La denominada “Coordinadora para el desarrollo de Loreto” (CDL), integrada por políticos y empresarios fujimoristas, apristas y de otras tiendas de la ultraderecha política y económica acaban de declarar una guerra a muerte a los pueblos indígenas andino-amazónicos y, en particular, a los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), cuya existencia niegan a rajatabla y exigen  la derogatoria de la Ley 28736 que los protege y la extinción de las Reservas Territoriales de los PIACI, verdaderos bancos genéticos que  los angurrientos extractivistas de la CDL miran con golosa  ambición.

El objetivo de esta campaña racista y antiindígena no deja lugar a dudas: en dos de estas Reservas Territoriales, Yavarí-Tapiche y Yavarí-Mirím que, de acuerdo a la Ley 29763 son intangibles, el Gobierno Regional de Loreto (G0REL), ha otorgado ilegalmente 47 concesiones forestales. 

La pandemia del odio, del racismo, la xenofobia y el supremacismo están creciendo con la misma velocidad con que crecen su caldo de cultivo, la ultraderecha y el extractivismo en el mundo, pero principalmente en Europa, EE.UU. y América Latina. El Perú no escapa a ésta y las otras pandemias, la del racismo antiindígena, el odio, el coronavirus y el cambio climático.

Las cinco últimas  masacres ocurridas en EE.UU., la muerte de 10 ciudadanos afroamericanos en Búffalo, Nueva York, el 14 de mayo, la masacre de 21 personas, 19 de ellas niños de una escuela elemental en Uvalde, en Texas, el 24 de mayo, y la balacera ocurrida el 1 de este mes de junio, en un hospital de Tulsa, Oklahoma, con 4 muertos, otro tiroteo en Filadelfia, con 3 muertos y 12 heridos y los asesinatos del  5 de este mes en Chattanooga, Tennessee, con 2 muertos y 21 heridos graves, es una trágica señal de que la cruel pandemia de la violencia no se detiene. EE.UU. es una de las sociedades más violentas del mundo. Deb Haaland, la primera mujer indígena que integra el gabinete del presidente Joe Biden, acaba de denunciar solo un capítulo de esta violencia: la muerte de 500 niños indígenas en internados que eran como prisiones y donde los niños eran rehenes a cambio de la ocupación de las tierras indígenas y como parte del proceso de asimilación. Estos internados-prisiones existieron entre 1819 y 1969. Los periodistas Amy Goodman y Denis Moyhihan, en una reciente investigación señalan que entre 1777 y 1868 se firmaron 368 tratados en los que el gobierno de EE.UU. se compromete a respetar los derechos territoriales y otros derechos de los pueblos originarios. Ninguno fue cumplido.

Solo entre 1 de enero al 24 de mayo del año 2022 han ocurrido 212 tiroteos. Una de las causas, además del racismo y el discurso de odio que Donald Trump, el ícono de la ultraderecha, llevó al límite, es la venta libre de armas que la Constitución permite y que, como un mantra sagrado, nadie lo puede cambiar. Porque los fabricantes de armas, entre ellas la Asociación Nacional del Rifle, es un poderoso lobby que financia las campañas políticas sobre todo de los políticos republicanos de ultraderecha. Los senadores republicanos de origen hispano, Ted Cruz y Marco Rubio son los clientes privilegiados de este lobby. En EE.UU. un joven de 18 años no puede comprar una botella de cerveza, porque la ley se lo prohíbe. Pero puede comprar un arma de guerra como si fuera un juguete navideño. Por eso resulta cínico e hipócrita ver a los políticos, entre ellos al gobernador de Texas, Greg Abbot y a otros políticos republicanos elevando oraciones al cielo y derramando lágrimas de cocodrilo por los 18 niños asesinados. 

Mientras que el discurso de odio y racista en EE.UU., una nación de origen esclavista apunta contra los afrodescendientes, los hispanos, los asiáticos y también los “nativos americanos”, como se les denomina oficialmente a los indígenas, en el Perú el racismo, la discriminación, la exclusión y la marginalización están contra los pueblos indígenas andino-amazónicos. Las pruebas y señales están a la vista. El 2 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional, capturado por la ultraderecha política y económica, emitió la sentencia No. 03066-2019-PA/TC en la que sostiene que la Consulta Previa no es un derecho fundamental y que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene rango constitucional. El fallo, calificado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP) como “un acto de racismo traducido en leyes”, pone al borde de la extinción los derechos básicos establecidos en el Convenio 169 como tierra y territorio, consentimiento, libre determinación, educación, salud intercultural, entre otros derechos. “A 200 años de la República, es indignante que el máximo intérprete de la Constitución persista en pronunciamientos que solo visibilizan el racismo contra los pueblos indígenas”, agrega AIDESEP, la mayor y más representativa organización indígena de la Amazonía Peruana.

Los que firmaron esta sentencia que pasará a la historia como un acto de ignominioso racismo y que los pueblos indígenas no olvidarán jamás, fueron los guardias pretorianos y cancerberos de la ultraderecha: los magistrados Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini. 

La otra decisión racista y antiindígena ha sido promovida por el propio Ministerio de Educación contra la educación intercultural bilingüe (EIB) al disponer que las plazas de maestros de las escuelas amazónicas con alumnado indígena sean ocupadas por profesores o profesoras no indígenas y monolingües. Esta política antiindígena es implementada por las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) que gestionan las EIB en territorios indígenas. Solo basta una orden verbal del ministro Rosendo Serna al director general de Educación. Solo un ejemplo: la UGEL de Nauta (Loreto), ha contratado 20 profesores monolingües e hispanohablantes para las instituciones educativas de inicial y primaria de las CCNN del distrito de Urarinas, en Loreto. Esta absurda medida racista y excluyente es absolutamente inaceptable en un país con 55 pueblos indígenas, cuatro de ellos andinos: Aymara, quechua, Jacaru y Uro y 51 pueblos indígenas amazónicos. En consecuencia, la construcción de un país, un estado y una sociedad intercultural es todavía una agenda pendiente y que el Perú, como Nación, sigue siendo multiétnica, multicultural y multilingüe, con un Estado monocultural de origen colonial y, por lo tanto, es imprescindible e irreversible iniciar un proceso de reforma de este Estado y una refundación de la Nación Peruana.