En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre el carácter democrático del gobierno de Dina Boluarte. Desde un primer momento este ha sido cuestionado como un gobierno ilegal e ilegítimo, lo que ha dado pie para calificarlo de autoritario. ¿Qué es un gobierno legal? Aquel que actúa de acuerdo con los preceptos del estado de derecho. ¿Qué es un gobierno legítimo? El que la población cree que tiene autoridad para mandar. La legalidad, asimismo, suele ser fuente de legitimidad y la debilidad de una afecta indudablemente a la otra, deteriorando irremediablemente la democracia.

“Ni siquiera los animales exponen así a sus hijos... no se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos (a las movilizaciones) … yo dudo que sean las madres, tal vez en la extrema necesidad que se encuentren algunas mujeres llevan a alquilar a sus hijos...”. Son las palabras de un tal ministro de Educación, Óscar Becerra, dos días antes de hoy 8 de marzo, para referirse a las madres aymaras, que con sus hijos en las espaldas se movilizaban pacíficamente en Plaza San Martín y a quienes la Policía recibió lanzándoles bombas lacrimógenas directamente al cuerpo.

Puno, Río Ilave. Militares son ordenados por sus superiores a cruzar el río. Siguen las órdenes. 

La gobernante y la ministra de Relaciones Exteriores estuvieron en el centro de la celebración oficial del Dia Internacional de la Mujer, lo cual nos da pie para poner en evidencia la contradicción entre sus discursos y su impericia en el tema de la lucha de las mujeres por sus derechos, de la que han sido ajenas en su trayectoria.

"…tarde o temprano estallará la tormenta" editorializa el diario Gestión el viernes último, refiriéndose al gobierno de Dina Boluarte. Y no le falta razón. La situación del régimen es muy crítica e inestable debido a la confluencia de tres grandes factores: Primero, la pobre legitimidad del régimen; segundo, los factores externos; y, tercero, los aliados precarios. 

El informe de la CIDH

Decir “Soy la jefa Suprema de las Fuerzas Armadas” pero “no comando”, es el último galimatías de Dina Boluarte, tan disparatado como aquellas “no sé por qué protestan” cuando veía el desborde popular contra su régimen; o, “Puno no es el Perú” al constatar que esa región peruana mostraba consecuencia en sus luchas. Así de distraída, casi al borde del desvarío, esta señora, presidenta del Perú cada vez más ilegítima, se ha puesto a disposición incondicional de la ultraderecha política y económica que ha copado todos los poderes.

La educación es política. DEBE serlo. Quien te dice que la educación no es política, miente. O, en su versión maquiavélica, busca que creas que es posible educar sin política para disfrazar su propia ideología. ¿Por qué? Porque cuando se educa, se educa a ciudadanos y ciudadanas no a robots técnicos que distingan solo el nombre de los colores, sepan sumar y restar o leer y escribir. En las aulas no se imparte conocimiento técnico únicamente. Se imparte CONOCIMIENTO (en mayúsculas) y, por lo mismo, valores y principios.

A casi seis meses de los acontecimientos se continúa debatiendo, con inusitado vigor, sobre los sucesos del siete de diciembre de 2022 que pusieron fin al gobierno de Pedro Castillo. Me he pronunciado varias veces sobre el tema, pero considero que la vuelta a los mismos términos del debate de diciembre pasado que he escuchado en diversos comentarios, hace que sea indispensable volver sobre lo mismo.

De la eficiente funcionaria del registro civil que candidateó a la vicepresidencia o de la anodina ministra de desarrollo social —cargo que ejerció durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo—, la personalidad de Dina Boluarte ha dado un tenebroso salto cualitativo. En seis meses de ejercicio del poder, ha endurecido notoriamente el gesto, casi hasta la impostación, y ha sacado a relucir un sorprendente aplomo para dedicarle a la prensa amenazas veladas. 

Primero y es muy importante resaltarlo el bloque autoritario de Boluarte, Otárola y la pestilencia congresal está débil, especialmente débil. Esto se manifiesta en las divisiones que presentan en las últimas semanas sobre el porvenir de la situación política. Algunos quieren quedarse hasta el 2026 para continuar haciendo de las suyas, mientras que otros acarician un adelanto de elecciones, no tanto por convicción democrática sino porque se dan cuenta del tremendo desgaste de su opción política y las pocas posibilidades electorales que tendrían cuanto más tarden las elecciones.