Fujimorismo

Cuando cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos, diecisiete años atrás, tuvimos la esperanza de que un tiempo nuevo podría estarse abriendo en el Perú. Al menos el cumplimiento de la promesa de las transiciones democráticas de respeto a los derechos humanos y liberad política para los ciudadanos  que diera condiciones para que nuestro pueblo recuperara los derechos sociales conculcados. Nos equivocamos.

En medio de la crisis presidencial, un hecho que pasa desapercibido puede marcar un rumbo en el destino de las empresas peruanas que trabajaron consorciadas con Odebrecht. Y es que el gobierno decidió devolver al Congreso la autógrafa del Decreto de Urgencia 003 que había sido modificado por el Parlamento. 

Luego de catorce horas, el pleno del  Congreso no aprobó la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, luego del debate tras la defensa que hizo el mandatario,  acompañado de su abogado, Alberto Borea. 

Como se esperaba, los fujimoristas respaldaron la propuesta presentada por la bancada del Frente Amplio (FA), que fue sindicada en diversos momentos  por los legisladores de Fuerza Popular, como los responsables de la moción que significó la salida del presidente.

LA SITUACIÓN
Es reiterativo afirmar que la crisis política que vive el Perú tiene una historia de tres décadas. Sus principales características visibles son:

Lo han negado en todos los idiomas. A pesar de las declaraciones de Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, sobre la entrega de dinero a las campañas electorales de Keiko Fujimori y Alan García (además de las de PPK, Humala, Toledo y Villarán), los primeros han sido los más enfáticos en negar las relaciones con la empresa brasilera. 

“Traidores” ha llamado el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski a quienes quieren vacarlo. Con este epíteto no sólo ha dado la pauta para que sus partidarios empleen similares o peores calificativos, sino que ha marcado la cancha de tal manera que ya no se trata de un enfrentamiento entre adversarios políticos en una competencia democrática, sino de enemigos en una confrontación que amenaza (o ya es) una guerra. 

En los últimos días, el autoritarismo congresal del fujimorismo ha cobrado más bajas y alejamientos entre sus más conspicuos seguidores. El más reciente es el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, electo por Fuerza Popular, con todo el respaldo de Keiko Fujimori.

El 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra tendrá que dar su segundo Mensaje a la Nación desde el Congreso de la República. A diferencia de lo que ocurrió cuando tomó el cargo tras la defenestración de Pedro Pablo Kuzcynski, el mandatario tendrá que dirigirse al país desde un Parlamento controlado en su totalidad por el fujimorismo.

¿Cómo el fujimorismo pasó a convertirse de una de las dinastías políticas más poderosas e influyentes en el país a una agrupación arrasada en las últimas elecciones y con dos de sus principales líderes coqueteando con la prisión? ¿Dónde residen los errores que han llevado a la “fuerza número 1” a dividirse y estar perdiendo el control de manera notoria y actuar de forma errática en cada paso que dan?

Al asumir su cargo en marzo pasado, el nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria, que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo que se tr