucional, que adquiere legitimidad con el flagrante fracaso del modelo neoliberal vigente incólume por 28 años. La muerte de más de 200 mil peruanos, el desempleo y el hambre que se abaten sobre miles de familias y el colapso del sistema sanitario en medio de la corrupción y la indolencia del gobierno, llenaron de indignación y verdad la conciencia de la gran mayoría de peruanos. Que votaron contra este desastre, votaron por el cambio.

A esta situación se debe el triunfo y gobierno Pedro Castillo

1.  El cambio de la actual constitución es un compromiso ineludible, una tarea irrenunciable. Así lo entienden los peruanos de a pie.

No se trata de adecuar el actual estado fundado en 1821 a los requerimientos del sistema mundial neoliberal.

Se trata de refundar el Estado Nación, de construir otro Estado. Porque la diversidad cultural, que en nuestro país debe entenderse como pluriculturalidad, no se resuelve mediante llamados a la tolerancia y aceptación de las diferencias o con campañas contra la exclusión.  Es el estado actual que con su carácter criollo-colonial excluyó a las mayorías indígenas; su esencia y razón de ser es su colonialidad euro-céntrica y en tanto tal, opuesto a la diversidad y heterogeneidad de la sociedad peruana; en otras palabras, es incapaz de recoger la pluralidad cultural, rasgo central de un estado nacional verdaderamente democrático. Por eso, es que su transformación es necesaria, imprescindible.

Somos un país en el que convivimos pueblos con idiomas, costumbres y tradiciones diferentes de una rica diversidad cultural y no tienen expresión en el Estado monocultural, que tenemos en la actualidad. Un estado que histórica y sistemáticamente ha excluido a los otros pueblos (quechuas, aymaras, asháninkas, awajun y otros).

El reconocimiento del carácter pluricultural de nuestra sociedad tiene su expresión política en un Estado pluricultural e intercultural. Es el gran reto. Un organismo de esta naturaleza se convierte en representante de nuestra comunidad nacional heterogénea, en tanto que los intereses fundamentales de los diversos pueblos estén recogidos y representados de manera efectiva en esta nueva entidad jurídica y política.

Significa que la constitución, leyes, políticas públicas, elite gobernante y burocracia se fundamentan en estos intereses, los encarnan y expresan cotidianamente.

Estas transformaciones deberán traducirse en el reconocimiento oficial y vigencia efectiva de los diferentes idiomas, en la administración de justicia, en la educación, salud, alimentación etc.

Llevar adelante transformaciones de esta envergadura es un verdadero Pachakuti, una subversión raigal del orden establecido hace casi 500 años que se ve reforzado con el estado que se organiza con la independencia de España y la constitución de 1993.