El proceso Electoral 2026, está lejos de ser garantista
Aida García Naranjo Morales*
A menos de un año de las elecciones 2026 el Perú está marcado por la muerte y desgarrado por el crimen.
En el gobierno de Boluarte cada 46 minutos se registran extorciones y 6 asesinatos diarios llegando a una cifra de 6412 denuncias por extorción y 4256 asesinatos al 13 de abril de 2025; todo esto mientras los partidos del Congreso en alianza con el gobierno blindan a Dina Boluarte y se niegan a revisar leyes pro-crimen, desmantelan al sistema de extinción de dominio, buscan coaccionar al Poder Judicial y al Ministerio Publico y se procede desde el Legislativo y el JNE, a inhabilitaciones y exclusiones reduciendo competitividad y competencia. Se persigue al ex presidente del JNE y al Fiscal de la Nación.
La convocatoria a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) fue anunciada el 25 de marzo por el Poder Ejecutivo y posteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que afirmó su compromiso de conducir este proceso electoral con transparencia, imparcialidad y eficacia, garantizando que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas. Lo dicho, sin embargo, está muy lejos de ser una realidad y de un proceso garantista según la actual percepción ciudadana, ya que entre las formas más efectivas pero sutiles de fraguar el proceso se encuentra: la exclusión de candidaturas de oposición y competencia. Ello se expresa en la cantidad de inhabilitaciones que vemos en estos últimos meses. No se quiere permitir ninguna otra figura política destacable y más recientemente la derecha inhabilitó e impidió la participación electoral de tres opciones de izquierda. No queriendo mayor competencia, con fuerza que represente opciones de cambio, por ello hemos expresado nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de los partidos APU, Unidad Popular y Runa, ya que frente a la derecha antidemocrática necesitamos construir la más amplia unidad del campo popular.
Reiteramos que, a través de diferentes maniobras dilatorias, la derecha ha logrado impedir la participación electoral en las elecciones generales de 2026 de tres partidos importantes de la izquierda: APU, Unidad Popular y Runa, cuyas síntesis habían sido publicadas antes del 12 de abril, fecha de cierre del plazo para la inscripción de partidos. Esta situación se suma a inhabilitaciones de diferentes líderes de la izquierda y de centro. Todas estas decisiones, configuran un escenario en que está claro que los poderes fácticos y los partidos que controlan la mayoría del Congreso, quieren un escenario de dos derechas compitiendo en segunda vuelta.
En cuanto a la normativa electoral, llevamos ya bastante tiempo viendo ajustes y una contra reforma electoral en curso, buscando cerrar el sistema de partidos para reducir su riesgo de perder el poder y no renovar el sistema de representación política, hoy agotado, en el marco de un vaciamiento y recesión democrática.
El actual proceso electoral es un proceso atípico marcado por la “atomización partidaria” que se expresa en un escenario en donde participan 43 organizaciones políticas inscritos y con una posible presencia de cercana a 4 decenas de candidaturas presidenciales, de darse algunas alianzas. Actualmente los 43 partidos políticos con inscripción ante el JNE, tendrán más de 9,000 candidatas y candidatos (230 candidaturas x 43 partidos. Total 9,890) candidatos de estos diferentes partidos políticos.
El panorama es poco alentador y confuso para la ciudadanía en general dada una elección de enorme dispersión en el contexto de un clima de anti-política, anti-partidos y anti-políticos; en que se expresa una crisis de representación en un escenario de gran polarización social que evidenciará más que un debate de carácter programático será una confrontación y una pugna de identidades sin propuestas programáticas y con liderazgos pobres y débiles.
Desde 1963 hasta el 2025 hemos tenido un total de 11 procesos de elecciones generales. En 10 de ellos los dos principales candidatos que pasaron a la segunda vuelta representaron al menos el 55% de los votos válidos. En la última contienda del 2021 Pedro Castillo y Keiko Fujimori sumaron solo el 32%. Por lo demás, recordemos que, en la primera vuelta electoral de esos comicios, la abstención llegó al 29.25%, el voto en blanco fue del 12.36% y los votos nulos llegaron a 6.34%…vale decir 47.95%. Esa suma, en la segunda ronda se llegó al 31.94%. Datos éstos que habrá que considerar más adelante porque hablan también de la eventualidad de un bloqueo electoral. La coalición autoritaria ha previsto todo, lo que no se encuentra aun controlado es que su proceso electoral pusiese ser nulo, dado sus vicios e irregularidades y sobre todo la indignación social.
En los últimos 60 años los partidos políticos en contienda fueron en promedio 11, esta cifra se duplicó en el 2021, sin embargo, en el inmediato proceso electoral se estima un numero cercano a medio centenar de organizaciones inscritas. La atomización partidaria es perjudicial para el Perú ya que no estarán en debate 50 propuestas programáticas, si no que nos encontramos ante membresías políticas que no califican como partidos, sino más bien la mayoría de ellas como franquicias electorales, vientres de alquiler y hay algunos que ya han sido calificados como organizaciones criminales y grupos económicos de intereses subalternos, y siglas de difícil clasificación identitaria, que solo buscan la mercantilización de la política y la instalación de agendas e intereses particulares bajo un manto neoliberal 2.0, y que se ubican distantes del bienestar de las mayorías nacionales. La ciudadanía está desconcertada y también insatisfecha con la oferta política electoral actual, si bien la fragmentación partidaria ha sido una constante, durante el “transito democrática”, este problema se ha venido acrecentando, hasta el actual resultado final que lleva gravemente a la dispersión del vote ciudadano en tanto tenemos un récord de candidaturas. Existe una verdadera dificultad para discernir entre la oferta política que beneficia el reforzamiento de la política antropomorfa, centrada en una persona y no así a propuestas políticas que den solución a la actual crisis en que vive el Perú, que es de coyuntura, de gobierno, de régimen y de modelo de dominación. A ello hay que añadir el grave contexto de la profundización del autoritarismo, y el avance de la restauración conservadora.
El 2025 será un largo y complejo año electoral de resultados aun impredecibles.
Por lo que nuestro objetivo central será construir una salida democrática nacional, popular y constituyente frente a una policrisis integral del actual régimen político neoliberal.
La reciente encuesta de Apoyo señala que, de convocarse el proceso electoral, un 82% de peruanos responde que aún no está pensando por quién votar en los siguientes comicios, apenas un 15% asegura que ya lo está haciendo. Pero lo que sí están claras son las prioridades que debe tener el próximo jefe del Estado: reducir la criminalidad (52%), mejorar la economía (42%) y combatir la corrupción (41%).
Es preocupante sin embargo que la agenda de seguridad, indudablemente hoy urgente, se encuentre colocada por encima de temas como: la inequidad, la reducción de la pobreza y el desempleo, la superación de las desigualdades y la histórica exclusión. Esta agenda avanza a poner por delante la pena de muerte que resulta una propuesta populista e inviable, promovida desde el ejecutivo y el legislativo. La propuesta es inviable en forma y fondo, como lo dicen todos los especialistas. Diferentes constitucionalistas se han expresado en el sentido de que el primer paso sería que el Perú denunciara a la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José), y luego tendríamos la necesidad de llevar a cabo una Reforma Constitucional (que demanda dos legislaturas sucesivas) y posteriormente tendría que modificarse además el código penal. Es una reflexión relevante el señalar que la pena de muerte no es ejemplificadora, ni disuasiva, ni regeneradora. Sectores conservadores ya impulsan iniciativas legislativas para retirarnos de los foros internacionales.