Han sido dos semanas movidas en la política española. Dos semanas en que desde las tertulias televisivas, pero también los espacios institucionales y la interna de las formaciones políticas ha habido nuevos movimientos casi telúricos para algunos, y aplaudibles para otros. El gatillador de esta sucesión de movimientos y temblores fue la firma, en Moncloa, de un acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE). De un lado Pedro Sánchez, presidente del gobierno, del otro, Pablo Iglesias, líder de Podemos, una formación que, al igual que la que está en el gobierno, lleva detrás a cinco millones de votantes. La derecha empezó a rasgarse las vestiduras y, por supuesto, a organizar su propia estrategia de respuesta.

Las derechas neutralizadas (muy) momentáneamente

Nunca a la derecha se le ha hecho tan difícil responder a las fuerzas progresistas. Una cosa era apostar, junto con los parlantes mediáticos de la derecha, por tumbarse a uno o cuatro ministros por las razones que fueran, y otra decir sin ningún tapujo que se oponían al aumento del salario mínimo. Una cosa era apostar por exacerbar la lucha contra la memoria histórica apelando al electorado más reaccionario que aún es nostálgico de la dictadura franquista y otra es oponerse a medidas que permitan a los Ayuntamientos (alcaldías) regular la subida del precio alquiler en medio de una burbuja del alquiler en las principales ciudades de España. Una cosa es actuar de remedo de Salvini y Le Pen poniendo por delante medidas que contravienen los derechos y libertades de los y las migrantes, y otra es oponerse a la subida de las pensiones en un contexto en que los y las pensionistas han sido la marea de movilizaciones más regular y fuerte en el país y que ha logrado, entre otras cosas, movilizar a las fuerzas políticas a aliarse en una moción de censura que terminó con la destitución de Mariano Rajoy. La derecha está, lo admita más o menos, en una nueva encrucijada.

Hemos señalado, en un artículo anterior, las particularidades de las derechas españolas. Unas derechas que, a diferencia de las que protagonizan sus crecimientos en Europa, no apuestan por un discurso contra la Troika ni por el orden establecido desde Bruselas. Las derechas españolas encuentran en el conflicto catalán su otro constituyente y su gasolina. Encuentran aquí dentro la pulsión que les permita incentivar los discursos de odio y de discriminación. Pero justo por esta diferencia con respecto a otras derechas, hoy, frente al acuerdo de los PGE entre fuerzas progresistas, se encuentran en la necesidad y disyuntiva de desprestigiar el acuerdo en función de los actores antes que de las propuestas. Guste más o guste menos, las medidas alcanzadas en el acuerdo gozan de una aceptación popular tremenda. Esto no va tanto de las siglas que firman el acuerdo (PSOE y Podemos), sino sobre todo de la percepción de resolución a problemas concretos que atraviesa la sociedad española en sus cotidianidades: la subida histórica del SMI a 900 euros, la implementación concreta de medidas contra la violencia machista como la Ley Integral contra las violencias con partida presupuestaria concreta, la revalorización de las pensiones al índice de precios al consumidor, las medidas que pongan freno al crecimiento de la burbuja del alquiler y que dan oxígeno a los inquilinos antes que a las inmobiliarias, la bajada del IVA (el impuesto que pagamos los consumidores) a los productos de primera necesidad incluida una disminución del 10% al 4% en productos femeninos, el freno a la subida de impuestos a los autónomos, etc. No hay quien no se sienta representado en estas medidas vote a las izquierdas o a las derechas. He ahí la primera y principal victoria de este acuerdo presupuestal.

Esto ha impedido a las derechas salir airosas con su oposición al acuerdo. El ridículo de Albert Rivera diciendo que la clase media trabajadora se vería afectada por el acuerdo lo llevó a hacer de hazmerréir en las redes sociales durante más de 24 horas, la oposición de Pablo Casado, líder del Partido Popular, a la subida del salario mínimo, lo ha puesto en portadas como el defensor y guardián de los privilegios de unos pocos y del ahogamiento económico de las mayorías. Pero, como señalo líneas arriba, las derechas se mantienen neutralizadas sólo momentáneamente. Esto ya lo conocemos.

Lo que se viene

La labor ahora es otra. En primer lugar, es necesario que los PGE sean aprobados, para lo cual es indispensable contar con los votos de las fuerzas políticas que lograron formar una mayoría en la moción de censura que permitió echar al Rajoy y al Partido Popular de las instituciones. Esa mayoría que necesita ser cuidada, todavía no está garantizada. En parte porque las fuerzas catalanas no están dispuestas a firmar un acuerdo del PSOE que mantiene encarcelados a líderes independentistas, en mi opinión, de manera injusta. Sin embargo, bastaría un gesto político, por mínimo que fuera, de cara a las fuerzas catalanas que permitiera que ERC y el PdeCat, con representación en el Congreso de los Diputados estatal, diera su voto a favor de estos presupuestos. Está claro que las medidas acordadas no son el problema, sino el contexto político en que tendrán que prestar sus votos.

Sin embargo, esto no será posible si el Gobierno no cumple con su parte. Es responsabilidad del gobierno buscar los apoyos y, al igual que en la suma de votos para la moción de censura, es antes Podemos, a través de Pablo Iglesias, quien lidera las conversaciones y los diálogos. Iglesias ha conversado ya con el líder de la fuerza catalana Esquerra Republicana en la cárcel de Lledoners y con el líder del Partido Nacionalista Vasco, también fundamental para que los PGE salgan adelante, el lunes pasado. 

Es a partir de esta participación activa que las derechas han iniciado una nueva arremetida, aún sin tantos réditos. Han dejado de oponerse a un acuerdo a todas luces beneficioso y aceptado por las mayorías sociales, para oponerse a la actitud de Iglesias por dialogar con un líder independentista, hablar por teléfono con Puigdemont o viajar a conversar con Urkullu, el líder vasco. Pero les resulta difícil conseguir apoyos al rechazo. Les resulta difícil instalar una oposición que se ve como un movimiento electoralista antes que político. Les resulta difícil ejercer oposición sin caer en una trivialización de la misma. En esta partida de los acuerdos presupuestales con medidas concretas, las derechas han tenido un primer gran obstáculo.

Pero esto durará poco. Durante estos primeros cuatro meses del gobierno hemos visto la capacidad de las derechas puesta en práctica. Hemos visto un cargamontón tanto de PP y Cs, a través de sus medios de comunicación afines, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y he aquí la clave final: la campaña orquestada desde la derecha política, mediática y económica no va contra el PSOE ni contra el Gobierno de Pedro Sánchez en particular, sino en contra de la posibilidad de un proyecto de gobierno alternativo al bloque de PP- Cs y su versión extrema, VOX. El acuerdo de PGE ha demostrado que una alternativa de consensos articulados desde los espacios progresistas es posible y, frente a esta alternativa, las derechas amenazadas pondrán a funcionar toda la maquinaria.

Garantizar la aprobación de los presupuestos resulta indispensable. No bajar la guardia, una necesidad. No olvidemos que cuanto más asustadas están las derechas que se han nutrido y lucrado corrompiendo las instituciones, es cuando más duramente atacan. Esta historia la conocemos bien los peruanos y peruanas. Toca, por eso, políticas concretas que mantengan a las derechas contra las cuerdas.