Corrupción

Desde diciembre del 2016, cuando la bancada del Frente Amplio solicitó la formación de una comisión que investigue las irregularidades y presuntos actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, durante las gestiones de Alex Kouri y Félix Moreno, además de los alcaldes que gobernaron la provincia constitucional bajo el manto del movimiento Chim Pum Callao, se esperaba una reacción rápida del congreso para su creación. 

Los cocodrilos lloran por Eyvi. Cada vez que algún crimen excede el límite de lo “normal” un coro de cocodrilos exhibe sus lágrimas. Son los mismos que desde el púlpito, el Congreso y los medios, refieren que los derechos humanos son una cojudez o que el enfoque de género es “una ideología” nociva y disociadora.

La sobredimensionada reacción de Luis Nava, exsecretario general de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Alan García, luego de conocerse (en su totalidad) los negocios que su empresa (o la de sus hijos) tuvo con Odebrecht, es solo una muestra de la desesperación que reina en las filas del “alanismo” que ve como el caso Lava Jato va cerrando su cerco alrededor de ellos cada vez más. 

Editorial

Los audios revelados por el portal IDL Reporteros, solo sacan a la luz un secreto a voces entre los ciudadanos, la clase política y los medios de comunicación: La corrupción y el tráfico de influencias están enquistados en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y todo el sistema de administración de justicia, además que tenemos un Estado secuestrado por una mafia. 

La república criolla que el neoliberalismo repotencia con el golpe del cinco de abril parece estar llegando a su destino: la descomposición. Esto no es setiembre del 2000, cuando se exhibieron los videos de la salita del SIN, ni el salvador es un novísimo Valentín Paniagua que resucite algún espíritu republicano por allí extraviado. No. El edificio institucional ya no necesita de refacciones, porque está podrido. Las termitas del fujiaprismo han terminado con él.

Walter Ríos (Ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao) y Julio Gutiérrez Pebe (ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura) son la viva imagen de burócratas que no saben distinguir lo público de lo privado, no saben diferenciar lo que pertenece al tesoro público de su propio capital, usan al Estado para satisfacer sus personalísimos deseos. Venden su ética y de pasadita le quitan legitimidad a la justicia. 

Hace pocas semanas, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “¿Cambio de gobierno o gobierno del cambio?” y hablé de las particularidades del nuevo gobierno de España. De este gobierno del PSOE que entró como antídoto necesario contra la corrupción del Mariano Rajoy y el Partido Popular.

El impacto político y jurisdiccional de los denominados #CNMAudios ha sido demasiado fuerte al punto de provocar una reforma a todo nivel en el sistema de administración de justicia. 

El Consejo Nacional de la Magistratura ha sido declarado en emergencia por un período de 9 meses, pero ¿qué medidas se deben tomar para promover una adecuada reforma que evite el reingreso de la corrupción y el intercambio de favores? 

La delgada cuerda sobre la que se balancea la gobernabilidad peruana se ha tensado al extremo con la reciente aparición de audios que evidencian tráfico de influencias entre jueces de distintas instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. El calibre de los audios confirma acaso las peores presunciones sobre la precariedad en la que operan las instituciones públicas en Perú.

El Perú vive una de sus crisis más complejas en tiempos en los cuales, la vida misma pretende ser quebrada. Y quiero empezar este texto, con una de las discusiones que más afloran este escenario: la lucha contra la corrupción, específicamente, la corrupción política desde un punto de vista estructural.