La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos, etc.

Históricamente, la gran corrupción se ha registrado en varias privatizaciones, en compras o ventas de armas, en los grandes proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, ejecutadas por Odebrecht, hay pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al ex presidente de INADE, el señor Jorge Ramos Roncero, ocurrido durante el primer gobierno de Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1 del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el Maiman de aquellos tiempos. La Línea 1 del Metro debe ser el único proyecto en el que se han demostrado sobornos durante 30 años. Los otrosescándalos de corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en el BCCI, la política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros temas que no estaban relacionados a proyectos.

Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por el equipo de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la humanidad.

Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35 más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cuchoquesera (ejecutada por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000 dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo proyecto ejecutado durante el fujimorismo por Odebrecht. Una muestra de un sobredimensionamiento generado en un proyecto de riego.

Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara para una carretera. Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, pero que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al Estado y a la sociedad peruana en una posición de indefensión.Luego el gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la competencia. Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor. Se licitó a menor subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que revisaría, posteriormente, Ositran. Esto permitió que las obras pasen de US$890 millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de múltiples addendas. Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación estratégica ambiental.Las pérdidas para la sociedad equivalen a US$1,700 millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340 millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos.

12 años después el único bosque de la selva no desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de desarrollo de la selva.

La interoceánica del Sur no estaba en las prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).

A finalesdel gobierno de Toledo se dio una Ley con nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamient.Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte, IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio. Nadie en el Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000 millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma concentrada en fechas previas provocaron que muchas de las firmas de ingeniería, estudios de abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores o socios en consorcios. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipacon avisos pagados a toda página.

Todas lasdecisiones irregulares y que ponían en posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.

Las decisiones de política pública eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de otros países. Pero, por mucho, tiempo no existieron las pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sistemas judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.

Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años. El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se pierden en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.

El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los concesionarios brasileños. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Río Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.

El Perú merece un enorme plan de reparaciones por las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo ha solicitado al Poder Judicial, sólo nos quedan el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos del Perú para reclamar. Esa es una de las razones por las que la marcha terminó en el Poder Judicial. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré apoyando y participando en sus convocatorias.

Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero al lado de estos problemas, hay peruanos que en su actividad política actuaron con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde, Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma plena. Otros peruanos íntegros que, además, siguiendo la estela de Mariátegui tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes, la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son personas honestas y resueltas a defender los intereses dela Nación. Creo que hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.