El proceso de descentralización en el país ha sufrido desde hace más de 30 años, una serie de cambios, pero ninguna ha generado efectos positivos en el desarrollo administrativo del país. Desde la regionalización implementada en el primer gobierno aprista (1989), pasando por la Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) implementados por el fujimorismo, pero dependiente del gobierno central (1992) lo que motivó el populismo característico de dicho régimen, hasta el proceso implementado por Toledo (2002) que supuso también un referéndum que fracasó para promover las macroregiones.

Años más tarde, la primera etapa del gobierno de Ollanta Humala –el de la Gran Transformación y la Hoja de Ruta- promovieron algunas medidas que buscaban fortalecer el proceso de descentralización, recuperando el nivel gubernamental del Consejo Nacional de Descentralización (CND), culminando la transferencia de funciones del gobierno central a las regiones, promoviendo la institucionalidad de las municipalidades rurales y la propuesta de trece mapas de planeamiento del desarrollo territorial de la Nación.

Todos esos procesos nos llevaron a la situación que actualmente tenemos. 24 gobernadores regionales (antes llamados presidentes) con un aparataje similar al del gobierno central, con direcciones regionales que responden a las funciones de los ministerios y con presupuestos que si bien son independientes, responden a la aprobación de lo que Lima decida en la sede de la PCM.

Sin embargo, esa debilidad del sistema no justifica la situación que actualmente se vive alrededor de la situación legal de los gobernadores regionales y de alcaldes distritales o provinciales que están en prisión, o siendo procesados en libertad, acusados por delitos de corrupción. Desde tráfico de terrenos, hasta ser parte de uno de los casos más impactantes de América Latina: Lava Jato.

CORRUPCIÓN: CAMBIOS EN EL EQUIPO

El Poder Judicial acaba de tomar un par de decisiones que han resultado polémicas. Hace una semana, la Sala de Apelaciones de Loreto anuló la sentencia de seis años de prisión contra el expresidente regional Yvan Vásquez, quien fue acusado por el delito de colusión tras una serie de irregularidades en la obra de instalación de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. Esta decisión genera que se abra un nuevo juicio al  procesado y todo vuelva a fojas cero.

Mientras, en Ayacucho el exgobernador Wilfredo Oscorima quedó en libertad, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Lima al ser absuelto del proceso por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

Pero mientras ellos salían, ingresaban nuevas autoridades. En este caso Jorge Acurio, ex autoridad regional del Cusco fue detenido tras señalarse que recibió tres millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la buena pro para la construcción de la vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial.  

Semanas atrás, Richard Ramos, alcalde de Chilca (Lima) fue detenido por integrar una banda de tráfico de terrenos, mientras que Félix Moreno, gobernador del Callao fue detenido tras ser acusado de recibir dinero de la empresa Odebrecht.

Y quien también regresa, es el exgobernador de Pasco, Kléver Meléndez que afrontaba su proceso en libertad gracias a un Hábeas Corpus, sin embargo un fallo reciente suspendió esa decisión y reiteró la orden de prisión preventiva en su contra.

REFORMA ELECTORAL: ¿SERVIRÁ PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN?

El ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales, o durante el proceso de gobierno debería ser suficiente razón para evitar que estas personas sentenciadas puedan participar de los procesos electorales. En una entrega anterior, Otra Mirada conversó con Gerardo Távara, secretario  general de Transparencia quien comentaba este hecho:

“Un segundo tema de prioridad es tener candidatos limpios, íntegros, libres de antecedentes penales en especial por delitos de corrupción narcotráfico terrorismo violación sexual u homicidio. Por ejemplo ¿qué hacemos con personas que hoy purgan prisión preventiva o tienen una sentencia en primera instancia y están en la cárcel por delitos de corrupción?  Álex Kouri, Félix Moreno, César Álvarez, Wilfredo Oscorima, Gerardo Viñas, y otros más, que tienen condenas en primera instancia o prisión preventiva, pero la ley actual les permite volver a postular estando en la cárcel.”

Pero ¿podemos confiar en una reforma electoral que inhabilite a personajes sentenciados por corrupción, viniendo de un sistema político como el del Congreso? La lista de autoridades vigentes o ex gobernantes que tienen procesos judiciales es amplia. Precisamente, Transparencia tiene un mapa regional de estas autoridades, y el listado, deja mucho que pensar.

Para ver el listado, ingresar a este link.