Las personas en situación de inseguridad alimentaria alcanzan en el Perú a 2.3 millones y en el caso de la ciudad de Lima y el Callao son más de 320 mil. Asimismo, el desperdicio de alimentos es muy elevado; estimaciones de la FAO indican que cerca de 7 millones de toneladas de alimentos son destruidos cada año a nivel nacional. Ello ocurre porque la legislación tributaria hace que sea más conveniente para las empresas destruir los alimentos que ya no puede vender en lugar de donarlos.

En el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aprobados en setiembre pasado, nuestro país se ha comprometido a lograr metas específicas para el año 2030 en relación a ambos temas: “reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución…”y, paralelamente, a “poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables … a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”.

Como se explica en la Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada hace unos días por el Congreso de la República, la principal causa del problema de la inseguridad alimentaria en nuestro país está por el lado del acceso a los alimentos en razón de los bajos ingresos de sectores significativos de nuestra población. A ello se suman los elevados índices de desnutrición crónica infantil y de anemia, situaciones que no se corresponden con los niveles de crecimiento económico de nuestro país en los últimos años.

Existiendo esa realidad, simultáneamente el desperdicio y la destrucción de alimentos son crecientes, y esto ocurre así en todo el mundo. A nivel de América Latina un 15% de los alimentos disponibles, según cifras de la FAO, se pierden o desperdician mientras un 8% de su población sufre hambre; la situación es muy similar en el caso particular del Perú. Datos nacionales específicamente para el sector de supermercados indican que son más de 500 millones de soles al año los que se pierden en alimentos. 

Además de las estrategias y políticas así como de los programas sociales que llevan adelante los estados para reducir la inseguridad alimentaria y el hambre, existe a nivel internacional un instrumento importante para apoyar los esfuerzos que también realizan muchas organizaciones de sociedad civil y comunitarias para contribuir a ese objetivo: los BANCOS DE ALIMENTOS. 

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin fines de lucro que buscan ser un puente entre productores, comercializadores y distribuidores de alimentos y las personas que padecen inseguridad alimentaria. Este modelo funciona en EE.UU., Europa y en Latinoamérica desde hace ya muchos años. Así existen más de mil Bancos de Alimentos en el mundo que contribuyen con la alimentación de más de 40 millones de personas. 

En el caso de nuestro país, Banco de Alimentos Perú (BAP) ha empezado a operar en el 2014 siguiendo el modelo de los bancos de alimentos existentes en muchos países del mundo y contando con la asesoría de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, con sede en Estados Unidos, de la cual forma parte. Desde esa fecha, el BAP ha intermediado donaciones de alimentos de más de 20 empresas por un total de 236 mil kilos en favor de 53 organizaciones de apoyo social, beneficiando a 74 mil personas en total (entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias en general). Estas cantidades son todavía pequeñas en relación a la necesidad y a la potencialidad de donaciones existente en nuestro país.

De acuerdo a la experiencia internacional, otro instrumento que ha sido decisivo para el doble propósito de aumentar las donaciones de alimentos y reducir el desperdicio de éstos, han sido las propuestas legales para promover y facilitar las donaciones, y, en algunos casos, hasta para prohibir la destrucción de alimentos (caso de Francia). Esto se ha logrado ya en países de la región que, gracias a ello, han multiplicado la cantidad de alimentos recuperados y donados, como es el caso de México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros.

En el Perú se ha presentado recientemente una iniciativa legislativa a la Comisión de Economía del Congreso de la República sobre este tema. El proyecto propone que nuestra legislación exceptúe del pago de IGV y no limite la deducción del impuesto a la renta a los alimentos que sean donados, para de esta forma promover y facilitar que cada vez más empresas pongan al alcance de quienes los necesitan aquellos productos que no tienen ya valor comercial pero sí un valor social. 

El Banco de Alimentos Perú está impulsando una campaña de difusión y sensibilización para que se apruebe este Proyecto de Ley y que, al igual que sucede ya en muchos otros países, en el Perú no se sigan destruyendo alimentos que están en condiciones de ser consumidos y que ayudarían a miles de personas que no tienen acceso a una alimentación suficiente.