Los regímenes dictatoriales y corruptos de derecha e izquierda ahogan libertades, reprimen sistemáticamente a los pueblos, asesinan selectiva y masivamente y, cómo no, necesitan suprimir - y suprimen - la libertad de prensa, cerrar medios de comunicación y encarcelar periodistas y dueños de medios que fiscalizan a los gobiernos y parlamentos,  investigan casos de corrupción e informan  a la opinión pública. Acciones absolutamente necesarias en la democracia para una convivencia civilizada y la confianza mínima entre gobernantes y gobernados.

Las expresiones extremas y brutales de esos regímenes dictatoriales y despóticos en Europa en el siglo XX fueron el fascismo y el comunismo totalitario (stalinismo), regímenes absolutamente antidemocráticos y violadores masivos de derechos humanos, con millones de víctimas. Los déspotas sabían - como saben los de hoy - que la democracia muere en la oscuridad. Como deben saberlo los pueblos también para no caer en sus redes.

Felizmente, esas lacras totalitarias que se autodenominaron “gobiernos”, fracasaron por su inspiración maligna y fueron derrotados ante la evidencia e ignominia de sus atrocidades.
Esos regímenes han tenido sus émulos e imitadores en América Latina durante el siglo pasado, como  las dictaduras militares de derecha en Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay (aunque menos frecuente), Venezuela, Bolivia, Ecuador, y los países centroamericanos, excepto Costa Rica. Y tienen a sus émulos hoy, en el chavismo reciente en Venezuela y el castrismo comunista cubano (no tan reciente) en sus peores épocas. 

El proyecto de ley mordaza, contra la publicidad estatal en los medios, de Mauricio Mulder coludido con los fujimoristas, tiene sus antecedentes en esos regímenes oprobiosos del pasado y los que pretenden  asomarse en el presente. Por ello, el proyecto Mulder ha suscitado inmediata, natural e indispensable reacción de sectores democráticos y de los mismos medios de prensa, pues evoca recuerdos de esos gobiernos siniestros, y es realmente una amenaza grave, y muy actual, contra los medios de comunicación que combaten la corrupción, fundamental para que sobrevivan la democracia y la decencia en el Perú.

Por otro lado, ese designio perverso ha llevado al Partido Aprista Peruano (PAP) al borde de la extinción bajo Alan García y quienes, como Mulder, Velásquez Quesquén y otros incondicionales y arribistas se auparon a esa tendencia represiva intrapartidaria, en medio de intensificadas denuncias de corrupción. El Perú  y el periodismo libre pueden ver ahora con claridad, en este intento grotesco de ahogar a la prensa libre, que en realidad es una agresión contra el país entero y nuestra precaria democracia,  las razones y la explicación de la debacle moral del PAP, que ha derivado en el rechazo masivo justificado de amplios sectores ciudadanos, rechazo que se extiende, dicho sea de paso, a gran parte de la llamada, equivocadamente, “clase política”.

Mulder fue Secretario General del PAP durante 6 años (2004-2010) apoyado por Alan García. García era presidente del Perú y se valió de esa condición para entronizarse autoritariamente en el partido. La inercia pusilánime de algunos facilitó esa descomposición institucional.

Así, Alan García y su grupo utilizaron el poder perversamente, emplearon esa metodología represiva intrapartidaria en todo el territorio nacional (como hacen las peores dictaduras), con  lo cual avanzó fuertemente la corrupción y, como consecuencia, diezmaron al partido de Haya de la Torre, otrora el más grande, fuerte y organizado del Perú, y sobre todo, en vida de Haya y los fundadores, con una mística de honradez en medio de adversidades y persecuciones, hoy ausente.

El pueblo aprista, hoy en la diáspora, debe reagruparse, repudiar esa traición, y sancionar a los culpables, y, con la misma convicción y energía, a nivel nacional, el pueblo peruano debe estar muy atento, organizarse la sociedad civil, coordinar efectivamente las organizaciones y partidos democráticos, y rechazar con contundencia la amenaza contra la libertad de prensa y de golpe de Estado parlamentario que se cierne contra el país y nuestra democracia.