El domingo 2 de octubre, 24 760 062 conciudadanos hemos sido convocados para elegir democráticamente a nuestras autoridades en Lima Metropolitana y los espacios subnacionales del país. 

Según la plataforma Transparencia, entidad especializada en procesos electorales, este domingo votaremos por los candidatos que postulan al ejercicio del poder territorial en 25 gobernaciones regionales, sus respectivos vicegobernadores y 342 consejeros regionales. 

A nivel provincial, el voto ciudadano escogerá 196 alcaldes y 1,714 consejeros provinciales. También elegirá a los 1,694 nuevos alcaldes y 9,036 consejeros distritales. En total, al término del escrutinio habrá 13,032 nuevas autoridades para el periodo 2023-2026 (no reelegibles). 

Estarán llamadas a gestionar -año por año- cerca de un tercio del presupuesto público, estimado en 214,000 millones de soles (PIA) para el 2023. Y así sucesivamente gestionar recursos hasta el fin de sus mandatos cuatrienales.  

Siguiendo las reglas estipuladas en la ley de municipalidades y las disposiciones del Jurado Nacional de elecciones, según la página del JNE, postulan 83,381 ciudadanos aptos para cubrir las trece mil plazas de todos los cargos (alcalde, regidores, consejeros) en el ámbito territorial de Lima y ámbitos descentralizados. 

Son elegibles, en dichos niveles, militantes de partidos de nivel nacional, movimientos regionales y locales. 
Las listas han estado difundiendo sus atributos por centenares en las calles de Lima y por millares en las fatigadas redes sociales. Los currículos vite están disponibles en la red.  

Aunque el clima de competencia electoral tiende a crear un momento propicio al debate y el dialogo entre las candidaturas, a menudo con propósito polémico, un primer balance de la exhibición programática de los futuros dignatarios es la insólita parquedad de las propuestas difundidas, salvo algunas pocas excepciones. Y la vertical distancia entre las capacidades mostradas por las candidaturas en dichos debates públicos y las reales necesidades de la ciudadanía. Mucha gente se interroga sobre las razones que justifican la incursión de algunos ciudadanos en la cosa pública.

Así se llega al extremo de la desincronización temporal. Por ejemplo, hay brechas inconmensurables entre la visión y misión de los programas de candidatos locales con los objetivos ya aprobados en los planes metropolitanos y provinciales. Flor de paradoja, en plena campaña electoral repleta de imposibles promesas, el alcalde (a.i.) de Lima y su consejo metropolitano anuncia la aprobación del decenal Plan Metropolitano de desarrollo, lleno de plausibles objetivos, programas y metas surgidos de concienzudos estudios que miran el futuro con su propia lupa. 

Cabe señalar que el horizonte de intervención del plan- solo en la zonificación y el uso de los suelos de la ciudad- supera largamente el carnaval de utópicas promesas de los postulantes distritales. 

Dicho de otra forma, los entrantes una vez elegidos tendrán que navegar el futuro con el plan del pasado, el de la saliente administración edil. Los plazos no incluyen el hecho que muchos deberán atender, primero, los requerimientos de la Contraloría General y eventualmente también del Ministerio Publico y los propios órganos de control electoral, comenzando por el financiamiento de sus propias candidaturas.

Para resolver este tipo de limitaciones urge definir de modo radical un nuevo MODELO de GESTION, descentralizado y planificado, del territorio nacional. Y previamente limpiar con energía de la contaminación al que ha sido sometido Lima y el régimen subnacional, taladrada por los corruptos y corruptores. 

De otra parte, el nuevo modelo requiere -en el núcleo central- un sólido sistema de gestión de la inversión pública subnacional. Que ordene el catastro digitalizado, que adopte las recomendaciones del Instituto Metropolitano de planeamiento en el caso de las grandes ciudades, que también integre las recomendaciones del Ministerio de Economía y finanzas para aplicar los recursos presupuestales de manera disciplinada y sostenible. 

Destacan en esos esfuerzos  la instrumentación de los proyectos de inversión con mecanismos de participación no publica en Obras por impuestos, Asociaciones publica-privadas (APPS), uso de Reglas de ejecución diseñadas mediante Núcleos ejecutores, PMI, PMO y BP. Fideicomisos de inversión. Programas de empleo temporal, circuitos productivos para la microempresa, conexión a los mercados, transformación digital.

Acciones que estén sujetas al escrutinio y control concurrente de la Contraloría General de la Republica y de la SBS para aplicar mecanismos participa torios en el financiamiento de proyectos, banco de iniciativas de inversión en acuerdos con Fondos en fideicomiso para el desarrollo del plan de infraestructura regional, provincial y distrital que también incorpore la iniciativa de las juntas vecinales en los presupuestos participativos. Y las actividades de las industrias culturales, la recreación y el entretenimiento, el deporte juvenil y las múltiples expresiones de la creatividad ciudadana.  

Lo que está en juego en la elección es la aplicación de un nuevo modelo de gestión de la vida en las ciudades, el fortalecimiento de la administración vecinal mediante la transformación digital y la participación directa de la población en la priorización de sus necesidades y urgencias. 

Por eso es necesaria la adopción de medidas de modernización, transparencia y saneamiento de la gestión pública y la rendición de cuentas. El énfasis de la acción ciudadana, experiencia de la pandemia, debe priorizar la implementación de un sistema de salud cercano a la gente en especial a los adultos mayores, los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Liderar el esfuerzo de fortalecer las líneas de trabajo que mejoren los derechos de las mujeres, una firme lucha contra la violencia y la garantía de la seguridad ciudadana contra todas las formas de agresión y opresión. Entre ellas, el acceso a bienes básicos como el agua potable y la disposición de recursos sólidos, indiscutible prioridad entre los que viven en condiciones dramáticas de habitabilidad -territorios de ladera.

Recordando el vaso de leche de Alfonso Barrantes, las municipalidades serán parte de una red en que sus locales serán hitos de conexión entre las necesidades de la gente subempleada por ingresos y las transferencias directas del presupuesto a la subsistencia de la olla popular.

Cabe entonces apoyar de modo resuelto a los/las ciudadanos que se involucran en la vida política para servir a sus pares y aplacar las inmensas necesidades que los agobian. Y recordar lo que Alfonso decía: ser honrado era la primera condición para ser revolucionario. Por lo que precede Invocamos el voto informado y responsable de la ciudadanía para escoger a nuestros responsables admitiendo como es lógico, la inconveniencia del régimen político construido para el país que necesita una reforma profunda.

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* El autor ha sido Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, elegido dos veces Regidor metropolitano de Lima y director del catastro urbano metropolitano.