La pelota no se mancha 

La demanda de Odebrecht ante el CIADI (organismo adscrito al Banco Mundial) por US$ 1,200 millones debido a un supuesto incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones vuelve a poner todos los reflectores sobre el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Recordemos que el Consorcio GSP estaba constituido por Odebrecht, 50%; Enagás, 25% y Graña y Montero, 20%.

En enero del 2017 caducó la concesión porque el consorcio GSP no logró obtener el “cierre financiero”, es decir, no lograron obtener de los bancos internacionales los préstamos para financiar su construcción. Sin embargo, desde junio del 2014, fecha en que se firmó el contrato, el consorcio GSP afirma haber invertido más de US$ 1,500 millones, sobre todo, en las tuberías del gasoducto.

Esa es la madre del cordero. Odebrecht, Enagas y GyM quieren recuperar el dinero invertido. Según el contrato de concesión, esa inversión les sería devuelta cuando el gasoducto se vuelva a licitar; en ese momento, el nuevo inversionista pagaría por los tubos comprados por el Consorcio GSP y, de esa manera, ellos recuperarían su inversión. 

Pero sucede que, hasta el día de hoy, el gobierno no ha procedido a valorizar los tubos ni, menos aún, a convocar a una nueva licitación. Mientras tanto, la empresa Estudios Técnicos SAS está “cuidando” los tubos, lo que nos cuesta la friolera de US$ 48 millones anuales. Si consideramos el II Semestre del 2017, todo el 2018, 2019, el 2020, y el 2021 habremos pagado US$ 216 millones sin saber bien para qué. Increíble.
 
¿Por qué? Porque el gobierno hasta ahora no explicita su estrategia legal. No es transparente. Al público lo ha querido mecer diciéndole que “ya sale” el informe de la consultora inglesa Mott McDonald. Y que la nueva licitación está a la vuelta de la esquina. A nosotros “cree” que nos puede mecer (1). Pero Odebrecht, Enagas y GyM tienen US$ 1,500 millones enterrados en los tubos. Ellos no van a quererse dejar mecer. Veremos esto en detalle más adelante.

Tocaremos varios temas en este artículo. En el más importante, que desarrollamos en la parte final, decimos que, más allá de las acusaciones de corrupción y de la demanda de Odebrecht ante el CIADI, el proyecto del GSP es un proyecto técnicamente viable, que cuenta con reservas de gas y, también, con la demanda correspondiente, incluida la petroquímica. Afirmamos que se pueden aislar (“encapsular”) los temas de corrupción y de litigio en el CIADl y proceder, ya, a una nueva licitación, que comprenda un proyecto integral: oferta, transporte y demanda. 

¿Perú gana siempre en el CIADI?

Vamos entonces primero a los otros temas. En uno de ellos se dice que el Estado peruano ha ganado buena parte de los litigios que ha tenido en el CIADI en los últimos años. Cierto. Pero eso no establece una tendencia, ni mucho menos. Cada uno de los casos en litigio tiene sus propios argumentos, a favor y en contra. 

La cuestión central es que el mecanismo de resolución de disputas (por ejemplo, en el CIADI) entre el Estado y un inversionista extranjero, previsto en los Tratados de Libre Comercio y en los Tratados Bilaterales de Inversión (en este caso, en el Tratado Bilateral con Luxemburgo, que es la sede “oficial” de Odebrecht) constituyen una instancia que “bypassea” las instancias judiciales nacionales. 

¿Por qué? Porque muchos inversionistas afirman no tener una garantía de imparcialidad en los tribunales nacionales de países en desarrollo. Esto ha sido cuestionado por muchos países, incluido EEUU. En efecto, en el nuevo Tratado de Libre Comercio de EEUU con México y Canadá, ese mecanismo –que existía en el anterior TLCAN- se ha eliminado con Canadá. Y en el caso de México, se le han puesto fuertes restricciones. 

El hecho central acá es que, si bien hay pérdida de soberanía, si es que no hay una reforma en serio de nuestro Poder Judicial (¿alguien pude confiar en los hermanitos y los “Cuellos Blancos”?), los arbitrajes internacionales van a continuar.

Odebrecht mintió desde el inicio 

En enero del 2017 caducó el contrato debido a que el Consorcio GSP no logró obtener el “cierre financiero”, es decir, no lograron obtener de los bancos internacionales los préstamos para financiar la construcción del GSP. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2016 Odebrecht confesó ante el Juez Raymond Dearie del Estado de Nueva York que había sobornado a funcionarios de diversos países para ejecutar diferentes obras. Entre esos países estaban Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En esa Confesión Sincera (“Plea Agreement”), Odebrecht reconoció haber sobornado cuatro obras en Perú. En dos actuó como único ejecutor (Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), mientras que en el Metro de Lima formó un consorcio con GyM y en IIRSA Sur el consorcio CONIRSA estuvo formado por Odebrecht, GyM, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. En ningún momento Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por el GSP, que se licitó en junio del 2014. 

Sin embargo, poco a poco se descubrió que Odebrecht mentía y que había más obras con coimas, lo que fue seguido con acuciosidad por César Azabche (2). Una de las revelaciones más importantes se produjo en julio del 2019, cuando el periodista ecuatoriano Andersson Boscan reveló que se habían descubierto documentos sobre sobornos a otros proyectos en el Perú: H2Olmos, Vías Nuevas de Lima, Chavimochic y, lo más importante, el Gasoducto Sur Peruano. Incluso se revelaban los codinomes de aquellos que habían recibido sobornos en el caso GSP. “Magali” era el abogado Miguel Ronceros; “French” era Johnny Brignardello; el abogado Luis Pizarro era “Princesa”. Y así. 

Por tanto, a Odebrecht no le quedó otra más que admitir haber efectuado las coimas en el caso GSP. Pero, ojo, Odebrecht ha admitido coimas a privados pero, hasta el día de hoy, no ha admitido coimas a funcionarios públicos. 

Dicho esto, el Fiscal Rafael Vela ha dicho en varias oportunidades –y lo ha reiterado hace poco- que Odebrecht ha reconocido su culpabilidad en el caso GSP (después de las revelaciones de Boscan), lo que consta en un Acta que está en su poder, pero que no se ha dado a conocer públicamente. Dice Vela que van a estudiar el contenido de la demanda de Odebrecht ante el CIADI para contrastarla con el Acta de culpabilidad: 

“Afirmó Vela que: “si la posición de la constructora ante el CIADI contraviene su reconocimiento de culpabilidad por el GSP, la compañía y sus ejecutivos serán incorporados inmediatamente en la investigación. A partir de ello, si no han asumido culpabilidad, nosotros podemos transmitir esa información a los encargados de defender los intereses del Estado” (La República, 05/02/2020).

La posición del gobierno ante el CIADI

Esas son, entonces, algunos de los elementos que se van a discutir en el CIADI. Y es importante saber que la defensa del Estado peruano en esa instancia no la lleva la fiscalía sino un organismo del MEF, llamado Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI). 

No solo eso. Desde mediados del 2018, Enagas ha comenzó un arbitraje contra el Perú en el CIADI por un total de US$ 511 millones pues reclama la devolución de la inversión realizada en el proyecto. Según Semana Económica: “Para Enagás, la inversión debería ser reconocida por el Estado de acuerdo con la cláusula 20 del contrato de concesión, el cual regula cómo se realizará el procedimiento para la valorización de los bienes al término de la concesión” (SE, 28/07/2018). 

Pero, sucede que: “el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sostiene que la cláusula 20 no es aplicable porque el Estado no resolvió el contrato de un proyecto en operación. “La resolución del contrato se dio antes de la Puesta en Operación Comercial del proyecto, situación no contemplada en la cláusula”, explicó el MEM en noviembre del 2017” (ídem). 

Seguramente por eso es que el gobierno no negocia nada con Enagas. Y tampoco lo hace con Odebrecht. Y no olvidemos que hace menos de dos semanas, GyM también demandó al Estado ante el CIADI por el caso GSP, demanda que retiró pocos días después. 

Es aquí que nos preguntamos: ¿es correcta la estrategia del gobierno de no negociar nada porque, supuestamente, el contrato nunca se consumó, en la medida que no hubo cierre financiero? No lo sabemos. Son los abogados los llamados a discutir esta estrategia. Y los señores del SICRECI deben saber que eso no es un secreto sino una obligación ante la ciudadanía, que está indignada por el hecho que una empresa corrupta nos esté demandando por US$ 1,200 millones ante el CIADI. 

El gasoducto no se mancha: la orden vino de París

Una de las mayores “pruebas” de que el GSP sería un gasoducto sobrevalorado y técnicamente inviable es que el monto de inversión subió desde US$ 1,300 millones en el 2008 (cuando, desde el 2008, el proyecto era propiedad de Kuntur) hasta US$ 7,400 millones cuando se licitó en el 2014. Pero las cifras no resisten comparación. La cifra de Kuntur del 2008 se dio sin ningún estudio de ingeniería (solo hubo ingeniería conceptual, de escritorio) y con diámetros de tubería más pequeños que los licitados en el 2014. 

El tubo de Kuntur del 2008 fue evaluado por la empresa Gulf a mediados del 2012, en un estudio encargado por Petroperú, financiado por la CAF. La Gulf dijo que la ingeniería era de Clase 4 (la Clase 1 es la mejor, tiene ingeniería de detalle; la Clase 5 solo tiene ingeniería conceptual) y su costo alcanzaría los US$ 4,800 millones (con variaciones de 20 a 30% para arriba o para abajo). Un proyecto así no es bancable, pues los bancos no aceptan oscilaciones tan grandes (3). 

Agreguemos que a los 4,300 a 4,500 millones que costaba el tubo, la licitación del 2014 le añadió el costo de la operación y mantenimiento en los siguientes 30 años. Es por eso que el monto de la inversión sube hasta US$ 7,300 millones. Esto no se le ha explicado a la ciudadanía con la suficiente claridad. Y, claro, cuando se escucha que el proyecto subió de 1,300 a 7,300 millones, lo primero que se piensa es: HABEMUS COIMA. 

La segunda “prueba”: se dice que hubo un solo postor en la licitación de junio del 2014 pues desde el gobierno se maniobró para sacar, con maniobras ilegales, de la licitación al segundo postor, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS) conformado por 4 empresas, con participación de 25% cada uno: Sempra, Suez de Francia, Techint de Argentina, Sempra de EEUU y TGI de Colombia. 

Esto es falso. GDF Suez bajó su participación de 25 a 2% solo 4 días antes de la licitación, lo que llevó a la descalificación de todo el consorcio GPS. Si Suez no se hubiera bajado, GPS hubiera sido el segundo postor. Veamos esto más de cerca. 

El lunes 30 de junio del 2014 se debían abrir los sobres con las ofertas de los dos postores: GPS (Sempra, Techint, GDF Suez y TGI) y GSP (Odebrecht, Enagas, GyM).

El jueves 26 de junio Suez informa a Proinversión que ha decidido bajar su participación en GPS del 25 al 2% (dos por ciento). Proinversión consideró que esta reducción iba en contra de las bases del concurso y era motivo para descalificar a GPS. Así lo hizo. El lunes 30 Proinversión solo aceptó la propuesta del consorcio Odebrecht/Enagás. 

Es por eso que hubo “un solo postor”. Más allá de la discusión sobre si fue válido o no que Proinversión descalifique a GPS, la pregunta a responder es: ¿por qué se bajó Suez al 2% solo cuatro días antes de la apertura de los sobres? Y la repregunta es: si Suez no se hubiera bajado, entonces habría habido dos postores que batallaban, competían, por un proyecto que consideraban muy importante. 

Durante 5 años la respuesta a esa pregunta fue objeto de múltiples especulaciones. Pero ahora se sabe qué sucedió, de acuerdo a la manifestación de Manlio Alessi (ejecutivo de Suez en Lima) al Equipo Especial Lava Jato en noviembre pasado y que ha sido ampliamente detallada por “Hildebrandt en sus trece” (4). 

Dice Alessi que la orden provino del Presidente de Suez en París, Gerard Mestrallet, debido a que el 20 de junio se frustró la fusión que pretendían realizar los dos consorcios: “los motivos para fusionar los dos consorcios era, por parte de Suez, que el consorcio Odebrecht y Enagas tenían el Estudio de Impacto Ambiental, tenían ingeniería de detalle del proyecto y tenían un precio de la construcción, cosa que nuestro consorcio no lo tenía” (“Coima confesada, Hildebrandt en sus Trece”). 

Todo eso que tenía el consorcio GSP venía del proyecto Kuntur, que se frustró en julio del 2012. Y eso inclinaba la cancha a favor del consorcio GSP y contra el consorcio GPS.

Agrega Alessi que Suez, desde que se constituyó el consorcio, puso como condición sine qua non la obtención de esa información para poder ofertar en la licitación. Como no la obtuvo, porque la ansiada fusión entre los dos consorcios no llegó a un final feliz, Suez comunicó a sus socios del GP que no estaba en capacidad de ofertar. Después de varios “tira y afloja”, el 26 de junio el Presidente de Suez, Mestrallet, desde París, decide que Suez baje al 2% y que ya no incurriría en ningún gasto adicional. 

O sea que la “bajada” de Suez motivó que haya un solo consorcio. Pero en esto la fiscalía no da pie con bola pues dice que el problema es que Proinversión descalifica al consorcio GPS para favorecer al consorcio GSP. Nada que ver. Es Suez quien descalifica a GPS.

Conclusiones

La primera: es una vergüenza que Odebrecht lleve al Perú al CIADI. No sé si los fiscales son responsables o el gobierno. O los dos. Sea lo que fuere, esto obliga a una revisión de la estrategia seguida. Pero de ninguna manera debemos dejar que esto afecte el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht.

La segunda es que, sobre la base del ACE, la lucha contra la corrupción debe seguir. En el caso del GSP no sabemos si la corrupción es solo privada o si también involucra, como dicen los fiscales, a Ollanta Humala, Nadine Heredia y funcionarios públicos. Lo que sí sabemos es que si hubo un solo postor fue porque Mestrallet de Suez, en París, decidió bajarse. 

También sabemos que el consorcio GSP tuvo la “cancha inclinada” en favor de ellos, porque seguían teniendo en su poder el EIA de Kuntur. Ese EIA lo debió haber comprado el gobierno y ponerlo sobre la mesa para que el ganador haga uso de él y no se demore un año y medio en hacer otro EIA. Nuestra posición: que la investigación siga hasta el final.

Tercero, queda demostrado que el proyecto del GSP es un buen proyecto. Lo prueba el hecho que hubo dos competidores hasta el final. Que se puede modificar, se puede. Uno de los temas a modificar es la tasa de interés del 12%, que es altísima y convierte al proyecto en un negocio financiero. 

Cuarto, el gobierno debe explicitar su posición legal. Transparencia ya. Se deben valorizar los tubos y proceder a poner en marcha un proyecto integral.

Quinto, paradoxalmente, pareciera que la demanda de Odebrecht va a posibilitar que el proyecto se licite más rápidamente aunque, repetimos, no debe ser licitado solo como gasoducto, sino como un proyecto integral: oferta, transporte u demanda (5). El gobierno ya lo había pateado hasta el II Semestre del 2021 (ver gráfico), pero esa mecida ya no es posible.

Gráfico Proinversión Febrero 2021
Se puede apreciar que el proyecto SITGAS, nuevo nombre para el Gasoducto Sur Peruano, está programado por Proinversión para el II Semestre del 2021.

Sexto, lo que nos falta en este artículo es analizar diversas alternativas para poder salir adelante en la consecución del proyecto, lo que dejamos para una próxima entrega. Además, falta ir la economía política que está detrás de todo esto: quienes son los que se benefician con la paralización de la construcción del GSP. Los primeros a beneficiarse son los productores de energía con centrales hidroeléctricas y de gas natural. ¿Por qué? Porque si el gasoducto no llega al sur del Perú, entonces las tarifas eléctricas van a aumentar de precio pues se las centrales del nodo energético del Sur en Ilo y Mollendo, que fueron construidas para ser alimentadas con gas natural proveniente del gasoducto de Camisea, van a tener que producir con diésel, que es más caro. Eso es lo que no se dice. ¿Qué dice el Ministro Liu? ¿Qué dice el Presidente Vizcarra? Volveremos sobre el tema.

Finalmente, este es un tema de interés nacional que cobrará gran interés en este nuevo Congreso y, sobretodo, en las próximas elecciones presidenciales. El sur peruano necesita la energía barata del gas de Camisea para sus hogares y, además, para ser competitivo y lograr que sus empresarios no tengan que irse a Lima donde la energía es más barata. Y para tener petroquímica para la diversificación productiva.

El gasoducto no se mancha, si bien puede haber mucha corrupción a su alrededor. Eso es lo que nos quieren hacer creer los enemigos de los pueblos del Sur. A ellos hay que derrotarlos. La pelota no se mancha, dijo Maradona, a pesar incluso de sus propios problemas. El gasoducto sur peruano tampoco se mancha, a pesar de los problemas a su alrededor. 

El gasoducto sur peruano debe ser y será una realidad. No pasarán. Proyecto integral de gas natural para el Sur Andino, ya. 

(1) Ver: Humberto Campodónico, “Gasoducto: ¿Nos mecerán hasta el 2021?”, 20/02/2019. http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2777

(2) Ver blog de César Azabache, http://cesarazabache.blogspot.com/

(3) Es importante recalcar que, si bien, el proyecto no era bancable, la posición del ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, era que el gobierno no podía darle un crédito puente de US$ 1,200 millones a una iniciativa privada, que no había pasado por licitación alguna, que era lo que pretendía Odebrecht. Esto era inaceptable, aún si el proyecto hubiera sido bancable. Debo decir que, desde la presidencia de Petroperú, soy un testigo directo de la oposición del ministro Castilla al crédito puente que, en el 2012, pedía Odebrecht/Kuntur al gobierno peruano. Y que apoyo esa oposición. 

(4) Ver “Coima confesada”, en Hildebrandt en sus Trece, 13/12/2019. 

(5) Hay reservas para el gasoducto del sur, 31/05/2017 http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2674