Durante el período 2003-2013 el Perú mantuvo un crecimiento promedio del PBI per cápita de 5,2%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), superando a otros países de la región. Sin embargo, en dicho lapso se incrementaron los conflictos sociales, lo que ha puesto en evidencia la debilidad institucional del Estado para implementar eficazmente una política integral en materia de prevención y gestión de conflictos.

Los expertos en materia de conflictividad social que trabajan en los sectores social, empresarial y público, así como exfuncionarios de alto nivel, plantearon una serie de recomendaciones para hacer frente a los conflictos.

UNA LEY NECESARIA
Uno de ellos es la creación e implementación de un Sistema de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, con una arquitectura organizacional que haga viable su funcionamiento efectivo, incluyendo a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).

Se ha dado el caso que algunos ministros tomaron personalmente la tarea de responder a los conflictos y no a través de la institucionalidad avanzada, cediendo a la presión social de gestionar las demandas de la forma más rápida y con la autoridad más alta posible, pero no implementaron una política pública para la prevención y gestión de conflictos sociales.

Frente a ello, los especialistas recomiendan crear una Ley del Sistema de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, que establezca responsabilidades, competencias y mecanismos de coordinación para su adecuado funcionamiento.

Este sistema debe permitir que se articulen la ONDS (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad) y los sectores del gobierno en sus tres niveles, la Defensoría del Pueblo y sociedad civil para que participen en la identificación temprana de los conflictos; y, lo más importante, resolver las causas que dieron origen a la situación de tensión o conflicto declarado.

Asimismo, desarrollar y mantener la capacidad de los organismos del Estado como actores en la prevención y gestión de conflictos sociales. El objetivo es desarrollar la capacidad de prevenir conflictos y gestionar los casos en los que estos se han declarado.

CON INTELIGENCIA
Otra de las recomendaciones es implementar un sistema integrado de inteligencia, comunicación e información en materia de prevención y gestión de conflictos sociales, pues a  pesar de los avances realizados por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, a través del Informe Mensual de Willaqniki y del Reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, se ha detectado que no existen instrumentos estandarizados para recoger información de forma integrada, que permita a los tomadores de decisiones implementar estrategias y políticas basadas en datos y evidencias confiables.

Solo en diciembre de 2015 se han identificado 252 casos de conflictos sociales y muchos de ellos pudieron atenderse a tiempo para evitar que lleguen al nivel de conflicto, pero eso no sucedió por la deficiencia en el recojo de información.
Esto se agrava ante la ausencia de memorias institucionales de las entidades estatales, lo que agudiza la carencia de un sistema integrado de reporte de procesos y medición de resultados desde las distintas instancias de prevención y gestión de conflictos.

SERVIDORES IDÓNEOS
Una tercera recomendación tiene que ver con la profesionalización de los funcionarios y servidores en los procesos de prevención y gestión de conflictos.

Para ello se debe establecer perfiles adecuados para los puestos a cargo de las tareas de prevención y gestión de conflictos, a fin de asegurar credenciales, capacidades, habilidades y actitudes adecuadas para profesionalizar y estandarizar la actuación de los facilitadores del sector público encargados de la prevención y gestión de los casos.

Este personal calificado debe estar en las mesas de diálogo, que son herramientas claves para la resolución de los conflictos sociales. Actualmente, cerca del 50% de las mesas de diálogo se instalan después de episodios de violencia y la idea es disminuir ese porcentaje.

Las recomendaciones fueron realizadas por los especialistas que participaron en los Diálogos de Política Pública organizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y otras entidades interesadas en que se implemente una mejor política de gobierno.