El día de lunes el Tribunal Constitucional (TC) ratificó el polémico fallo que prohíbe la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), también conocido como “píldora del día siguiente”.

Este embarazoso fallo evidencia que en el Perú importa más lo que dice el Cardenal Juan Luis Cipriani y  algunos personajes con poder, que la opinión especializada de los médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Colegio Médico del Perú (CMP) quienes han refutado científicamente, en una serie de documentos, el argumento que sustenta el fallo del TC: la píldora del día siguiente no es abortiva.
Sin embargo, el hecho de que hagan caso omiso de los documentos arriba mencionados no es lo único que preocupa. Como afirma Ivonne Macassi (Flora Tristán) hay una serie de razones por las cuales este fallo es totalmente condenable y por ello se unen a la denuncia constitucional que una serie de organizaciones de mujeres harán contra los magistrados del TC que votaron a favor de la ratificación. En primer lugar se atenta contra el derecho a la libre paternidad, es decir a la libre elección de las mujeres y hombres de decidir cuándo ser padres y cuándo no.  En segundo lugar se atenta contra el derecho al acceso a la salud y, finalmente, es un fallo discriminatorio.
El embarazoso fallo del TC afirma que debido a que no se ha comprobado que la píldora del día siguiente no es abortiva, el Estado Peruano no puede incorporarla a sus planes de salud pública. El problema en esta medida es que, pese a los documentos especializados que sustentan lo contrario a lo afirmado por el TC, si se tratara de una preocupación real por el carácter “abortivo” de la AOE no tiene ningún sentido que se prohíba la distribución gratuita, pero se mantenga permitida la venta. Con esta medida, lo único que el TC hace es prohibir la píldora para algunas. ¿Quiénes? Las mujeres con escasos recursos para quienes 12, 20 o 22 soles, dependiendo de la farmacia, resulta un gasto considerable que no pueden permitirse. 
Pero además de la denuncia constitucional contra los magistrados hay una iniciativa del Centro Interamericano para la Gobernabilidad junto con una serie de organizaciones sociales tales como la Central de Trabajadoras del hogar, el Sindicato de Trabajadoras del hogar, la Confederación Nacional de Mujeres por la Vida y el Desarrollo, entre otras, que denunciarán al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esta denuncia se sustenta en una serie de artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que el fallo del TC viola.
Esperemos que estas demandas lleguen a buen puerto, mientras tanto sigue siendo una lástima que fallos como el mencionado evidencien que el Perú avanza, pero para atrás.