Ante la decisión del juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, de embargar los fondos que Argentina había entregado al agente fiduciario neoyorkino que tenía que pagar su deuda soberana el 26 de junio pasado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió ponerse a la ofensiva.
Bajo la consigna de “patria o buitres”, desarrolló una cruzada nacional e internacional para dar respuesta al escenario de default técnico que configuró la demanda de NML Capital (fondo de Elliott Manangement) en pared con la actitud del juez Griesa.