En las últimas semanas se ha usado impunemente la idea de que la negativa de confianza al gabinete Cateriano se debía a un lobby de los dueños de las universidades privadas con fines de lucro a los que se había negado la licencia de funcionamiento. Esa idea es falsa, una “posverdad” de las tantas a las que ha querido acostumbrarnos la hegemonía ideológica de la derecha neoliberal en las últimas décadas. Que han metido mano los mercaderes de la educación que forman partidos para defender sus intereses, a nadie le caben dudas, pero que esa es la razón de fondo es mentira. Lo que el Congreso ha rechazado y también el país es el viraje a la derecha extrema que expresaba Cateriano y en el que parece que insiste Vizcarra.

El primer brulote es que hay una “reforma universitaria” en marcha. Como ya he señalado en diversas oportunidades, reforma universitaria nos refiere a la reforma de Córdoba y su estela en América Latina y en el Perú en los últimos cien años. Tiene que ver con con universidad pública, gobierno democrático, gratuidad de la enseñanza, libertad de cátedra, condiciones todas ellas que son condiciones para una educación pertinente y de calidad. Lo que sucede es lo contrario: una contrarreforma universitaria, que tiene como objetivo ensayar un nuevo camino a la privatización de la educación universitaria en el Perú. 

Pero definamos esta privatización. El primer ensayo, con el DL 882 de 1996, fracasó en su propósito porque se basó en autorizar universidades privadas con fines de lucro, desconocidas en nuestro país, que permitieron la multiplicación de universidades sin condiciones de calidad que “dieron gato por liebre” a cientos de miles de estudiantes y padres de familia. Contra ello reacciona la ley universitaria 30220 cuando señala la necesidad de un organismo regulador que pusiera orden frente a esta situación y cerrara, como bien se ha hecho, 48 universidades negocio. Para ello, el proyecto de la mencionada ley propuso el Consejo Nacional de Universidades como órgano regulador, ajeno a los intereses corporativos de los rectores que componían la fenecida ANR, pero surgido de las propias universidades para garantizar autonomía, democracia, gratuidad y la tan mentada libertad, que algunos solo entienden como libertad de mercado. Esta característica garantizaba el carácter universitario del organismo y le permitía tener legitimidad para los universitarios, lo que ahora no parece importar. El proyecto de ley fue asaltado en el último minuto, julio de 2014, por los tecnócratas del MEF, que ya habían copado el Ministerio de Educación e impusieron (como lo hacen siempre que controlan el Congreso) la hoy famosa Sunedu. La diferencia con el Consejo antedicho es muy sencilla, los tecnócratas inventaron un mecanismo que les permite controlar la Sunedu mientras dure su poder en el Estado. Así comienza el segundo intento de privatización de la universidad en el Perú.

Además de la distorsión de la regulación con la Sunedu, la tecnocracia del Ministerio de Educación introdujo también otra distorsión quizás si tan o más grave que la anterior, la distorsión del papel rector del Estado en la educación superior, que correctamente señala la ley 30220. El caso es que estos tecnócratas, abusando de su poder, pasan de establecer políticas de Estado que se deban cumplir en el sector a inventar reglamentos, en abierta violación de la autonomía universitaria —que señalan la ley y los estatutos de cada casa de estudios— e intervienen cuando y como les da la gana en la vida interna de las universidades, incluso de las que funcionan bien, pretendiendo aprobar, por ejemplo, sus planes de estudio. Se constituyen en algo así como “super rectores” sin que nadie pueda llamarlos al orden. Existe, pues, también, una reacción sana frente a este autoritarismo, que apunta a que las universidades, sobre todo las públicas, terminen como sucursales del Ministerio de Educación.

Este segundo intento de privatización de la educación universitaria ya no se basa en la creación de universidades “chicha” como el primero, sino en el traslado masivo de dinero del tesoro púbico a las universidades privadas. Como dice Fernanda Safocarda, especialista argentina en privatización de la educación superior, privatizar en este sector no sólo significa vender los activos al sector privado sino establecer una lógica de mercado en el mismo. En otras palabras, la educación superior plenamente identificada como mercancía a ser transada en un mercado y alejada de su carácter de servicio público para la producción de conocimientos.

En los últimos años, he denunciado varias veces el objetivo privatizador de la actual política educativa ante la mirada escéptica de muchos. He dicho, a costa de más escepticismo, que el gran ejemplo de esta privatización es el tan mencionado programa Beca 18, al que he calificado de programa perverso. Beca 18 se supone que es un programa para que jóvenes de escasos recursos puedan ir a la universidad. Sin embargo, históricamente las instituciones encargadas de esto han sido las universidades públicas, pero su carácter gratuito, democrático y rebelde ha hecho que el poder, y más todavía el poder neoliberal, desconfíe de ellas por lo que crea un programa alternativo. El Banco Mundial, verdadera mano negra detrás de estas iniciativas, es muy claro al respecto: hay que dejar de financiar la oferta, es decir las universidades públicas que son muy problemáticas y pasar a financiar la demanda, o sea los estudiantes de escasos recursos para que estudien donde quieran. Las cifras saltan a la vista, Beca 18, ha tenido entre ochocientos y mil millones de soles al año de financiamiento del Estado en los últimos cinco años, que han ido masivamente a las universidades privadas y con resultados muy controvertidos; mientras que las 51 universidades públicas reciben entre todas un aproximado de 2,500 millones al año del tesoro público. Es decir, este programa privatizador tiene hoy la tercera parte del presupuesto de todas las públicas y, a pesar de ello, se considera un programa “inclusivo”.

Pero allí no se queda la cosa, existe otra sangría más de dinero público en favor de las universidades privadas, al que hace alusión un comunicado de la Universidad Nacional de Ingeniería del 6 de agosto pasado, en medio de la última crisis política. Señala allí el rector de la UNI, Dr. Javier Alva, la necesidad de “cortar de inmediato las exoneraciones y subvenciones” que alimentan a las universidades privadas, que no empiezan es cierto en las últimas décadas pero que es urgente reencauzar a las universidades públicas. 

Por último, la costumbre sempiterna de los tecnócratas del MEF de quitar dinero público a las universidades nacionales que aumentan sus recursos propios, lo que ha hecho que universidades públicas, exitosas en muchos aspectos, como San Marcos y la UNI, hayan visto reducirse sus presupuestos al mínimo por tener unidades que producen recursos. Esto último, ha desarrollado también prácticas equivocadas en las propias universidades públicas como la tentación de ofrecer “ingreso directo” a través de sus propias academias de preparación, en detrimento de los estudiantes pobres que no pueden pagar academias, para aumentar los recursos propios.

Con todo este dinero que hoy se va a bolsillos privados se podría financiar por ejemplo el “Programa de fortalecimiento institucional para la calidad de la universidad pública” que está en la Cuarta Disposición Complementaria de la ley universitaria 30220 y que, tiene como objetivo repotenciar a las 12 universidades públicas más antiguas. Si quieren cumplir con la ley universitaria como tanto pregonan, pues allí tienen, atrévanse. La ley 30220 es una buena ley, que desafortunadamente tiene un tumor maligno que hay que extirpar: un organismo regulador mal diseñado. Ojalá que esta cirugía se haga a tiempo para salvar al conjunto del embate neoliberal.

Como vemos este segundo intento de privatización alentado por la actual política educativa está en marcha, por lo que sus protagonistas tratan de esconderlo señalando que sus críticos quieren terminar con una supuesta reforma universitaria. Nada más falso, lo que hacemos es denunciar a los verdaderos privatizadores, que lo que pretenden es imponerle una lógica de mercado a la universidad pública y al conjunto del sistema universitario. Los mercaderes, producto del DL 882, están expuestos y hay que terminar con ellos, pero hoy son un problema residual frente a los verdaderos agentes privatizadores que imponen sus preceptos arropados hasta ahora por el poder de turno.