Menudo trabajo le espera a la Comisión de Integridad frente a la avalancha de situaciones que afectan la lucha contra la delincuencia, como la liberación de miembros de bandas delincuenciales por parte de magistrados cuestionados. Frente al escándalo ha tenido que intervenir el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, para anunciar la separación del juez Orozco Huayanay.

La incapacidad de PPK para gobernar ha recortado drásticamente su mandato democrático. El pacto de impunidad, contrariamente a sus cálculos, ha resultado en un grave aislamiento político que le quita el aire necesario para llegar al 2021. Curiosamente el “antifujimorismo social”, como ahora gusta llamarse al humor antiautoritario del electorado joven y movilizado, que le permitió ganar en segunda vuelta el 2016, ahora le grita que no a su acuerdo bajo la mesa.

La acogida a la moción de vacancia presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, parece olvidar las lecciones dejadas por el fracaso del golpe parlamentario que convirtió en fugaz presidente a Manuel Merino. Keiko Fujimori faltando a su Proclama Ciudadana, firmada ante el país, se suma a Renovación Popular para apoyar la Moción que busca vacar al presidente Castillo, igual lo ha hecho Renovación Popular.

Después de 37 años de la matanza de Accomarca, rememorando con detalle lo ocurrido, volvemos a asombrarnos y nos preguntamos ¿Cómo pudo ocurrir una barbarie como esta? Todo un pueblo atacado sin clemencia, trasladando consciente y planificadamente a las personas a casas de algunos comuneros donde supuestamente se produciría una asamblea, separando hombres de mujeres y niños a pocos metros de los lugares de reunión, mujeres principalmente jóvenes fueron violadas en presencia de sus padres, hermanos o hijos menores.

“No hay quien no tenga algo de complicidad con esa mentalidad despreciadora, autoritaria, que inclusive, es capaz de matar por ganar prestigio, como ha sucedido con las mujeres que han sido asesinadas porque un varón tiene que demostrar que nadie le saca la vuelta. Esas costumbres que están tan arraigadas, tenemos todos y cada uno de nosotros, que revisarlas”.

Para los ayacuchanos hablar de reconciliación nacional tiene implicancias éticas muy profundas, sobre todo cuando miles de ayacuchanos aún tienen las heridas abiertas por los daños ocasionados por la violencia política que vivió el país en los años 80.

El Congreso de la República está, otra vez, en el ojo de la tormenta tras la aprobación en la comisión de Constitución de una norma que propone limitar los tratados internacionales y que evitaría que se juzgue a responsables de delitos de lesa humanidad. 

Como si no fuera suficiente con la perpetración de tropelías, daño a la democracia y destrucción, que representa la Contrareforma electoral autoritaria, y la crisis de régimen en curso, el Legislativo se dispone en breve (junio 2024) a garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos de lesa humanidad, con lo que retrocedemos a los momentos más pérfidos de la dictadura en los que el congreso aprobó una amnistía general que favoreció al siniestro destacamento Colina.  

(Las encuestas hablan)

Una muy reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), practicada durante los primeros cinco días del presente mes, arroja resultados que, aunque no sorprenden, son motivo de preocupación. 

Más de la mitad de las personas encuestadas, se indica, no apoya a la democracia y la gran mayoría manifiesta no estar satisfecha con este sistema.  

Legalidad y justicia:

Perú aprobó la denominada Ley de Amnistía ¿Se abre una puerta a la impunidad y al incumplimiento de obligaciones internacionales?