El conflicto de Las Bambas no es un caso aislado en el país, muchas otras comunidades del corredor minero y de la Amazonia peruana enfrentan la misma situación. Existe en el país una tendencia a “institucionalizar” los conflictos, arrastrándolos indefinidamente.   

Un primer hecho que explica esta situación es la dificultad de los diversos actores para pensar y actuar en función de los intereses nacionales, por el contrario, buscan instrumentalizar los conflictos para fines particulares. Así, en este caso específico de Las Bambas, podemos observar una extraña coincidencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda que estarían apostando por la agudización del conflicto, en su expectativa de que un desenlace violento los colocaría en mejor posición de atacar a su adversario principal el gobierno. Mientras que el gobierno si bien acierta al apostar por una salida de diálogo, se equivoca colocando como eje central del conflicto la manipulación y azuzamiento de agentes locales desestabilizadores entre ellos, el presidente Rojas de la comunidad y sus asesores, sacudiéndose así de toda responsabilidad.

Un tema ausente en el tratamiento de este conflicto, es la condición de ser una comunidad desplazada interna de Fuerabamba (no la única), en tanto ha tenido que ser reubicada, con su consentimiento, pero sin otra alternativa, por necesidad e impacto de un megaproyecto de desarrollo. Esta condición le asigna una serie de derechos y prerrogativas con arreglo a los principios rectores instituidas por las Naciones Unidas, las mismas que han sido recogidas en la Ley sobre los Desplazamientos Internos N°28223. Es probable que los aspectos materiales y monetarios hayan sido cubiertos en las tratativas del traslado iniciales, pero amerita una evaluación integral de la atención y mecanismos de protección de la población, en particular de su patrimonio cultural, identidad y reinserción. 

El tema de fondo que alienta este y otros conflictos, es que existe un núcleo duro de legítimas demandas de las comunidades del Corredor Minero y la Amazonia que están sistemáticamente desatendidas y postergadas: Tierra y Territorio; propiedad y despojo; Agua: abastecimiento y contaminación; Salud: enfermedades bronquiales y estomacales, presencia creciente de metales pesados en la sangre de las personas y el deterioro de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Lamentablemente, muchas de estas demandas consignadas en los contratos (EIA) y reiteradas en las mesas de negociación no han sido cumplidas ni por las empresas ni por el Estado. Esta es la razón del carácter cíclico y crónico de los conflictos.

El Estado que es el garante, el articulador, el mediador y facilitador de que la Ley y todos los acuerdos comprometidos por las partes en los conflictos se cumplan, lamentablemente desde los años 90 ha abdicado su rol, parcializándose en favor del interés privado. Así ha sido posible, el incumpliendo impune de los compromisos asumidos por las empresas, la modificación arbitraria e inconsulta de los EIA y la inversión de los recursos públicos en función de interés y prioridades particulares, postergando las demandas legítimas de la población.  

En esta ubicación parcializada e ineficiente, el Estado no tiene fuerza ni autoridad para prevenir y facilitar la resolución dialogada y concertada de los conflictos sociales, su estrategia burocrática, tecnicista y reactiva, solo ha servido para apagar los incendios a costa de compromisos en cientos de “mesas de diálogo” que no se cumplen en lo fundamental. De este modo el desgaste y deterioro del Estado es permanente y el malestar de la población creciente, lo que explica las tensiones y agresiones en momentos de crisis. 

Este contexto de caos y crisis crónica, ha favorecido el surgimiento de relaciones perversas, según los testimonios recogidos, una especie de “mafias” grandes y pequeñas que buscan instrumentalizar los conflictos para beneficio particular: Una red de “asesores oficiosos”. Corrupción y utilización de líderes comunales y redes de funcionarios y exfuncionarios de las propias empresas, de las entidades del Estado involucrados en corrupción y otros servicios no santos. Es decir, un escenario de descomposición social en el que “todo vale” y “todos ganan”, las únicas que pierden son las comunidades.

La salida a esta crisis y otras, sin duda debe ser siempre de diálogo trasparente y negociación justa en el marco de la Ley y el estado de derecho, el gobierno hace bien en apostar por este camino. Pero no abra solución efectiva y sostenible si no se atiende, la demanda central del conflicto: el pago por la propiedad y/o uso de la carretera. La contraparte de este acuerdo será la liberación inmediata de la carretera. Será importante evaluar la sostenibilidad de los acuerdos para prevenir el rebrote del conflicto. Las condiciones en las que opera la carretera con el transito permanente de una flota de 300 unidades de carga pesada, pronto tendrá graves efectos sobre la salud y las actividades económicas y productivas de las comunidades y el conflicto reaparecerá. 

Con respecto a la detención del dirigente comunal y sus asesores, no debe ser parte de la negociación, está en otro fuero del Estado y que debe resolverse en la instancia correspondiente.