Disfrazado de un Decreto Legislativo con el fin de incentivar la inversión privada en la educación, el Decreto No 882, presentado durante la dictadura fujimorista, ha permitido que universidades que no merecen el rótulo se alcen a diestra y siniestra en todo el país.

El escándalo develado hace pocas semanas respecto a la Universidad Alas Peruanas pone en relieve el lamentable estado de la educación superior en el Perú y la existencia de “dizque universidades” que no cuentan con la calidad educativa necesaria para ser consideradas como tales.
Según las estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores, que lamentablemente se encuentran actualizadas solo hasta el 2006, en el Perú existen alrededor de 100 universidades. En Lima metropolitana hay 22 universidades institucionalizadas, entre públicas y privadas, y 10 universidades con autorización provisional. Cabe mencionar que desde la creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en enero de 1995, se ha autorizado el funcionamiento definitivo de 12 universidades en 14 años. Pero, lo más increíble, es que solo se han reconocido 34 filiales universitarias a nivel nacional, y actualmente ¡funcionan clandestinamente más de 500! Como vemos, la CONAFU no ha cumplido su deber.
Como si fuera poco, en el Perú no tenemos, a diferencia de otros países, un Sistema Nacional de Acreeditación autónomo. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), a través de su brazo universitario el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), carece de la autonomía y el personal competente, razón por la cual el establecimiento de los estándares y los procesos de evaluación de las universidades no solo no son claros, sino tampoco idóneos, tal como se manifiesta en su actual intento de evaluación de las facultades de educación.
En este contexto, saludamos el Proyecto de Ley No 2340/2007-CR propuesto por Mercedes Cabanillas, parlamentaria aprista, pues resulta una iniciativa positiva ya que propone suspender el mencionado decreto fujimorista a fin de frenar el surgimiento de universidades empresa que no imparten  una educación de calidad, ni desarrollan la investigación universitaria. Este Proyecto de Ley no solo propone la suspensión del Decreto No 882, sino que además sugiere que tanto las universidades nuevas como aquellas creadas al amparo del decreto fujimorista, sean aprobadas por la CONAFU para funcionar.
La iniciativa es positiva, sin embargo, cabe señalar un posible error en la propuesta pues se le da al CONAFU la facultad de evaluar las universidades creadas y señalar los estándares para las futuras universidades cuando ya lo han venido haciendo y con muy poco éxito. Como propone Nicolás Lynch, sería mejor ceder esta potestad a una comisión de expertos sin intereses y no se puede tratar de un espacio dirigido por ex rectores. Sin universidades de calidad, el Perú seguirá atrasado en Educación y esa factura la pagamos, a diario, todos los peruanos.