Miles de venezolanos pugnan por atravesar las fronteras del norte. Siguen llegando por Piura, Tumbes y por donde puedan pasar, presionados por el inexorable plazo que fue hasta el 26 de agosto, fecha en que se necesitara pasaporte para ingresar al País. 

Migrantes hacia todo el continente, las estimaciones recientes -solo para el Perú hablan de casi cuatrocientos mil personas-, han colmado los mercados de brazos en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Panamá y Centroamérica,  México, inclusive los  mismos Estados Unidos. Estamos asistiendo a una explosiva situación migratoria que requiere la intervención de las Naciones Unidas, su ACNUR y otras instituciones de refugio, la intervención de la Comunidad Andina y de los organismos de coordinación regional. Urge. 

Las causas objetivas radican en la crisis económica de la nación llanera. Sancionada por los afanes injerencistas de la administración Trump y castigada por la brutal contracción del precio internacional del petróleo, una caída  de 140 a 40, unos cien dólares por barril. Se quedan sin dólares, endeudados y sin nuevos recursos. El resultado es una hiperinflación que, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaría a 1.000.000% hacia diciembre, si no se hace nada. 

Un déficit fiscal abrumador y creciente. Una recesión profunda, una tasa de crecimiento económico negativo. Ya sabemos de algo parecido. Lo hemos vivido en tierra peruana durante la crisis de la deuda de 1987,90.  Aquí se fueron casi tres millones de conciudadanos que, por lo demás, pese a las cifras azules  del decenio del 2000, no regresaron. Y otros que no dejan de  irse como lo revela el censo del INEI y el análisis de Alberto Adrianzén. 

De suerte que la solución para atacar el origen de la masiva expulsión de fuerza de trabajo del Orinoco comienza por un programa económico alternativo y de estabilización que pare la inflación, le otorgue horizonte al empleo y la inversión, el fortalecimiento de los ingresos tributarios del Estado y el respeto de los derechos ciudadanos. La carpeta requiere una nueva política monetaria que recupere las funciones atribuidas habitualmente a la moneda. Así parece entenderlo el MEF venezolano al proponer el nuevo “bolívar soberano”. Remplaza la desvalorizada moneda vigente.  Por lo pronto  la nueva denominación le quita cinco ceros a sus viejos billetes. Los desaparece. Quedan para sencillo. Vuelven los billetes de 2, 5, 10, 20, 50,100, 200 y 500. Claro que este procedimiento ya se ha hecho en el pasado (2008) sin resultado tangible. Así que solo no basta.  

Lo más importante tal vez del programa es la nueva política cambiaria. Ha sido fijar un solo tipo de cambio en el mercado de divisas, flexible y flotante. No más “dólares paralelos”. Mandar al depósito la antigualla corruptible de un control administrativo de las divisas, al estilo del MUC peruano de Alan. Este será actualizado con un esquema de tipo de cambio flotante, parecido al nuestro desde el 2002, con un protocolo en que el banco central reasume su rol de driver del funcionamiento ordenado del mercado de divisas guiado por la demanda y oferta de los agentes económicos. 

Una medida innovadora y acertada es el anclaje del salario mínimo al  valor del petro, el bitcoin o moneda de reserva virtual del petrolizado país del Orinoco. Y por supuesto una política de reservas monetarias optimas por la naturaleza bimonetaria de una parte de su economía.

Para aplacar el déficit fiscal, la gasolina ya no será gratis. Costará más o menos lo mismo que en los grifos de acá. Pero durante la transición se preserva la economía de los sectores menos acomodados. Para eso se crea un “carnet de la patria” que amortigua el aumento, en algunos casos,  sideral, de los precios.  Por ejemplo el pasaje sube diez veces, bastara con eliminar el fantástico subsidio indiscriminado a los carburantes de los privados para rescatar unos 8 puntos del PBI y reducir el déficit, aliviar a PDVSA. Frenar así la prensa de billetes, la galopante expansión monetaria. El resto viene de la imposición tributaria promotora de la repatriación de capitales y del alza del impuesto general a las ventas (al 16%). Y de una amortiguación compensatoria a los bajos salarios que conserva una escogida canasta de 25 bienes básicos con precios estables convencionados con los empresarios, una canasta de consumo  compacta para uso de los CLAP y otros mecanismos de amortiguación transitoria del ajuste. 

La producción entra en todo las demás al régimen general del IGV y se aplica un tributo flat a las transacciones financieras del 2%. A las pequeñas y medianas empresas se les ofrece un soporte de medio año para financiar el pago de la planilla y la transición al bolívar soberano. Se aumenta el límite de las tarjetas de crédito a 8000 Bolívares soberanos.

El programa es de estabilización, el solo nombre nos recuerda el escalofriante shock del 92 (Dios nos agarre confesados), que dejo en estado catatónico a la gente por meses y años. El 17 de agosto salieron estas y otras medidas de fine tuning en Caracas que si no se sincronizan bien pudieran tener un efecto contraproducente como fuera el mortífero caracazo (1989) del fenecido ex presidente Carlos Andrés Pérez. No olvidar además, el intento de magnicidio y el plan Cain con que el terrorismo debuta en la escena política de la sufrida cuna de Bolívar.

En suma las herramientas principales son:

1º.  El petro como moneda de reserva: Moneda virtual en 60 dólares por unidad de petro. Moneda de reserva que equivale a 3.600 bolívares soberanos. No se emite. 

2o. El tipo de cambio flotante y flexible: Bolívar soberano por dólar, A 60 bolívares soberanos por dólar (Bs. 6 millones actuales) bajo gestión del BCV

3º. Salario mínimo, “`Por ahora” en medio petro, es decir 1.800 bolívares soberanos (Bs.180 millones actuales). Con el ajuste “un trabajador pasa a ganar 30 dólares”, dicen los sindicatos, mientras en otros países de Suramérica supera los 290 dólares.

4º.Bono de reconversión. A partir del lunes 20 de agosto se entrega por medio del carnet de la patria un bono de reconversión económica de Bs.S 600 BsS.

5º.Pago al sector privado . El gobierno asumirá por 90 días el pago del diferencial de salarios a toda la pequeña y mediana industria

6º. Subastas diarias de divisas

7º. Más impuestos, aumenta la alícuota de IVA en cuatro puntos, cambia de  periodicidad de pago de quincenal a semanal, entre otras medidas financieras y de elevación de tarifas de servicios públicos, transporte y demás servicios,
Luego vendrán otras medidas referidas al estímulo de la producción y el consumo privado, anuncia el equipo del programa. De funcionar en cierto plazo que no será corto, la economía debiera reconfigurarse para trabajar con una divisa estable. Veremos.