Corrupción

El juez supremo Cesar Hinostroza Pariachi ha sido recluido en una prisión española. Llego burlando el control de fronteras de Huaquillas, Tumbes, fugando el 7 de octubre con un pasaporte normal. El avión que lo trajo desde  Guayaquil,  pasó por  Holanda y Paris se detuvo en Madrid. A las horas el “jefe de los cuellos blancos” pidió asilo político en una comisaria madrileña. Y, en la primera noche, durmió en su casa familiar, situada en un barrio mesocrático de la capital española. El curso de su solicitud de asilo tuvo patas cortas.

El 31 de octubre de 2018 será recordada como la fecha en que la justicia peruana tocó por segunda vez a los Fujimori. En esta ocasión, Keiko, la hija del exdictador fue la protagonista de un hecho judicial enfocado en esta especie de dinastía política familiar. 

Resulta que ahora los políticos tramposos que en su momento usufructuaron el gobierno e hicieron del Poder Judicial y el Ministerio Público su chacra y lavandería, hoy que les ha llegado la hora de dar cuenta y pagar por el asalto infame a los dineros públicos, se victimizan, gritan y “denuncian” a los cuatro vientos que los tribunales no “respetan” el debido proceso, que estos están “politizados” y hasta se reclaman “perseguidos políticos”.

El libro de Francisco Durand, que acaban de publicar la PUCP y Oxfam, realiza un examen exhaustivo de la empresa Odebrecht en el Perú en los últimos 40 años. Pero que no solo trata del Perú sino de la red de corrupción que se venía tramando a nivel internacional durante un tiempo similar.

“No es un castigo para mí pasar 18 meses en Perú”. Con esta frase, el expresidente Alan García hacía creer el último sábado que aceptaba estoicamente la decisión del Poder Judicial de prohibir su salida del país mientras duren las investigaciones por los delitos de colusión y lavado de activos en su contra. 

La discusión sobre los delitos de corrupción tiene la más alta importancia y, qué duda cabe, influenciará el derrotero político del país para el largo plazo. Dicho esto, hay temas claves que también se discuten en esta coyuntura, pero que tienen muy poca atención. 

Uno de ellos es la enésima postergación, por parte de Proinversión, de la masificación del consumo del gas natural en siete regiones de la Sierra Central. Vamos al detalle de los “por qué” de las postergaciones.

El 2018 nos dejó varias situaciones de impacto político, social y económico que van a alterar el futuro de nuestro país, especialmente en este año venidero del 2019. Un nuevo presidente, un referéndum, muy poco practicado en la vida democrática en las últimas tres décadas, un indulto, un presidente revocado, tres expresidentes investigados por el Ministerio Público y un proceso del caso, quizá más grave de la historia de la corrupción en el Perú, denominado Lavajato, han marcado el 2018 e influenciarán en la situación del 2019.

Hace un año, con el indulto a Alberto Fujimori, se inició una crisis de régimen político que se ha agudizado gravemente con los intentos de remover a los fiscales del caso Lavajato por el hiper cuestionado fiscal Chávarry. Lo que para algunos, podía parecer oscuro antes de estos hechos, hoy queda claro para todo el Perú: la mafia fujiaprista se resiste a ser investigada por la justicia y está dispuesta a usar todo su poder para impedirlo. 

No ha pasado siquiera una semana desde la firma del acuerdo de colaboración con la empresa brasilera Odebrecht y ya los primeros interrogatorios han generado más de una reacción desde los presuntos implicados en el cobro de aportes y coimas proveniente de la mentada “Caja 2” del Sector de Operaciones Estructuradas del gigante carioca.

Los efectos en Colombia y Perú

El 7 de noviembre, Jorge Enrique Pizano murió de un infarto cuando se preparaba para salir de su casa en Cundinamarca (ubicada a una hora de Bogotá). Jorge Enrique Pizano, conocido como “Macas” por sus amigos” era el testigo estrella para iniciar la investigación de corrupción de la obra vial llamada “Ruta del sol II” que ascendía a 50 millones de dólares.