En medio de la pandemia estalla otro problema con las élites del poder. Primero fueron las AFP y su oposición al reparto del 25% del fondo las pensiones. Ahora aparece otro problema: el manejo de precios de las cadenas de farmacias, y la escasez de medicina genérica en alta demanda por el COVID 19. A todo ello se suman las denuncias sobre clínicas privadas y sus exigencias de pagos, donde también sus farmacias exhiben malas prácticas.

El problema es más grave por estar ligado a ventajas oligopólicas y patologías de venta que hasta ahora no se fiscalizan. Una gran cadena de farmacias propiedad del grupo Rodríguez-Pastor (grupo Intercorp, subgrupo Retail Pharma), domina el mercado peruano. El gobierno de Vizcarra ha respondido con una fiscalización para asegurarse que los medicamentos para el tratamiento del COVID 19 estén disponibles a “precios más honestos”(terminología usada por expertos internacionales), si así podemos llamarlo.

A continuación, un reporte sobre los grupos de la salud privada y el caso Intercorp. De partida, antes de la pandemia, ya existía un problema de alta concentración vertical en el muy lucrativo negocio de la salud privada (seguros, clínicas, laboratorios, maquiladoras de medicamentos y cadenas farmacéuticas).

Destacan los siguientes grupos de poder económico en el rubro salud:

Grupo Romero (vía Pacífico EPS), cuenta con 74 centros médicos (clínicas SANNA y laboratorios) y tiene 36% de los afiliados. Es el dominante.

Grupo Brescia (vía Rímac EPS), con 13 clínicas y 4 medicentros; tiene 24% de afiliados.

Grupo ENFOCA, de inversionistas institucionales (vía AUNA), se especializa en cáncer a través de sus 6 sedes de Oncosalud; tiene 9 clínicas y 4 laboratorios.

Grupo Quito, dirigido por el Dr. Luis Quito, autodenominado “el médico del pueblo”, ejemplo de “emprendedor”. Opera en barrios populares, con sede al lado del Hospital Almenara, de donde le llegan los clientes. Cuenta con 33 establecimientos, mayormente laboratorios, de precios bajos y resultados rápidos.

Además, debemos tener en consideración dos grupos nacionales formado en torno a clínicas de barrios residenciales (Av. Javier Prado de Lima), Grupo Ricardo Palma y Grupo San Pablo; y dos grupos extranjeros: Mapfre de España y Cruz Blanca de Chile.

Un caso aparte y hoy el más polémico, es el Grupo Intercorp/Rodríguez Pastor, vía el subgrupo InRetail Pharma, que tiene laboratorios, maquilas de medicamentos, una gran red de farmacias y algunas clínicas. Luego de la compra de Quicorp el 2018, (los grupos tienen libertad de concentración, sin regulación hasta ahora. Vizcarra ha postergado la Ley de Fusiones y Adquisiciones hasta marzo del 2021, inexplicablemente en mi opinión); se ha convertido en el principal dueño de cadenas de farmacias (Inkafarma, Mifarma). Su posición de dominio de mercado es fuerte, casi monopólica, al controlar el 63% de farmacias que operan en cadena, con un total de 2,043 puntos de venta, representando 55% de los valores vendidos. Está seguida de lejos por la cadena “Boticas y Salud”, con tan solo 160 puntos de venta.

Sigamos con el diagnóstico. En el sector salud con fines de lucro se han detectado cinco patologías o malas prácticas, cuatro en el sector privado y una en el sector público:

Uno, las clínicas inducen la demanda, influyendo en los médicos, que recomiendan medicamentos de marca e introducen dudas de los genéricos. Las clínicas tienen bases de datos de las recetas, saben si el médico es “colaborador”. Otro caso es la tendencia excesiva a cirugías, sobre todo en las cesáreas. Los partos “naturales”, ahora son pocos.

Dos, los pacientes de las clínicas también son inducidos a comprar “urgentemente” medicinas en sus farmacias que tienen precios deshonestos.

Tres, también se induce la demanda en las farmacias de la calle por personal sin entrenamiento farmacéutico, que “recomienda” medicinas y empuja al cliente a que compre el producto más caro.

Cuatro, los grupos importan genéricos que luego se “maquilan” en Perú, convirtiéndose en productos de marca, a precio más alto.

Cinco, en el caso del Estado, que compra y “distribuye” 80% de los medicamentos, el problema es que sus farmacias casi siempre están vacías. A los pacientes o sus familiares les dan una lista y “derivan” la demanda al sector privado.

En conclusión, estamos frente a una “complementariedad negativa” en la manera cómo ha evolucionado la salud privada y la pública antes de la pandemia.

Ahora bien, dada la falta de medicamentos genéricos en medio de la pandemia, y debido a la existencia de este sistema privado que exhibe síntomas de venta “inducida” de medicamentos de marca o genéricos a precios deshonestos, las críticas han estallado por el lado de la cadena de farmacias.

Una de las preguntas que debemos hacernos es si un posible aumento de precios, y mayor venta a precios altos de medicamentos en alta demanda por la pandemia, tiene que ver con la difícil situación del grupo Intercorp. Su jefe sostiene que no aumentaron precios y que ahora, por la crítica, los congela. Hay que investigarlo, y, de ser encontrado responsable, sancionarlo ejemplarmente.

Parte de la sospecha nace del hecho que el grupo Intercorp y sus subgrupos están siendo fuertemente golpeados por la recesión causada por el COVID19. El grupo que dirige Carlos Rodríguez-Pastor Persivale tiene fuertes inversiones en centros comerciales (Real Plaza, y sus tiendas de marca, franquicias y cines; donde se desplomó la demanda), en educación privada con fines de lucro (cadena de colegios Innova y universidades, con caída de matrícula), en banca (unos de los cuatro bancos más grandes, donde Interbank destaca en tarjetas de crédito y sufre un aumento de morosidad), hoteles (Casa Andina; 30 hoteles donde colapsó de la demanda). Le va mejor en PlazaVea y Vivanda y el minimarket Mass. Este efecto depresivo lo ha cogido desprevenido.

Enfrenta dos vulnerabilidades que hoy se convierten en amenaza con la pandemia, no teniendo otras ventajas y oportunidades. Durante años ha crecido en base a deuda. El 2015 sus deudas privadas pasaban los $900 millones según Fitch Ratings. Hoy son de $2,311.80, casi el triple. InRetail Pharma (bonos corporativos que reditúan entre 4-6% anual), subgrupo que realizó compras fuertes el 2018 al concentrarse, destaca por tener una deuda de $1,320 millones. Además, se ha diversificado en el mercado interno (colapsado por el momento) y no tiene inversiones en exportación de materias primas (que no ha caído tan fuerte). Fitch Ratings muestra que la clasificación de riesgo de Interbank tiende a la baja: su actual rating es de BBB-. Preocupante escenario.

El hasta hace poco exitoso grupo Intercorp ha tomado varias medidas de emergencia. Según me informan, han rebajado las dietas del directorio en 75%, de la alta gerencia en 50% y de los gerentes medios en 30%. En lo laboral, han ocurrido terminaciones de contratos, casos de “suspensión perfecta” y despidos. El 3 de abril Interbank aprobó “dejar sin efecto” la distribución de utilidades.

Y tiene, por primera vez, problemas políticos. Las declaraciones del presidente Vizcarra le han caído como una bomba. Preocupado por la falta de venta de genéricos de medicinas para el COVID19, el ahora locuaz gobernante dio media vuelta a la izquierda, y declaró: “he ido encontrando que algunos medicamentos mejoran la situación de pacientes. Sin embargo, inmediatamente comienzan a acapararse, a especular y a subir de precio dichas medicinas". El Estado afirma (habrá que ver qué capacidad tiene y si realmente muestra voluntad) que va a fiscalizar a las farmacias, que ahora tienen venta obligatoria de genéricos.

Empieza el debate sobre los grupos de poder y las prácticas monopólicas. El grupo Intecorp niega los cargos de aumento de precios, pero no explica las bajas ventas de genéricos al mismo tiempo que ignora la inducción de demanda. El Colegio Farmacéutico del Perú exige regulación. Los usuarios, indignados, también exigen regulación de precios y mayor fiscalización.

De parte de los defensores de la salud privada con fines de lucro, destacó la CONFIEP, quien además obtuvo el rápido y acrítico apoyo del Defensor del Pueblo (inmerecido título). El sindicato empresarial y esta institución estatal consideran el control “inconstitucional”. INDECOPI sostiene que no tiene autoridad para controlar precios (aunque hay que recordarle que rara vez muestra autoridad regulatoria). Es la misma institución que no ha preparado el reglamento de la ley de Fusiones y Adquisiciones (Ley Antimonopolios), que tienen todos los países de América Latina, excepto Cuba. Siempre a ritmo de caracol.

Y mientras tanto la gente, desesperada por medicarse, comienza a entender el efecto de los oligopolios en su salud. Es muy serio con los pobres, donde una parte acude a las farmacias privadas ante la ineficiencia y corrupción de las públicas. Pero también para la clase media, por los costos del tratamiento del COVID19. Incluso los ricos, que no pueden tratarse en el extranjero, están tratándose en clínicas privadas y es probable que sus capacidades lleguen al límite.

Es urgente no solo una fiscalización de genéricos sino una revisión integral de todo el sistema de salud, tanto pública como privada. Corregir la especulación de medicinas en el Estado, donde casi siempre faltan, y en el sector privado, donde siempre abundan, pero se venden a precios deshonestos. Hay que desmonopolizar la distribución de medicamentos poniendo límite a la posición de mercado (la empresa más grande no puede pasar del 33% del total de las farmacias en cadena).

La salud estaba ya enferma antes de la pandemia. Sus fallas (no faltando ciertos avances en el lado público y el privado) las estamos pagando por la falta de regulación en el sector privado (malas prácticas que llevan a precios deshonestos y lucro mal habido) y desidia en el combate a la corrupción en el sector público. ¡Y recién nos damos cuenta!

Fuentes: caricatura de Carlín. Árbol de empresas de Interior de Francisco Durand y Emilio Salcedo. Gráfico del subgrupo de salud de Interior/InRetail Pharma de Salud con Lupa de Fabiola Torres.

Twitter: @ProfesorDurand