En estos últimos días de setiembre de 2019 parece que todas las cartas estuvieran  jugadas y no quedara algún camino abierto para solucionar la crisis política que nos embarga. La contraofensiva del fujiaprismo y sus aliados presupuestóviros “los que no se atreven a dejar de vivir del cheque de fin de mes” ha cobrado tal fuerza que estarían dispuestos a archivar el proyecto de adelanto de elecciones, impedir la moción de confianza que presentaría el Ejecutivo e incluso lograr los votos para vacar a Vizcarra. En el interín nombrarían también un nuevo Tribunal Constitucional para terminar de atar de manos a Vizcarra e impedir que algo les pase en el mediano plazo.

Mientras tanto a Vizcarra parece que se le ha bajado la llanta. O no tiene plan B, del que tanto se ufanaba o no conoce, por falta de experiencia política, del inmenso poder con el que cuenta el Presidente de la República en nuestro ordenamiento constitucional para actuar. Por ejemplo, presentar la moción de confianza y cerrar el Congreso si es que esta es rechazada, viviendo con las consecuencias que esto implica. 

La opción del acuerdo parece también estar descartada, dada la terquedad de la mayoría congresal y la forma terminante, más allá de la razón que tenga, con que Vizcarra ha hecho sus planteamientos. Estamos entonces ante el peor de los escenarios, con un triunfo del fujiaprismo, en clarísima minoría social, y la posibilidad de que terminemos en un giro autoritario hacia la extrema derecha con un gobierno de Mercedes Araoz, caracterizado por el incendio del Perú en sus intentos de implementar la agenda de la Confiep. Un escenario tal en el que incluso peligran las elecciones de 2021, ante la posibilidad de que gane en ellas cualquier opción progresista.

En estas condiciones la salida no está en el Congreso, ni en las envalentonadas huestes fujiapristas ni en las alicaídas bancadas que apoya a Vizcarra. La salida está fuera del espacio congresal, en la calle y en la opinión pública que de manera abrumadora en los últimos tiempos expresan su deseo de que el “elenco estable” de la política peruana se vaya a su casa. Los fujiapristas y sus aliados repiten a más no poder que ellos tienen la legalidad de su parte y en este proceso no sólo tuercen y retuercen la constitución a su favor, sino que han vuelto a los constitucionalistas los opinólogos de moda. Ya lo hemos dicho y también lo repetimos, el problema no es constitucional sino político y esta constitución (más allá de sus vicios de origen) ya ha sido cambiada cuando ha habido crisis muy graves como fue la del 2000. El problema no es de legalidad entonces, sino de legitimidad. La mayoría congresal podrá estar en sus asientos como fruto de la elección del 2016 pero la población ya no cree que deba ser así, ya no lo cree masiva y reiteradamente. ¿Qué hacer? ¿Hacerle caso a la partida legal o a la voluntad del pueblo soberano?

Si la salida no está en el Congreso, se trata entonces de organizar la entrada en escena de un tercer actor: la calle o la ciudadanía movilizada que continúe expresando el malestar de la opinión pública mayoritaria con la actual situación política. Es cierto, la calle se ha venido expresando tanto en Lima como en el interior del país, contra las tropelías del fujiaprismo, pero en pequeños grupos y con una cierta dispersión. Hoy toca cambiar esa situación, debemos organizar una o varias movilizaciones contundentes que cierren de manera definitiva este Congreso corrupto y permitan elegir representantes que verdaderamente expresen una mayoría popular. El ejemplo de los Cuatro Suyos está todavía fresco en la memoria de muchos en el Perú, para recordar cómo se terminó con un régimen que parecía inexpugnable. 

Ahora bien, no se trata sólo de la entrada definitiva de un tercer actor movilizado, sino también que este tercer actor le presente al país una propuesta de salida de esta crisis, para que situaciones como la actual no se vuelvan a repetir de manera crónica. Esta propuesta no puede ser otra que la necesidad de una Nueva Constitución, fruto de una Asamblea Constituyente, en la que se pueda expresar el poder del pueblo soberano para darse un nuevo ordenamiento económico, social y político que destierre las consecuencias del golpe del cinco de abril de 1992, que nos han traído a esta república podrida.

El éxito inicial de la entrada de un tercer actor, que traiga la calle a la definición del problema, es entonces el inicio de un proceso constituyente, que ponga en la agenda pública el debate sobre una Nueva Constitución para salir del atolladero en que nos han metido. El asunto es anatema para los que gozan de los privilegios que les ha brindado el poder corrupto, pero no nos queda otra cosa si queremos salvar a la república refundándola sobre bases democráticas.