En los últimos días la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, aprobó una extraña acusación contra el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi. La denuncia implica también al Doctor José Ugaz y resulta sospechoso que esta se apruebe luego de que ambos han denunciado el caso de los Petro-audios.
 
La acusación se basa en el artículo 126 de la Constitución, que impide a los ministros ser gestores de intereses propios o de terceros y ejercer actividad lucrativa. Revisemos los hechos. En su primera gestión, en el año 2002, el ex Ministro firmó un convenio con la institución Pro Ética para un programa de prevención contra la corrupción con motivo de la compra de telas para los uniformes de la Policía Nacional. Pro Ética recomendó que se hicieran talleres de ética y se contrataran técnicos para supervisar licitaciones, por ello el Ministerio del Interior pidió al PNUD el monto que cubriera estos gastos y así se hizo. Como se sabe, todo el dinero proveniente del PNUD es debidamente auditado y fiscalizado, y nunca hubo ninguna observación al respecto. Además, tal como ha señalado Rospigliosi, no se realizó entrega de dinero a los implicados, ni a él, ni a Pro Ética, ni a Ugaz.
 
Con 16 votos a favor (APRA, Fujimorismo y Nacionalismo), 7 en contra (Unidad Nacional) y 3 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó la acusación tras un largo debate. Quienes se opusieron señalaron que la denuncia no tiene fundamentos porque, además de lo que ya se ha señalado, los referidos hechos se dieron en la primera gestión de Rospigliosi, que terminó en junio del 2002, con lo cual a la fecha ya pasaron 7 años, y una acusación constitucional contra un ex Ministro solo puede darse en el lapso de 5 años. Pero la “astucia” de los acusadores señala que como Rospigliosi fue Ministro nuevamente en el año 2003, y la acusación se aprobó en el 2008, esta debe pasar ahora a ser discutida por el Pleno del Congreso.
 
Más allá de estas “leguleyadas” y de que el plazo para acusar ya caducó, queda claro que esta denuncia carece de sustento, con lo cual nos encontramos frente a un caso de represalia política. De aprobarse esta acusación en el Pleno, Fernando Rospigliosi quedaría inhabilitado por 5 años para ejercer algún cargo público, y así, por este lapso, fuera de la carrera política.