La educación es política. DEBE serlo. Quien te dice que la educación no es política, miente. O, en su versión maquiavélica, busca que creas que es posible educar sin política para disfrazar su propia ideología. ¿Por qué? Porque cuando se educa, se educa a ciudadanos y ciudadanas no a robots técnicos que distingan solo el nombre de los colores, sepan sumar y restar o leer y escribir. En las aulas no se imparte conocimiento técnico únicamente. Se imparte CONOCIMIENTO (en mayúsculas) y, por lo mismo, valores y principios.

¿Por qué los alumnos, especialmente, de postgrado se encuentran descontentos con el modelo educativo? Esta pregunta es central para entender la educación en estos tiempos contemporáneos. Tomando en consideración mi experiencia en la enseñanza universitaria en los Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica, he observado, de manera frecuente, esta actitud frente a los programas curriculares y a los contenidos de los cursos. Lo mismo se observa en Europa. Y estoy seguro que este malestar también se encuentra en los infantes y adolescentes en sus años escolares. 

Los dictados de clases con alumnos de pregrado y postgrado se han convertido -en mi caso- en laboratorios experimentales de gran importancia para explorar el tema de la educación y la inteligencia artificial.  Siguiendo esta línea, las investigaciones de David Lefevre y David Shrier también analizan los efectos de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la enseñanza, considerando que nos encontramos todavía en las primeras etapas del desarrollo de estas tecnologías.

El ambiente en las universidades públicas peruanas está caldeado y hay razones de sobra para ello. La huelga de sus docentes se extiende por todo el país. Exigen al gobierno entre otras cosas, el cumplimiento del artículo 66 de la ley universitaria 30220, cuyo mandato es homologar los paupérrimos salarios de los docentes universitarios a las remuneraciones de los magistrados judiciales. La universidad pública, cargada de futuro, pero con males endémicos largamente postergados, sigue en la sala de espera, pendiente de que el gobierno la examine y se interese por sus dolencias.

El anuncio hecho por el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, sobre la aprobación de un proyecto de ley, que modifica la Ley de Reforma Magisterial, “para garantizar que los estudiantes cuenten con docentes idóneos que promuevan una educación con cultura de paz, que respeten los derechos humanos y la Constitución”, parece una buena noticia, aunque inevitable sospechar viniendo de quien viene.  

Apuntes sobre ciudadanía, derechos y educación.

El año escolar inició para todas las escuelas públicas peruanas este lunes 11 de marzo. Apenas terminada la ola de calor, pero aún con altas temperaturas, una epidemia de dengue y brotes de sarampión.

En declaraciones recientes, en una exposición en el Consejo Universitario, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Dra. Jerí Ramón, ha señalado su desacuerdo con el principio de la gratuidad de la enseñanza. Usando el manido recurso de que los que tienen plata deben pagar. El mecanismo, dice, es que los que han estudiado en colegios particulares abonen una pensión. 

Las cotidianas patinadas del gobierno y del congreso, la muerte del Papa Francisco, así como la guerra comercial desatada por Trump han opacado dos importantes informaciones educacionales: (a) el alarmante informe de la UNESCO sobre el abandono de la profesión docente a nivel internacional y (b) la movilización del magisterio nacional cesante(1).

El 6 de julio de 1822 se creó la primera institución de formación magisterial en el Perú: la Escuela Normal de Preceptores. Como homenaje a este acontecimiento, el presidente Odría en 1953 declaró el 6 de julio, como el Día del Maestro.