La denominada “Ley Mulder” que prohíbe cualquier tipo de publicidad estatal en los medios de comunicación privados, ha generado el rechazo del Ejecutivo y de los grupos corporativos que administran las frecuencias de radio, televisión y de los dueños de los medios escritos en el  país.

Y es que si bien la norma busca regular el excesivo gasto del Estado en publicidad, y que ésta solo se restrinja a los medios públicos y digitales del Estado,  su fondo tiene un cierto tufillo de carácter dictatorial y de respuesta a los medios, que en este tiempo, le son contrarios al Poder Legislativo manejado por el fujimorismo con el apoyo de un sector del aprismo. 
Para empezar, habría que hacer una clara distinción entre lo que es publicidad estatal y propaganda estatal, para dejar bien sentada cuál es la diferencia entre ambas. La primera, está referida a las campañas realizadas por el gobierno, en materia de salud, educación, defensa de los derechos humanos, entre otras. Así como el anuncio de medidas extraordinarias, comunicados de necesidad urgente, etc.

La segunda, la propaganda, es simplemente el “autobombo” de un gobierno por tratar de levantar su imagen o promover contenidos que resulten importantes para su sobrevivencia política. 

Aclarado este punto, habría que pasar revista a las razones por  las cuales este congreso se ha mostrado, de pronto, tan acucioso con los gastos que hace el gobierno en sus distintas carteras en materia de publicidad. 

Es bien sabido, que la mayor parte de la torta publicitaria de los medios, está conformada por el presupuesto del Estado destinado a este fin. Cifras más, cifras menos, ese ingreso económico permite mantener la planilla del personal que labora en cualquier medio que se beneficie de este pago. 

Sabido también es, que los medios de comunicación manejan un área de publicidad y también un área de prensa que –en teoría- caminan por cuerdas separadas. Es decir, por más dinero que el gobierno de turno invierta en un medio de comunicación, su equipo periodístico debería continuar con su trabajo de informar las irregularidades y aspectos negativos del régimen a la par que también se informe sobre las noticias positivas. Esto, repetimos, al margen del aumento económico de las cajas de los medios.

Sin embargo, la mala praxis del fujimorato deja entrever que todos los medios, que reciben el pago por publicidad, automáticamente ponen una alfombra roja para atender bien a los gobernantes y apalear a quienes forman parte de la oposición.

En la época del fujimontesinismo, esto funcionaba como un reloj. Y no necesariamente por la perfección de la máquina, sino por la compra de líneas editoriales que el mismo Vladimiro Montesinos, concluía bien sentado en la sala de visitas del Servicio de Inteligencia Nacional, con bolsas de dinero en mano, pasaron los Crousillat, los Winter, los Schutz, entre otros empresarios que apostaron por la ruta fácil. 

Pero, el argumento de Mulder y los fujimoristas es que esta ley es para detener a la “prensa mermelera” que maltrata (?) constantemente a los “sacrificados” padres de la Patria y evitar que se sigan llenando con el dinero que, finalmente, le pertenece a todos los peruanos. 

Entonces, si nos ponemos a revisar, encontramos que Mulder y los fujimoristas se basan en que el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski gastó solo en año y medio de funciones, la suma de 571 millones de soles en publicidad estatal.  Siendo la presidencia del Consejo de Ministros la institución que más gastó en el primer trimestre de la gestión “ppkausa” con casi 58 millones de soles. 

Durante los hechos del Niño Costero, PPK gastó 32 millones de soles y durante la discusión de la vacancia, se aumentó considerablemente el monto hasta llegar a los casi 82 millones de soles. Lo cual, significa un gasto enorme de dinero.

Pero ¿le sirvió para que la prensa se “acomode” a su favor? ¿No fue acaso el periodismo el que se encargó de revelar sus negocios con Odebrecht? ¿No fue la prensa, la que destacó lo poco o nada que se había avanzado en el proceso de reconstrucción? 

Recordando 
Quienes sí tuvieron mayor suerte en sus respectivos gobiernos con el avisaje en prensa, fueron –precisamente- el fujimorismo y el segundo aprismo. 

Para la inefable re-reelección de Alberto Fujimori entre el año 1999 y el 2000, el ahora liberado exdictador gastó entre enero y noviembre de 1999 el monto de 61 millones 998 mil 871 dólares en avisaje,  y otros 32 millones 55 mil 634 dólares en el mismo período durante el 2000, antes de fugar al Japón.

El monto al cambio actual, asciende a 210 millones 796 mil 161 soles. Lo que supera largamente el costo criticado al ppkausismo. 

En el segundo gobierno aprista, se desató un pequeño escándalo cuando se supo que la presidencia del Consejo de Ministros, encabezada en ese entonces por Jorge Del Castillo,  invirtió más de 283 mil 967 soles para publicidad en uno de los canales con la antena más fría que se conozca en el país: RBC Televisión, propiedad del exalcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli. 

El problema es que la aparente figura de apertura democrática del presupuesto estatal, se vio empañada cuando se supo que en dicho canal, se encontraba el  hijo del presidente del Consejo de Ministros, Miguel Del Castillo, quien laboraba como asesor del canal, y que según él mismo declaró, tenía las intenciones de comprar la emisora de televisión.
(Para más detalles de este caso, visite el archivo del blog de José Alejandro Godoy)

Entonces, lo que debió ser una oportunidad para discutir una adecuada regulación de la publicidad estatal y enmarcarla en una ausente Ley de Medios que debería existir en el país para evitar el mal uso del espectro electromagnético, que es propiedad de todos los peruanos, se convirtió –finalmente- en un pretexto para intentar fustigar a los medios de comunicación que no le sonríen ni al gobierno, ni al Congreso, ni a ningún poder del Estado.

Más aún, es bastante discutible, que la ley haya sido promovida por representantes de dos partidos que,  cuando estuvieron en el gobierno, no tuvieron ningún reparo en despilfarrar el dinero para –en ese entonces- si estar bien con la prensa.

Una pena, que la discusión termine finalmente en una pelea jurídica que perjudicará no solo a los trabajadores de los medios, sino que también le complica la existencia a las radios y canales de regiones que con lo justo pueden flotar gracias a esa inyección de dinero y llevar los mensajes a todos los rincones del país.