Noticia concentrada: judicializar la política
Fernando de la Flor A.
Una gran mayoría de los actuales usuarios de las redes sociales, los denominados pulpines de la era del Internet, comunicación on line y Smartphones, no deben saber quién fue Joseph Goebbels. Para situarnos en la historia, este personaje fue el creador de la imagen, de la propaganda, del sentimiento nazi del pueblo alemán durante la Segunda Gran Guerra. Para ilustrar el trabajo que Goebbels desarrolló en la Alemania de esa época, basta decir que los alemanes creían que estaban ganando la guerra, no obstante que las tropas aliadas estaban por tomar Berlín, Hitler ya estaba en vísperas de suicidarse y el alto mando nazi de rendirse. Ese sentimiento – esencialmente equivocado por cierto – Goebbels lo ejecutó mediante la concentración de los medios de propaganda. Controlando la prensa, la radio, los medios de comunicación, el régimen nazi transmitía a la población un erróneo mensaje de lo que ocurría. El pueblo alemán – eso se dice – no sabía la magnitud del holocausto, ignoraba que estaban perdiendo la guerra, desconocía lo que realmente estaba ocurriendo. Goebbels fue el gran responsable al haber concentrado la información de los medios.
En el Perú, de un tiempo a esta parte, los medios de comunicación se están encargando de transmitirnos con énfasis desmedido la judicialización de la política. No hay día en el que no se tenga un titular relacionado con una acción de amparo, un habeas corpus, una medida cautelar, todos conceptos inentendibles para nuestro común ciudadano. Lo que se transmite es que los políticos –todos, no hay mayores excepciones- tienen algo que ocultar, una situación de la cual defenderse, y por eso tienen que utilizar estos desconocidos instrumentos legales de defensa. No se trata de oponer política a la política, sino de judicializarla.
Ocurre, sin embargo, que cuando se hace un trato ligero de las cosas, al extremo de distorsionarlas en su concepción y alcances, lo que se está haciendo es mal informar y, en el peor de los casos – lo que no debe descartarse – causar un daño deliberado pretextando la libertad de información.
Me explico. Cuando, por ejemplo, se anuncia que un ex presidente ha logrado que se acoja judicialmente una acción de amparo invocando lesión a su derecho de defensa porque una comisión parlamentaria lo ha citado a una investigación sin especificar los cargos, hay un sin número de análisis, ensayos, declaraciones, interpretaciones, todos destinados a demeritar lo uno y lo otro, es decir, el ejercicio del derecho de defensa y la utilización de un instrumento jurídico universalmente aceptado para ello. Antes de hacer las cosas como corresponde (abrir investigación por una irregularidad específica, a fin de que se ejerza una defensa en forma), se afectan las instituciones jurídicas involucradas: el derecho de defensa y la acción de amparo.
De la misma manera, cuando alguien recurre a un habeas corpus porque siente amenazada su libertad personal, ya que se pretende reabrir una investigación ya cerrada, y se declara judicialmente fundado dicho habeas corpus toda vez que se no puede, desde el punto de vista jurídico, volver a investigar aquello que se archivó, otra vez, los medios de comunicación, concentradamente, destacan una larga lista de comentarios, opiniones, interpretaciones, todas con el objeto de afectar, nuevamente, dos instituciones centrales para una vida democrática civilizada: el derecho de defender la libertad personal amenazada y el vehículo procesal del habeas corpus para hacerlo.
Ni qué decir si es que dicho habeas corpus se hace extensivo a otros ciudadanos, quienes estando exactamente en la misma situación, no han recurrido a dicha vía procesal para lograr tal beneficio; olvidando que hay principios generales de derecho (ahí donde hay la misma razón, existe el mismo derecho), y de economía procesal (para qué un nuevo pronunciamiento si ya se fijó un criterio jurisdiccional en el mismo caso), sin dejar de señalar que uno de los fines de la administración de justicia es evitar sentencias contradictorias (¿cómo entender que un nuevo habeas corpus pueda desestimarse?
Al judicializarse la política –como está sucediendo de manera patológica en el país – ésta – la política – contagia todo su descredito a las instituciones jurídicas. Ahora, cuando se habla de amparo, habeas corpus, la gente entiende que se trata de mecanismos diseñados para propiciar la impunidad, olvidándose que se trata de figuras legales de larga tradición histórica, creadas para defenderse de los actos arbitrarios. Ese es el costo –para mí, mayúsculo – de judicializar la política de forma indiscriminada, concentrando la noticia.
El punto sobre el que debe reflexionarse, entonces, que confío haber precisado en estas breves líneas, es cuando la justificadamente vilipendiada actividad política, a partir del tratamiento concentrado de la noticia (con otros objetivos, lo más probable) se cruza con instituciones jurídicas de larga data y ancestral tradición (el derecho de defensa, la acción de amparo, el habeas corpus), para trasgredir su esencia, distorsionar su naturaleza y afectar sus alcances.
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