Con la caída del muro de Berlín (1989) los partidos políticos quedaron huecos de contenido ideo-político. De pronto –como dice Eloy García—se extendió a todos «los confines de la tierra (…) las ideas de la Constitución, derechos del hombre, legalidad y juridicidad del poder, representación, partidos y elecciones libres». Pero en ese mismo momento «en las democracias constitucionales comenzaba a evidenciarse una creciente degradación en los valores, en las normas, en las instituciones, en lo político y en lo jurídico».

En realidad, esta degradación aumenta en intensidad con la imposición del neoliberalismo desde inicios de los años ochenta. La política se convirtió en propiedad privada de las «oligarquías políticas» («clase política», le dicen) «que operan siguiendo una lógica ajena a la idea democrática», y sus partidos devinieron –por lo menos, en nuestro país-- en «grupos de interés» constituidos por un caudillo y su entorno, unos con algo de historia pero que ya no les sirve y otros que aparecen solo en las coyunturas electorales. La democracia para estas oligarquías es un acto procedimental de elecciones periódicas que usan para confiscar el aparato institucional del Estado.

Neoliberalismo, Corrupción y pérdida de ciudadanía

Con el neoliberalismo, entonces, la política fue sustituida por la economía, lo público por lo privado y el interés común por el individualismo. Así, el camino hacia la corrupción por el que transitan las facciones oligárquicas se hizo más directo y descarado. La corrupción, y no la virtud cívica, se convirtió en una forma de gobernar y de hacer «política». Piénsese en los actuales candidatos punteros en las encuestas, y en los caciques regionales y locales. Todos han pervertido el sentido original de la política, enajenándola completamente al quitarle su propiedad de ser práctica social orientada al bien común. Cuando se pierde interés por lo público, también se pierde el comportamiento ético y, por lo tanto, el sentido de la política como práctica de la virtud cívica, como la participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos, como «un espacio de convivencia y de creación junto a los otros» (Abellán López, 2014).

En nuestro país, las reformas y políticas neoliberales de los noventa generaron el contexto institucional apropiado para que la corrupción alcanzara su máximo nivel, y se propagara a todos los poderes y organismos del Estado. No hay que olvidar que en el año 2000, Alberto Fujimori fue re-relegido en segunda vuelta con el 74% de los votos (ganándole a un recién llegado a la «política») y que luego renunció por fax (21-11-2000) tras divulgarse evidencias de actos de corrupción durante los años en el que estuvo usufructuando  el poder del Estado. Lo que siguió después no fue, como dicen algunos, una transición a la democracia, pero sí fue un momento desperdiciado porque nadie tenía un esquema institucional, con un sistema de partidos políticos de nuevo tipo, para rescatar el sentido original de la democracia. Y, ciertamente, no se podía rescatar el sentido original de la democracia, con un modelo económico que subordinaba la política a la economía y hacia elogio del individualismo.

En los años que siguieron al «fujimorato» la democracia procedimental se adecuó al neoliberalismo. Los ciudadanos aparecen solo durante los procesos electorales, para después, pasada la votación, dejar de serlo. Pero, ni siquiera en el momento de depositar el voto en las ánforas son «ciudadanos libres», porque --como dice Eloy García—lo impide el control mediático de la sociedad. No hay ciudadanos, hay electores limitados en su libertad de elegir. Además, la práctica política de las oligarquías, viejas o de nuevo cuño, bloquean el desarrollo de la ciudadanía, de la misma manera como la concentración del poder económico, la concentración de la información  y la privatización de la política impiden el desarrollo de la democracia.

La corrupción y la impostura son las características del actual Estado Constitucional Neoliberal en nuestro país y que atentan contra la esencia misma de la  democracia: «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Piénsese en el magistrado del CNM recientemente vacado para quien «Haber cobrado 100 dólares por expediente será inmoral, pero no es delito»; o en el «político que roba, pero hace obras» elegido alcalde; o en el actual «candidato que indultó a delincuentes y narcos»; o en la candidata fujimorista que aprendió de su padre cómo se hace «política»; o, en fin, en el candidato propietario de universidades que declara ganar adeptos regalando artefactos domésticos y dinero. La experiencia nos dice que estos y sus entornos, una vez elegidos (presidente y congresistas), sirven a los grupos de poder económico que los «ayudaron».

Por último, hay politólogos y «políticos» que defienden la reelección de los que ejercen la representación por elección popular. Pero, la reelección es contraria al principio democrático de rotación, principio que es fundamental para promover la participación y el ejercicio ciudadano de la virtud cívica. Sin rendición de cuentas ni mecanismos directos de control ciudadano, la representación y su mecanismo de reelección le quitan legitimidad a la democracia. Los ciudadanos dejan de ser los verdaderos sujetos políticos, pues su participación se limita al acto periódico de votar.

¿Qué hacer para construir ciudadanía y democracia?

Nuestro país requiere una democracia con participación ciudadana y una concepción de la política como «ejercicio público de un mandato colectivo». Esta es la democracia republicana, que se funda en la participación directa de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida en comunidad; que supone limitar y controlar el poder de los elegidos, mediante mecanismos institucionales explícitos (desde las revocatorias bien reguladas, la rendición de cuentas, la rotación o la no reelección, las listas abiertas, etc.); pero, que también exige un diseño institucional que impida la injerencia de  los grupos de poder. De otro lado, los partidos, sobre todo los que tienen un pasado de izquierda, deben convertirse en «escuelas» de ciudadanía; en verdaderos «cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Hay dos ciudadanos que, si los elegimos, pueden llevar adelante estas reformas con un nuevo contrato social: Gonzalo García y Verónika Mendoza, Verónika Mendoza y Gonzalo García. Ninguno tiene el lastre de las oligarquías políticas.
 
Publicado sin la última parte por el Diario UNO, el sábado 21 de noviembre.