Este lunes 17 de mayo, los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) han firmado y jurado por la Proclama Ciudadana, iniciativa impulsada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y la Asociación Civil Transparencia. Una suerte de “carta de garantía” en la que ambos postulantes a la Casa de Pizarro se comprometen -entre otras cosas- a respetar la democracia y los derechos humanos. 

En un país como el nuestro donde el papel aguanta todo, genera una ambigüedad de sentimientos ver a los candidatos firmando un documento como este, toda vez que, si bien existen temores fundados sobre ambos personajes, se conoce al menos un caso donde una candidata ya había suscrito un compromiso similar en pasada elección pero que no garantizaba cuál sería su accionar si no gozaba del apoyo del electorado. 

Entonces, cabe preguntarse ¿Debemos confiar en que los candidatos cumplirán su palabra y acatarán a cabalidad lo que esta semana han suscrito? La respuesta normal, en un país donde la democracia y la palabra son el pan de cada día, debería ser que sí. Pero -y disculparán la falta de nacionalismo- estamos en el Perú. Un Perú donde los candidatos prometen algo y apenas llegan al poder no lo hacen o peor aún hacen exactamente lo contrario (Los mayores de 40 recordarán el famoso “shock” del 90). Un Perú donde el candidato perdedor está dispuesto a usar su artillería pesada para fustigar al ganador y de ser posible no dejarlo gobernar. 

Estamos en un Perú donde hasta las figuras más dóciles se pueden convertir en aguerridas defensoras de un sistema que muchos no comparten, cuando meses antes, cuando se les pedía un gesto de protesta en defensa de la democracia, solo se tomaron de las manos para entonar el himno. 

Un Perú donde el “terruqueo” está en la punta de la lengua y donde las facciones más oscuras de nuestra política no han hecho ni siquiera un acto de contrición real después de décadas y más bien han fortalecido sus métodos y en su momento han hecho fuerza abusiva de su mayoría. 

Entonces ¿es la Proclama por la Democracia una garantía de buen gobierno y respeto a los derechos humanos? Probablemente no, porque gane quien gane posiblemente cambiará de giro como lo hicieron otros que incluso cambiaron la hoja de ruta que previamente era la gran transformación, porque quizá cuando termine su gobierno -o tal vez antes- nos enteremos que cayeron en las fauces de la corrupción y se dejaron engatusar por ese hedor que a veces trae el poder y que transforma a las personas o termina sacando la verdadera esencia de lo que son. 

Más que un documento, lo que toca ahora -a la ciudadanía vigilante- es estar pendiente del accionar del grupo que gane la elección del 6 de junio. Le toca a la ciudadanía ser el ente fiscalizador de un gobierno que va a entrar sobre un país polarizado (por ellos mismos, dicho sea de paso) en medio de la peor crisis sanitaria vivida en los últimos 30 años y que ha traído también una crisis económica. 

En noviembre del año pasado, la ciudadanía -con todo y pandemia- mostró de lo que era capaz. Solo esa acción debería ser motivo suficiente para que nuestro próximo presidente o presidenta sepa que no va a gobernar sobre una población aletargada, sino que -contrariamente a lo que pasó en los 80 y 90 que fuimos aplastados por la violencia y la crisis económica- estará más atenta, con muchas demandas en ristre y con una necesidad de volcar su frustración ante las muertes, la falta de oportunidades y la escasez de recursos en los servicios básicos. 

La verdadera Proclama por la Democracia será la que se firme -tácitamente- después del 6 de junio. Lo que digan las ánforas, esa será la verdadera proclama por un país mejor o siquiera menos malo del que ya tenemos hoy.