El ambiente en las universidades públicas peruanas está caldeado y hay razones de sobra para ello. La huelga de sus docentes se extiende por todo el país. Exigen al gobierno entre otras cosas, el cumplimiento del artículo 66 de la ley universitaria 30220, cuyo mandato es homologar los paupérrimos salarios de los docentes universitarios a las remuneraciones de los magistrados judiciales. La universidad pública, cargada de futuro, pero con males endémicos largamente postergados, sigue en la sala de espera, pendiente de que el gobierno la examine y se interese por sus dolencias.