Como era previsible, la promesa de controlar la epidemia del dengue en tan solo 15 días resultó imposible de cumplir. Los contagios continúan en aumento y la magnitud real del problema sigue siendo desconocida debido a las limitaciones de nuestros laboratorios. Desde que se lanzó el compromiso, los casos reportados de infectados y fallecidos se han duplicado, lo que indica que el problema persistirá durante algunas semanas más.

El Ministerio de Salud no puede asegurar el cumplimiento de esta promesa debido a sus capacidades limitadas y competencias insuficientes, tanto para el control del mosquito transmisor como para la provisión de servicios de salud a nivel regional. Situación que se ha complicado aún más por la profunda crisis social y política, la cual está marcada por los altos niveles de pérdida de legitimidad de la autoridad, la desconfianza y la polarización, lo que limita uno de los factores clave para la lucha contra el dengue: la movilización social. 

Primero, controlar los contagios

El control de los contagios de dengue depende de reducir al máximo las posibilidades de reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti. Este insecto requiere agua limpia para reproducirse, ya sea potable o proveniente de la lluvia.

Las personas que no tienen acceso constante a agua potable se verán obligadas a almacenarla en recipientes de diversos tamaños, desde tanques cisterna hasta baldes y ollas. Si estos recipientes no están adecuadamente tratados y no se les tapa de forma permanente, se convierten en lugares propicios para la reproducción de los mosquitos.

En áreas donde las condiciones de vivienda y saneamiento son precarias, es común encontrar objetos inservibles, como llantas viejas, latas o botellas rotas, que se convierten en criaderos de mosquitos al acumular agua de la lluvia.

Por tanto, para controlar la propagación del mosquito, es necesario garantizar condiciones adecuadas de vivienda y saneamiento, incluyendo el acceso permanente a agua potable. Además, se requieren campañas educativas y de concientización sobre la enfermedad, así como sobre las medidas necesarias para controlar su propagación en el hogar y la comunidad. 

También es fundamental llevar a cabo una vigilancia constante de la presencia y el comportamiento del mosquito para determinar cuándo y dónde atacarlo. 
La responsabilidad de implementar oportuna y adecuadamente estas intervenciones recae principalmente en los gobiernos locales y regionales, no en el Ministerio de Salud. El Ministerio puede establecer los estándares, brindar asistencia técnica y movilizar recursos financieros complementarios. 

En conclusión, el Ministerio de Salud no puede cumplir por sí solo con la promesa de controlar la transmisión del dengue en 15 días, ya que las competencias para ejecutar las intervenciones clave para controlar el vector, están delegadas a los gobiernos regionales y locales.

Segundo, reducir la mortalidad

Sin embargo, el riesgo de morir por dengue, una vez infectado, está relacionada con el acceso a servicios de salud de calidad, algo que el Ministerio de Salud tampoco puede garantizar plenamente a nivel nacional, y mucho menos en las regiones.

Como aprendimos durante la pandemia del COVID-19, el sistema público de salud del Perú enfrenta desafíos significativos, entre ellos su muy precario financiamiento – entre los más bajos de América Latina –, la alta fragmentación (con aproximadamente treinta subsistemas con financiamiento público) y los elevados niveles de corrupción. A estas fracturas estructurales se suma el proceso de descentralización de la salud.

Aunque a los ojos de la población, las postas, los centros de salud o los hospitales siguen siendo responsabilidad del MINSA, en realidad su gestión recae en los gobiernos regionales (con excepción de Lima Metropolitana). 

En situaciones como esta, nuevamente, el ministerio puede apoyar, por ejemplo, declarando el estado de emergencia sanitaria, lo que flexibilizará en cierta medida las rigideces administrativas para realizar compras o contratar personal. También podrá gestionar recursos financieros adicionales y movilizar asistencia técnica para asesorar o capacitar. Incluso podrá desplegar brigadas de apoyo para el cuidado de pacientes.

Lo que el MINSA no puede hacer en una región es tomar decisiones referentes a la gestión presupuestal, la organización de los servicios (por ejemplo, los turnos de atención o los desplazamientos del personal, la utilización de los ambientes, etc.) y mucho menos decidir quiénes deben ser los responsables de liderar la respuesta sanitaria en esos territorios.

Todas estas funciones son responsabilidad de los gobiernos regionales, quienes están amparados en su marco normativo y tienen la legitimidad del voto.

En resumen, con un sector salud precario y sin control directo sobre la provisión de servicios, la titular del sector salud podrá apoyar, pero, lamentablemente, no puede garantizar la provisión efectiva de servicios de salud, ya que no tiene poder de decisión sobre ellos.

Tercero, débil liderazgo y la polarización extrema

A los factores ya señalados, se suma el hecho de que todas las autoridades responsables de enfrentar la epidemia del dengue son nuevas. Tanto la presidenta de la república y sus ministros, nacidos en medio de un intento fracasado de golpe de estado, como las autoridades regionales y municipales, elegidas con el voto popular. Todas estas autoridades son herederas, además, de un profundo deterioro de la confianza ciudadana en su clase política dirigente y una marcada polarización e inestabilidad.

Lamentablemente, esta situación no ha hecho sino empeorar desde que la Sra. Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta de la república, fundamentalmente por la violenta represión a las movilizaciones sociales que demandaban el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales, lo cual dejó como saldo casi 60 muertos y una aguda pérdida de legitimidad tanto en el ejecutivo como en el poder legislativo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, en cinco meses de gestión, la desaprobación del ejecutivo es del 85% y la del congreso 94%.

Tal y como lo señala Francis Fukuyama, sin legitimidad y sin confianza en las instituciones, es imposible ejercer el liderazgo que una epidemia requiere para lograr el trabajo conjunto de todos los actores, incluyendo a la ciudadanía y sus representantes. Un ejemplo práctico de esta situación es que casi la mitad de la población se niega a abrir sus casas para facilitar la fumigación. 

En resumen, sin competencias para actuar sobre los factores que favorecen la reproducción del mosquito, con un poder muy limitado para intervenir en la provisión de los servicios de salud a nivel regional y con una aguda crisis de confianza y una extrema polarización política y social que obstaculiza el accionar conjunto de la ciudadanía y sus instituciones, era muy aventurado, desde el Ministerio de Salud, comprometerse a reducir de manera efectiva el azote de esta enfermedad.

Y las cifras oficiales así lo demuestran. 15 días después, el número de casos se ha más que duplicado, superando los 115,000, y el de fallecidos se acerca a 170 (una cuarta parte solo en la región de Piura), cifras nunca registradas en los últimos 30 años desde la reintroducción del dengue en el país. 

Hacia adelante… un Niño en el horizonte

Quizá nunca sabremos qué impulsó a una persona cualificada y con experiencia como la ministra Gutiérrez a prometer algo que estaba fuera de su alcance. Esta situación la ha colocado en un predicamento. Y, siendo honestos, esta ministra representaba el retorno al profesionalismo, especialmente después de haber visto pasar a vendedores de productos milagrosos, acusados de “mochasueldos” o simplemente incompetentes para desempeñar el cargo. De hecho, era una de las pocas ministras de este régimen que no se limitaba a estar encerrada en su oficina, ya que podía salir a terreno sin ser abucheada, insultada o simplemente expulsada, como le sucedía al resto del gabinete e incluso a la propia presidenta.

Lamentablemente, esa promesa, hecha con exceso de entusiasmo para algunos y con simple arrogancia para otros, ha debilitado su posición de liderazgo en el sector. Es una situación difícil de superar, especialmente en un entorno altamente polarizado y extremadamente volátil como el que estamos viviendo.

No obstante, debemos preguntarnos si un cambio en la dirección del ministerio servirá para reducir los altos niveles de contagio y la elevada mortalidad por el dengue. Evidentemente, no, sobre todo si no reconocemos que enfrentar fenómenos de esta magnitud con un Estado debilitado y disfuncional como el nuestro sigue siendo una tarea casi imposible.

El descenso de las temperaturas y las lluvias, así como el agotamiento del ciclo de reproducción del mosquito, jugarán a nuestro favor en las siguientes semanas y el número de casos y fallecimientos efectivamente disminuirá. Sin embargo, los anuncios de un fenómeno El Niño en la segunda mitad del año volverán a generar las condiciones favorables para su resurgimiento. Esperemos que las lecciones que nos deja esta dura fase sirvan para mejorar nuestra respuesta en el futuro.

Finalmente, es impostergable iniciar un proceso de revisión de un conjunto de políticas públicas, entre ellas el proceso de descentralización de la salud en el país para devolverle al ente rector parte de la gobernanza perdida; rescatar lo que ha funcionado, mejorar aquello que se muestra promisorio y desechar lo que no nos permite avanzar.