Impunidad

Finalmente, el congreso promulgó la ley 32107, también llamada ley de impunidad. El único objetivo de la ley es liberar a un grupo reducido de militares condenados por casos de graves violaciones a los derechos humanos que los tribunales han calificado como crímenes de lesa humanidad.

La coalición que gobierna el país no tolera disidencias. Se propuso controlarlo todo, y lo fue logrando desde el inmenso poder que les dio manejar poder ejecutivo y congreso de la República, y contar con un tribunal constitucional inclinado a consagrar sus fechorías. 

Ya nos olvidamos de las muertes del caso Real Plaza en Trujillo, las víctimas del suero fisiológico y ahora pasará lo mismo con la matanza en Pataz. Las grandes compañías se esconden bajo el manto de la impunidad, manejan la narrativa de los medios y al gobierno central, los pobres seguirán poniendo su sangre hasta un nuevo desenlace donde usted o yo podemos ser las próximas víctimas.

El último informe sobre la Amazonía revela un panorama alarmante: líderes indígenas amenazados por el narcotráfico, economías ilegales y la indiferencia del Estado.

El gobierno de Perú impone censura previa y multas onerosas para acallar a medios independientes y defensores de derechos humanos.

Con una sola ley, el gobierno de Perú lanzó un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro que defienden derechos y reciben fondos internacionales.

Es hora de construir una coalición histórica contra el Estado genocida. Aún podemos evitar el error histórico que estamos cometiendo

La semana pasada, el congreso – de mayoría fujimorista – aprobó una ley para amnistiar a policías y militares, oficiales, sobre todo, enjuiciados por delitos de lesa humanidad, en la lucha contra la subversión, durante los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori. 

Un día antes de que se cumplan 40 años de la masacre de más de 60 personas en Accomarca, Ayacucho, (14 de agosto de 1985) por la patrulla militar encabezada por el teniente Telmo Hurtado, se acaba de promulgar la Ley de Amnistía (32419), que constituye uno de las mayores aberraciones contra la justicia y la legalidad. 

Es un acto de la mayor perversidad pues consagra la impunidad y legaliza y legitima los asesinatos, violaciones y masacres por parte de los organismos del Estado en la fecha que se recuerda y condena sus actos de violación de los derechos humanos.

La ley de amnistía, promulgada al inicio de un nuevo proceso electoral, instala entre nosotros puntos de división que son imposibles de cruzar. Esta ley nos polariza en la medida en que pone en evidencia el enorme desprecio que un sector de nuestra sociedad política siente hacia las víctimas de los crímenes de los ‘80 y ‘90, a quienes se pretende tratar como si fueran invisibles. Pero, además, es una enorme estafa para quienes la defienden.

La inútil presidenta, empoderada por el congreso y el Tribunal Constitucional, involucra a su gobierno en dos decisiones peligrosas hasta para sus ministros: el retiro del Perú del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el trillado argumento de defensa de la soberanía nacional y; la defensa de su hermano, investigado y denunciado por muchos actos de corrupción, extendiéndole, prerrogativas presidenciales. Esta desesperada por blindarse, ella y su entorno, en los meses de gobierno que restan.