La reforma electoral tiene, por el momento, enfrentados al Congreso y el Poder Ejecutivo y han activado las alertas de los partidos políticos que se encuentran en el proceso de recolección de firmas para lograr su inscripción con miras al 2021. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, conversa con Otra Mirada sobre los alcances de esta reforma.

¿Qué falta desde los partidos, el Ejecutivo y el Congreso para concretar la reforma?

Falta hacer conciencia que toca poner por delante aquellas medidas que, aunque no beneficien al cálculo de un partido político, van a permitir afrontar los problemas que hoy tiene la democracia: corrupción, penetración de dinero ilegal en campañas y gobiernos a todo nivel, desconfianza de la gente en los partidos y su manejo poco democrático. Además la convicción que la reforma electoral y política no es solo de los políticos. 

Los organismos electorales han hecho bien en decir “esto también es nuestro asunto no solo organizar buenas elecciones” y han propuesto un código electoral y participan en el debate. El ejecutivo tampoco se queda fuera y ha propuesto lo suyo en algunos puntos porque desde ahí se ve la cosa con otros ojos. 

Pero esto ha exacerbado al congreso.

Eso y que también organismos de la sociedad civil como Transparencia o Proética, opinen. Hay momentos que eso genera malestar en algunos congresistas. Creo que debemos salir de esta idea de que la reforma política es un asunto solo de los políticos. Es un asunto de todos en el país: de la prensa, de las organizaciones sociales, de la población, de los gremios empresariales y cuanto más participemos de este debate, se enriquece y podría ser mejor el resultado.

La reforma siempre nos encuentra con los tiempos justos, nunca nos alcanza.

Para ejecutarlo en el 2018, para las elecciones municipales y regionales donde hay 13 mil puestos en disputa y más de 100 mil candidatos, necesitamos que se apruebe en octubre de este año. Pensamos que hay prioridades, que no significa discutan esto y no lo otro sino por donde empezamos. Es decir, la regulación rigurosa del financiamiento en campañas para evitar el ingreso de dinero de la corrupción, del narcotráfico, de la minería ilegal, la trata de personas en las campañas electorales y para aplicar sanciones políticas cuando se incumple esta norma.

O de empresas legalmente establecidas…

Empresas legales con cuentas paralelas –como Odebrecht- para financiar campañas o que donan dinero para luego cobrarlo a través de licitaciones, obras, compras, etc. 

Y un segundo tema de prioridad es tener candidatos limpios, íntegros, libres de antecedentes penales en especial por delitos de corrupción narcotráfico terrorismo violación sexual u homicidio. Por ejemplo ¿qué hacemos con personas que hoy purgan prisión preventiva o tienen una sentencia en primera instancia y están en la cárcel por delitos de corrupción?  Álex Kouri, Félix Moreno, César Álvarez, Wilfredo Oscorima, Gerardo Viñas, y otros más, que tienen condenas en primera instancia o prisión preventiva, pero la ley actual les permite volver a postular estando en la cárcel. 

Gregorio Santos fue un ejemplo de esto.

Santos postuló desde prisión el año pasado a la Presidencia de la República, pero además en el 2014 también lo hizo desde prisión y ganó como gobernador regional de Cajamarca. Uno dice, tiene derecho a competir y la población tiene derecho a elegirlo pero sabe que no podrá ejercer el cargo porque está en prisión, pero ni él ni la población ve que se concrete su derecho. 

Y que ocurre con los que cumplieron condena. Por ejemplo los miembros del Movadef o del MRTA que estuvieron en prisión y quieren postular. 

Ese es un muy buen punto.  Nosotros usamos como referencia la ley de carrera judicial que dice que no puede postular para fiscal o juez alguien que haya tenido alguna condena por cualquier delito, así sea un hurto simple. La Ley Magisterial también dice que no puede ser maestro, aquel que haya sido condenado –así ya haya salido de prisión- por terrorismo, violación sexual o narcotráfico. Entonces decimos que debería aplicarse lo mismo para postular a cargos de elección popular, no podrían hacerlo quienes hayan sido sentenciados por delitos graves como terrorismo, narcotráfico, violación sexual, corrupción u homicidio

Una fórmula intermedia sería que no sea una inhabilitación eterna pero sí de largo plazo. Es decir  si saliste de prisión, por los siguientes 20 años no puedes acceder a un cargo de tanta importancia. 

La congresista (Patricia) Donayre señala que la propuesta del ejecutivo es una copia de lo discutido. El gobierno dice que no, que se busca mejorar el debate. ¿Existen diferencias? 

Sí claro. En el congreso se propone 4% de las firmas (750 mil aproximadamente) para inscripción. El Ejecutivo propone 1% (175 mil firmas). El congreso plantea que la participación de los organismos electorales en las elecciones internas de los partidos, sea facultativa y mantiene la figura de la asamblea de delegados. El Ejecutivo propone que sean elecciones primarias donde voten todos los militantes y que sean organizadas obligatoriamente por el Jurado, la ONPE y el RENIEC.
Otra diferencia es el aporte de empresas, el congreso dice que no aporten en las campañas el ejecutivo dice que sí. El ejecutivo propone que se levante el secreto financiero de los precandidatos y que si la Unidad de Inteligencia Financiera detecta algo irregular lo comunique a la autoridad electoral. Esto no está en la propuesta del congreso.

Hay puntos donde si hay similitud, por ejemplo la alternancia y paridad en las listas, en eso hay un gran consenso o en el tema de establecer sanciones políticas y no multas cuando se incumple las normas del financiamiento.

¿Llegaremos a buen puerto en este debate?

Nosotros confiamos que sí. Estamos colaborando en que se valoren las coincidencias entre las propuestas del congreso, de los organismos electorales, el ejecutivo y las opiniones que vienen desde instancias como la Comisión Presidencial de Integridad, o el estudio de integridad de la OCDE y las propuestas que presentó Transparencia en el 2015 al que llamamos “Plan 32” y de otras organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué es más importante? ¿Abrir la cancha para que haya más partidos o reducirla para que tengamos menos partidos, mejor establecidos con todo en regla y no sea un dolor de cabeza los próximos electorales con cédulas tan amplias?

Creo que ya son un dolor de cabeza las elecciones con 19 candidatos. Lo más importante ahora es que los requisitos para que un partido se inscriba y luego mantenga esa situación sean requisitos que garanticen o demuestren que ese partido tiene presencia más allá de Lima, tiene alguna actividad regular, un número de militantes adecuados y que maneja escrupulosamente sus finanzas, está dispuesto a hacer elecciones internas y compite en todos los procesos electorales no solo los nacionales. Ese debería ser el tema de discusión ahora, y eso vale para los partidos inscritos, que son 25, y para los que logren inscribirse más adelante sea con el 1 o el 4% de firmas.